El juez Peinado aparta a Manos Limpias del 'caso Begoña' por no justificar el pago de la fianza para ser acusación popular

El juez ha acordado "tener por apartado" al colectivo Manos Limpias, que el 9 de abril de 2024 presentó una denuncia contra Gómez basada en noticias de periódicos.

El 14 de mayo de 2024 Manos Limpias pidió su personación como acción popular. Peinado la aceptó dos días después, exigiendo una fianza de 10.000 euros.

Peinado dice ahora que Manos Limpias "no ha presentado justificación documental de haber consignado el importe exigido para ser tenido por parte en el presente procedimiento". Las acciones populares deben consignar una fianza para poder intervenir como partes en un procedimiento.

La decisión judicial está fechada el pasado día 24. Justo en esa fecha el hasta entonces abogado de Manos Limpias, Carlos Perales, comunicó al Juzgado que se apartaba del procedimiento tras "constatar" que "concurren circunstancias que hacen inviable mantener una defensa técnica eficaz y plenamente coherente con los estándares de calidad, independencia y rigor jurídico".

El abogado adjuntó a su comunicación un burofax dirigido a Manos Limpias el pasado 25 de septiembre en el que indicaba que la "utilización del procedimiento judicial como instrumento para la obtención de fines de naturaleza política" que observa es incompatible con la función técnica que corresponde a la dirección letrada.

"La abogacía no puede ser confundida con el activismo político", afirmaba.

Perales explicaba en el burofax que "me veo en la necesidad" de formalizar la renuncia a la dirección letrada y a la representación procesal que venía desempeñando para Manos Limpias en el proceso contra Gómez. Además de ella, están investigados su asistente en el palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez; el empresario Juan Carlos Barrabés y el exsecretario general de Presidencia del Gobierno Francisco Martín Aguirre, actualmente delegado del Gobierno en Madrid.

"Lo que en un inicio se configuraba como un encargo jurídico de naturaleza estrictamente técnica", añadía, "ha ido transformándose de manera paulatina en un asunto cuya exposición y tratamiento exceden del marco jurídico para situarse en el terreno de la controversia política y mediática".

Perales indicaba que las decisiones estratégicas en torno al proceso penal "ya no se inspiran prioritariamente en la lógica procesal ni en la solidez de los argumentos jurídicos", sino que "responden, en buena medida, a consideraciones de oportunidad política, impacto en la opinión pública o posicionamiento ideológico".

"Esta evolución es legítima desde la óptica de la propia asociación, que puede valorar la conveniencia de orientar sus actuaciones hacia un plano reivindicativo o mediático", afirmaba.

Sin embargo, "desde la perspectiva de este despacho profesional, resulta incompatible con la praxis que rige el ejercicio de la abogacía, fundada en la independencia, el rigor técnico y la estricta sujeción a criterios jurídicos objetivos".

"La utilización del procedimiento judicial como instrumento para la obtención de fines de naturaleza política, ajenos a la estricta resolución de la controversia planteada, sitúa al abogado en una posición que compromete dicha independencia y, en última instancia, erosiona la confianza en la función técnica que debe desempeñar", manifestaba.

"La abogacía no puede ser confundida con el activismo político ni con la estrategia de comunicación pública", subrayaba. "El abogado debe ejercer como operador jurídico, no como agente político o portavoz mediático".

Manos Limpias se personó en el caso Begoña Gómez junto a otras cuatro acciones populares: Hazte Oír, Vox, Iustitia Europa y Movimiento de Regeneración Política de España.

La presencia de las acciones populares en estas diligencias es esencial porque la Fiscalía no ve delito en los hechos en los que Peinado ha centrado la investigación y ha interpuesto numerosos recursos.