El abogado del Estado José Ignacio Ocio, defensor de Álvaro García Ortiz.

El abogado del Estado José Ignacio Ocio, defensor de Álvaro García Ortiz. EE

Tribunales

Concluye el juicio a García Ortiz: para la defensa "no hay ningún indicio"; "filtró el mail para su relato", dice la acusación

La Abogacía del Estado defiende que González Amador hizo que la información de su caso dejara de ser secreta al compartirla con un periodista.

Más información: El fiscal general baja del estrado pero alega que Ayuso hizo un "uso político" del caso para no contestar a ningún acusador

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A las 17:28 horas esta tarde, el presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo ha pronunciado el "visto para sentencia" de este proceso histórico en el que Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, se juega la libertad, el cargo, su carrera profesional y su patrimonio. Y la reputación de la institución que dirige.

Para la defensa de García Ortiz, "no hay ningún indicio", ninguna prueba, de que el fiscal general filtrara el correo donde el abogado del empresario Alberto González Amador proponía a la Fiscalía de Delitos Económicos un acuerdo de conformidad reconociendo el fraude tributario. En opinión de la acusación, lo hizo para sustentar "su relato".

Enfrentado a peticiones de pena de hasta seis años de cárcel, García Ortiz ha abandonado el Palacio de Justicia rodeado de fiscales que le han mostrado su apoyo y muy satisfecho con el informe final del abogado del Estado Ignacio Ocio.

“El fiscal general es inocente", ha dicho el defensor. "Se ha criminalizado una actividad institucional de dación de cuenta y de emisión de un comunicado de prensa para salir al paso de informaciones que ponían en cuestión a los fiscales, a la Fiscalía y al fiscal general del Estado".

García Ortiz no ha hecho uso de su derecho a la última palabra. No hacía falta: Ocio lo ha dicho todo, incluida una posibilidad alternativa a la autoría de la filtración del correo de 2 de febrero de 2024. Es el ‘email’ en el que el abogado de González Amador proponía a la Fiscalía de Delitos Económicos un acuerdo de conformidad reconociendo el fraude tributario (“ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda pública”) a cambio de una rebaja de la pena de multa y de prisión.

“No hay ningún indicio, ninguna prueba de que el correo lo filtrase el fiscal general”, ha manifestado la defensa, que ha atribuido esa revelación a la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, sin señalar a nadie en concreto.

Se ha basado en uno de los puntos fuertes de la estrategia de defensa: la declaración de los periodistas de La Sexta, Cadena Ser, eldiario.es y El País, que han desvinculado a García Ortiz de la filtración del correo de 2 de febrero.

"Tres de ellos tenían ese correo y otros tres su contenido", según Ocio.

Ha recordado que el informador de la Ser que dio la primicia de la frase "ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública" ha manifestado que su fuente le exhibió el e-mail y le dejó tomar notas en su "despacho de la tercera planta".

"La Fiscalía de la Comunidad de Madrid está en la tercera planta", ha manifestado Ocio. "Por ahí es por donde dice la Abogacía del Estado que procede esa filtración", ha afirmado.

El abogado del Estado ha incidido en otro de los puntales de la línea de defensa: la información tributaria de González Amador, pareja de la presidenta madrileña, perdió su carácter reservado por la propia actuación de Díaz Ayuso y de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.

Ocio parte de la noticia que publicó El Mundo en la noche del 13 de marzo de 2024 tras mantener una conversación con González Amador, según ha reconocido éste.

En esa noticia se revelaba un correo que el fiscal Salto había enviado a Neira el día anterior para darle a conocer la denuncia interpuesta contra González Amador y comunicarle, en respuesta a su propuesta de negociar una conformidad penal, que no habría inconveniente en pactar.

Además del correo de 12 de marzo, en esa noticia se desvelaba que había negociaciones para asumir "una multa y una pena de prisión que no implique su cumplimiento efectivo, es decir, el ingreso de la pareja de Ayuso en la cárcel". Esos datos no procedían del 'email' de Salto al letrado del empresario.

"Cuando el titular de un secreto hace partícipes a terceros de ese secreto, éste pierde su carácter reservado", ha subrayado la defensa.

"González Amador habló de las negociaciones de conformidad a un periodista, aunque finalmente se diese una versión acomodada a los intereses" de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La propia actuación del empresario y de Miguel Ángel Rodríguez "supone que el secreto pierde ese carácter", insiste. "No pueden desvelarse los términos de esa negociación de conformidad y a renglón seguido decir que siguen siendo reservados", ha sostenido.

"Deber de sigilo” 

Por la mañana han expuesto sus informes finales las acusaciones particular y populares. La primera ha subrayado que el hecho de que el reconocimiento del delito estuviese en los medios de comunicación “no elimina el deber de sigilo del Ministerio Fiscal".

El abogado de González Amador, Gabriel Rodríguez Ramos, ha sostenido que es delictiva tanto la filtración del correo de 2 de febrero de 2024 como la nota de prensa de la Fiscalía difundida el 14 de marzo de 2024 para desmentir las noticias falsas de que la propuesta de pactar una conformidad había partido del Ministerio Público.

Y ambas cosas, ha mantenido, son una delictiva revelación de secretos tanto en combinadas (la filtración de los correos seguida de la nota de prensa) como el comunicado oficial de la Fiscalía aisladamente considerado. Esto significaría que, aunque García Ortiz fuera absuelto de la filtración de los correos, podría ser condenado por la nota, según la tesis de la acusación particular.

Lo ha argumentado diciendo que "la voluntad del relato que pretendía la Fiscalía está en el punto 2 de la nota [en el que se comunica que el letrado de González Amador ha reconocido los delitos fiscales] y ese punto es indiscutiblemente innecesario para neutralizar el supuesto bulo del que partiría todo".

La inclusión del reconocimiento del delito en la nota de prensa "jamás podría estar justificada por ningún fin expresado por el acusado", ha añadido.

"Decir que no se propuso el acuerdo de conformidad no requiere decir que el letrado de González Amador ha reconocido el delito. Jamás respondería a los términos habilitantes del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para transmitir información a la sociedad y siempre supondría, aunque ya lo hubiera publicado la Cadena Ser, una realidad distinta: que el Ministerio Fiscal, como parte del proceso de conformidad, manifiesta de boca institucional la posición de la otra parte".

Según ha dicho Rodríguez Ramos, en el punto 2 de la nota de prensa que la Fiscalía emitió el 14 de marzo de 2024 "el reconocimiento del delito por el investigado queda sellado institucionalmente", lo cual sería una "infracción cualificada del deber de reserva".

"Los medios que utilizan los políticos para la revelación no valen para el Ministerio Fiscal. Que esté en los medios no elimina el deber de sigilo del Ministerio Fiscal, lo que probablemente fue el error de diseño del acusado".

"Pero, además, filtró el mail a la Ser como método para activar su relato institucional de culpabilidad de la pareja de Ayuso y eludir su responsabilidad", ha concluido.