El fiscal Fernando Bermejo.
El fiscal niega irregularidades en el 'caso Pujol': "Se ha pretendido convertir rumores políticos en causas de nulidad"
Anticorrupción responde a las tesis de las defensas, que aludieron a la participación de Villarejo y a la 'Operación Cataluña' como germen de este caso.
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El fiscal del caso Pujol, Fernando Bermejo, ha negado que existan "supuestas maniobras irregulares" en la causa judicial sobre el presunto enriquecimiento ilícito de la familia Pujol.
Así se ha pronunciado este miércoles, en la tercera sesión del juicio y en respuesta a las tesis de las defensas, que denunciaron un presunto origen político de la causa.
Este lunes, en la primera sesión del juicio, el abogado de Josep Pujol, recordó que el excomisario José Manuel Villarejo es quien "vincula sin ambages a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la obtención de los datos bancarios [de la familia Pujol] publicados por El Mundo el 7 de junio de 2014" y que demostró que los Pujol guardaban dinero en Andorra.
"Más intervención estatal, nos parece imposible", señaló el letrado.
Por su parte, el defensor de Oleguer Pujol aludió a la llamada Operación Cataluña, la supuesta operación parapolicial, en la que habría participado Villarejo, para tratar de boicotear al independentismo catalán.
En el marco de dicha operación, se habría producido, a juicio del letrado, la obtención ilícita de datos bancarios sobre el clan.
Este miércoles, el fiscal Bermejo ha señalado que "se ha pretendido convertir rumores políticos en causas de nulidad". "Pero este tribunal no puede admitir que hipótesis no acreditadas sustituyan los requisitos tasados de nulidad procesal", ha indicado.
"Lo que no se puede hacer es introducir cuestiones de índole política en una cuestión procesal, jurídica y sustantiva como es la investigación de delitos de blanqueo, organización criminal...", ha indicado el fiscal anticorrupción.
"Las pruebas no ha sido ninguna manipulada y han sido obtenidas con pleno respeto a los acusados", ha añadido el representante del Ministerio Público, que también ha negado que los delitos enjuiciados hayan prescrito.
Del mismo modo, ha negado que la instrucción de esta causa fuese una "investigación prospectiva" por parte del magistrado instructor José de la Mata, de quien ha subrayado su "pulcritud".
"No voy a adentrarme en todo lo que se ha comentado de Villarejo y demás, pero, en definitiva, las pruebas no han sido manipuladas con ninguna finalidad espuria", ha concluido Bermejo.
Tras la intervención de la Fiscalía, ha sido el turno de la Abogacía del Estado. El abogado del Estado Ignacio Ocio ha señalado, sobre la noticia que publicó El Mundo, que el hecho de que "los medios de comunicación transmitan a la opinión pública, y a los fiscales y magistrados, información veraz no es una actividad delictiva, sino el ejercicio de un derecho fundamental".
"Si los hechos reflejados en la noticia de El Mundo son ciertos y veraces... Y lo eran", ha matizado Ocio, quien, hace dos semanas, cargó contra ese mismo periódico durante el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a quien este abogado del Estado defendía.
La Fiscalía Anticorrupción solicita nueve años de cárcel para Jordi Pujol. Considera que la familia, el clan Pujol, actuó como una organización criminal cuando este apellido parecía, prácticamente, sinónimo de Cataluña.
Según el escrito de acusación de Anticorrupción, de más de 200 folios, sus miembros, "actuando conjuntamente", ocultaron, al menos desde 1991, una "ingente cantidad de dinero" en Andorra.
Esos fondos serían "producto del favorecimiento a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos de la Administración pública catalana".
El Ministerio Fiscal acusa al expolítico y a sus hijos de presuntos delitos de organización criminal, fraude fiscal y blanqueo de capitales, entre otros.
Por contra, desde que admitiese tener dinero en el extranjero, hace más de una década, Pujol padre ha sostenido que se deriva de una herencia.
El primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, es quien afronta una petición de pena más severa por parte de Anticorrupción: un total de 29 años de cárcel.
Según Anticorrupción, el expresident "aprovechó su posición política para tejer una red de clientelismo conforme a la cual el propio Pujol i Soley y determinados empresarios afines al partido que éste lideraba, Convergencia Democrática de Catalunya, se repartían los cuantiosos beneficios procedentes de concursos públicos cuya resolución dependía de las diferentes Administraciones catalanas bajo el control" de esta formación política.
