El exministro José Luis Ábalos y su asistente, Koldo García, el pasado 23 de junio a las puertas del Tribunal Supremo./
La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos por seis delitos de la trama de las mascarillas
Luzón solicita 19 años y medio de cárcel para Koldo García, asistente de Ábalos en Transportes, y siete años y una multa de 3,7 millones para Aldama.
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El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, pide 24 años de cárcel y una multa de casi cuatro millones de euros para el exministro de Transportes y ex número tres del PSOE José Luis Ábalos por seis supuestos delitos.
Son los siguientes: organización criminal, cohecho, malversación de fondos públicos, dos ilícitos de tráfico de influencias y uso de información privilegiada.
En un escrito de acusación presentado este miércoles, Anticorrupción solicita, además, 19 años y medio de cárcel para Koldo García, asistente de Ábalos, por esos seis mismos delitos.
La petición de pena para el tercer encausado, Víctor de Aldama, es mucho menor, de siete años de prisión (por cohecho y organización criminal).
La Fiscalía ha tenido en cuenta la confesión del empresario y que haya aportado datos a la investigación. No obstante, sí solicita que Aldama abone una multa 3.713.981 euros por un supuesto delito de aprovechamiento de información privilegiada.
Asimismo, Anticorrupción solicita al Tribunal Supremo que se celebre la vistilla contemplada en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En ese acto, el Ministerio Público y el resto de partes podrán solicitar una revisión de las medidas cautelares que pesan sobre Koldo y Ábalos, como avanza la Fiscalía que hará, aunque no concreta en qué sentido.
Se intuye, no obstante, que, si así lo ve necesario, podría pedir prisión provisional para ambos o alguno de ellos, a la espera de que se celebre el juicio.
Actualmente, tanto Ábalos como Koldo tienen prohibido salir de España y retirado su pasaporte. También deben acudir a firmar cada 15 días en un Juzgado.
Millones de mascarillas
La acusación contra todos ellos se refiere, principalmente, a la adjudicación de contratos de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión SL, para la que Aldama actuaba como conseguidor, pero también a las gestiones realizadas por Ábalos y Koldo para favorecer los intereses de éste o de empresas relacionadas con él, como Air Europa.
Tal y como recoge Anticorrupción, el 20 de marzo de 2020, al inicio de la pandemia de la Covid, Ábalos firmó una orden ministerial para la adquisición de cuatro millones de mascarillas por parte de la empresa pública Puertos del Estado, dependiente de Transportes.
Rubricó tal documento a las 19:55 horas de aquel día. El secretario general de Puertos, Álvaro Sánchez
Manzanares, remitió el texto, al poco, a Aldama.
"Sin embargo, por imposición de Víctor de Aldama, contando con la aprobación de José Luis Ábalos y Koldo García, con el compartido propósito de todos ellos de incrementar sus beneficios, dicho pedido se aumentó al doble", narra la Fiscalía.
Ese mismo 20 de marzo, a las 20:33 minutos, el objeto de la adquisición se incrementó a ocho millones de mascarillas. Soluciones de Gestión SL se embolsó 24 millones de euros.
Posteriormente, "por semejante procedimiento y bajo idéntico impulso", esta compañía fue la seleccionada, por parte de Adif, la empresa gestora de las infraestructuras ferroviarias, para proveer otros cinco millones más de estos artículos sanitarios, por importe de 12.500.000 euros.
Soluciones de Gestión SL también suministró mascarillas a los Gobiernos canario y balear. El primero estaba presidido entonces por el hoy ministro Ángel Víctor Torres. El segundo, por Francina Armengol, la actual presidenta del Congreso de los Diputados. Tercera autoridad del Estado, por tanto.
10.000 euros al mes
Entre octubre de 2019 y julio de 2022, Aldama pagó en metálico 10.000 euros al mes a Koldo García. Así lo recoge Anticorrupción en su escrito, en el que detalla que "tales entregas de efectivo fueron efectuadas, en ocasiones, en presencia de José Luis Ábalos, pues el importe de 10.000 euros mensuales estaba destinado a ser repartido entre ambos".
El empresario Víctor de Aldama, en una imagen de archivo. Europa Press
"La puntual falta de dinero en metálico de Víctor de Aldama determinó que, en dos ocasiones, los pagos se
realizaran en la República Dominicana, país en el que éste tenía intereses económicos en la empresa Pronalab, dedicada a la realización de pruebas de antígenos Covid", detalla Anticorrupción.
El escrito de acusación también incluye la contratación en empresas públicas de Jésica Rodríguez y Claudia Montes, mujeres relacionadas con Ábalos.
La primera de ellas fue contratada por Ineco y, después, por Tragsatec, dependientes de Transportes, pese a que, como ella misma admitió ante el juez, no hizo ninguna labor durante dos años y medio.
Aldama, a través de un intermediario, también pagó el alquiler y los gastos de un piso de lujo para Jésica Rodríguez en el centro de Madrid, a modo de dádiva para el político. Lo hizo de marzo de 2019 a marzo de 2022, por un importe mensual de 2.700 euros (en total, 82.298,40 euros).
El de la conocida como trama de las mascarillas será el primer juicio al que se enfrente el exsecretario de Organización del PSOE, que también está siendo investigado por el supuesto amaño de contratos de carreteras y otras obras públicas dependientes del Ministerio de Transportes (MITMA), departamento que encabezó hasta 2021.
Koldo, el "alter ego de Ábalos"
En su escrito, la Fiscalía relata que, "mientras Koldo García trabajó como conductor al servicio de José Luis Ábalos, se estableció entre ambos una relación de confianza", lo que llevaría a que, ya como ministro, éste le nombrara su asesor.
"Hasta la fecha de su salida del Ministerio de Transportes, el 12 de julio de 2021, coincidente con el cese del ministro y aun después de producido este, Koldo García, convertido más en asistente que en asesor, desempeñó para José Luis Ábalos un buen número de tareas de muy diversa índole, tanto profesionales como
personales, lícitas e ilícitas", detalla Luzón.
"Koldo García fue el alter ego (otro yo, en latín) de José Luis Ábalos durante su mandato al frente del Ministerio", expresa el fiscal.
"Hasta el punto de que, tanto en el propio MITMA como en el seno de otras Administraciones Públicas, se sobreentendía que Koldo García era el fiel transmisor de las decisiones y los deseos de José Luis Ábalos, habitualmente, parapetado, tras su asesor", añade.
"Al tiempo, Koldo García manejó las fuentes ilegales de dinero en efectivo de José Luis Ábalos, que, con frecuencia, se confundían con las propias, actuando, de facto, como testaferro de su superior en las actividades delictivas que bien pronto ambos acometieron al amparo de sus cargos", señala Anticorrupción.
Por otro lado, el fiscal detalla que Aldama era "el encargado de localizar empresas o particulares interesados en cualquier clase de gestión con la Administración" para beneficiar sus intereses.
"Siempre, a cambio de la correspondiente prestación económica, de la que, igualmente, hacía partícipes a José Luis Ábalos y a Koldo García", precisa el escrito.
"Los integrantes de la organización descrita acordaron la futura comisión de delitos (...) conforme las oportunidades de cometerlos se fueran presentando", resume Luzón.
La red de supuestos favores por la Administración, tal y como detalla Anticorrupción, no se ciñó sólo a las mascarillas o a la figura de Jésica Rodríguez.
El fiscal relata que, en verano de 2020, Aldama logró que Koldo, "con el conocimiento y la aprobación de José Luis Ábalos, utilizara sus contactos para que el primero de ellos se reuniera con Carlos Moreno".
En ese momento, y desde junio de 2018, esta persona era el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.
"La reunión, que, efectivamente, se llevó a término en junio de 2020, tenía por objeto procurar el aplazamiento de una deuda tributaria de una de las empresas de Víctor de Aldama: Pilot Real State", indica el escrito.
"Carlos Moreno, sin competencias directas sobre esta cuestión, trasladó la petición al asesor del gabinete, Ignacio Granados, inspector de Hacienda. Sin embargo, no llegó a producirse aplazamiento de deuda alguna de esta sociedad", relata Anticorrupción.
El rescate de Air Europa
Los favores no quedaron ahí. Ábalos "promovió, a petición de Víctor de Aldama, la publicación de una nota de prensa por parte del Ministerio del que era titular, de cuya redacción se encargó el Secretario de Estado
de Infraestructuras, Transporte y Vivienda Pedro Saura García".
Esa nota fue emitida el día 8 de agosto de 2020 y en ella se anticipaba la posición favorable del Gobierno a conceder un rescate, por valor de 475 millones de euros, a la aerolínea Air Europa, golpeada por la Covid-19 y para la que Aldama era asesor. De esta forma, los acreedores quedaban tranquilos.
Poco después, el Consejo de Ministros acabó autorizando dicha inyección de dinero, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), el cual era gestionado por un Consejo Rector presidido por el presidente de la SEPI.
"En dicho rescate fue relevante la previa intervención de José Luis Ábalos quien, al margen de la oportunidad o procedencia de la operación, atendió los intereses de Víctor de Aldama por razón de la ya expuesta connivencia existente entre ellos", detalla Anticorrupción.
"Lo que, además, fue después recompensado por éste de manera singular", subraya. "Agradecido a José Luis Ábalos por su valiosa intervención, se hizo cargo del pago de la estancia en un chalet vacacional en Marbella, Villa Parra, de la que iban a disfrutar el ministro y su familia entre los días 14 y 23 de agosto de 2020", relata Luzón.
"Así se lo hizo saber el empresario a Koldo García el 10 de agosto de 2020. Ese mismo día, Koldo García envió un mensaje de WhatsApp a José Luis Ábalos informándole de que 'esto sale gratis, por las molestias generadas', junto con una fotografía del chalet", detalla Anticorrupción.
Asimismo, "Koldo García promovió la celebración de una entrevista" entre Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe en ese momento del gabinete de la ministra de Industria, y Claudio Rivas Ruiz-Capillas, socio de Aldama e interesado en la consecución de una licencia de operador de productos petrolíferos al por mayor para Villafuel SL, "sociedad que controlaba".
La cita celebró el día 14 de enero de 2021 en el Ministerio de Industria. "Allí, presentados por Koldo García, se reunieron con el jefe del gabinete de la ministra Claudio Rivas y Carmen Pano, persona de su
máxima confianza, junto a dos técnicos de Villafuel", expresa el escrito de acusación.
Pano, presente en aquella reunión, es la persona que asegura haber entregado 90.000 euros en la sede nacional del PSOE, ubicada en la madrileña calle de Ferraz.
