El decano del ICAM dijo a García Ortiz que la nota sobre la pareja de Ayuso era "muy grave para el derecho de defensa"

"Sin confidencialidad no es posible una defensa libre", ha dicho.

El Colegio está personado como acusación popular contra Álvaro García Ortiz, a quien imputa la revelación de una nota de prensa difundida por la Fiscalía el 14 de marzo de 2024.

El comunicado tenía como objetivo desmentir informaciones falsas de que el Ministerio Público había ofrecido a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador, una conformidad penal, esto es, una rebaja de la pena y de la multa a cambio de declararse culpable de dos delitos tributarios.

Ribón ha sostenido en su declaración como testigo ante la Sala Penal del Supremo que para desmentir esa falsedad -en realidad, la propuesta de conformidad había partido del abogado de González Amador- "no hacía falta" reflejar en la nota el contenido de los correos intercambiados entre el defensor del empresario y el fiscal Julián Salto.

No hacía falta, en particular, revelar que el defensor había reconocido, en nombre de su cliente, el fraude tributario. Por ello, consideró de una "inusitada gravedad" la nota de la Fiscalía y, cuando la conoció, llamó a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.

"No sé si ella era o no consciente de la gravedad que esa nota tenía para la Abogacía. Me dijo que se sentía como un sándwich por arriba y por abajo para la remisión de la nota y que la nota lleva el sello de la Fiscalía de Madrid, pero no era de ese órgano", ha manifestado Ribón.

Por la tarde de ese día, 14 de marzo de 2024, el fiscal general le envió un mensaje proponiéndole una reunión al día siguiente en Fortuny.

En ese encuentro García Ortiz "plantea la adopción de algún comunicado conjunto para manifestar que existía un clima de comunicación cordial y poco más o menos poner paños calientes sobre la nota de la Fiscalía".

El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid ha añadido que le respondió que "no era esa la pretensión por la que habíamos ido a la reunión, que el tema era de gravedad y que esperábamos una investigación que depurara responsabilidad. En el momento en que expresé que no estaba de acuerdo con esa comunicación conjunta, la conversación se precipita y a los dos minutos se da por terminada".

A preguntas de la defensa de García Ortiz, Ribón ha tenido que reconocer que no le consta que el propio abogado de González Amador haya pedido amparo al Colegio. También ha asegurado que no sabe si las conformidades han descendido tras este episodio.

Durante esta jornada han declarado varios periodistas que han asegurado que conocieron antes que el fiscal general "el contenido" del correo de 2 de febrero de 2024. En él, el abogado de González Amador le transmitía al fiscal su propuesta de conformidad y admitía que "ciertamente, se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública".

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El primer informador que difundió la literalidad de ese email, Miguel Ángel Campos, de la Cadena Ser, se ha acogido al secreto profesional para no decir quién fue su fuente. Pero ha dicho que "no fue el fiscal general".

El experiodista de El País José Manuel Romero ha asegurado, por su parte, que una fuente suya “de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid” le dijo el 13 de marzo de 2024 que, en contra de las manifestaciones que ese día estaba haciendo Isabel Díaz Ayuso (según la cual era Hacienda la que debía 600.000 euros a su pareja), “no solo no hay una cacería contra González Amador, sino que el abogado de González Amador ha presentado un acuerdo de conformidad”.

“La fuente no me dijo la frase ‘ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública’. Pero me dijo que el abogado de González Amador ha presentado una propuesta de conformidad que pasa por el reconocimiento de los hechos, el pago de una multa y la reducción de la pena para evitar entrar en prisión”, ha añadido.

Durante esta sesión ha testificado el delegado de Protección de Datos de la Fiscalía General, Agustín Hidalgo de Morillo. Ha manifestado que los fiscales pueden utilizar medios telemáticos privados, como Gmail o Whatsapp, que “ofrecen incluso más seguridad que los de la Fiscalía”.

Ha indicado que no le informaron (“no tenían por qué informarme”) del cambio de móvil del fiscal general ni de la eliminación de la cuenta de Gmail a la que le enviaron los correos que se intercambiaron la defensa de González Amador y el fiscal Salto sobre un eventual acuerdo de conformidad penal.

García Ortiz pidió esos datos (“datos jurisdiccionales”, ha admitido) en la noche del 13 de marzo de 2024 para elaborar una nota que desmintiera noticias falsas publicadas en el sentido de que la Fiscalía había propuesto un acto para que la pareja de Ayuso se declarara culpable de fraude tributario.

- ¿Cuando el móvil se sustituye hay que devolver el antiguo?, ha preguntado Gabriel Rodríguez Ramos, abogado de González Amador,

- La Instrucción sobre Protección de Datos dice que se puede devolver y también se puede destruir el móvil o la documentación. Todos los que disponemos de dispositivos proporcionados por la Administración prestacional somos usuarios. Pero, lo que es más importante, somos responsables de los datos que contienen y tenemos que cuidar de su protección, de la confidencialidad de los datos. Si el usuario no confía en que esos datos personales no vayan a ser borrados adecuadamente o suprimidos tiene la facultad de destruir los dispositivos, ha señalado el testigo.