Pardo de Vera, el día en que acudió a declarar como imputada por el ‘caso Koldo’ en la Audiencia Nacional. Europa Press
La UCO estrecha el cerco sobre Pardo de Vera y el exdirector de Carreteras como "facilitadores": busca mordidas en sus cuentas
La Guardia Civil considera que fueron "facilitadores para las exitosas adjudicaciones" y busca saber si "pudieron ser receptores de cualquier tipo de contraprestación".
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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido a Ismael Moreno, el juez que instruye el caso Koldo, poder indagar en las cuentas de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y del ex director general de Carreteras Francisco Javier Herrero.
Ambos están siendo investigados como presuntos muñidores de varias adjudicaciones irregulares. Por ello, los agentes de la UCO quieren buscar posibles comisiones ilegales, dádivas o mordidas.
El escrito que ha remitido la Guardia Civil al magistrado considera que Pardo de Vera y Herrero fueron "facilitadores para las exitosas adjudicaciones proyectadas; cada uno, dentro de su ámbito de responsabilidad".
Por tanto, la UCO considera "imprescindible para el buen fin de la investigación conocer si pudieron ser también receptores de cualquier tipo de contraprestación, de la naturaleza que fuere".
Tanto Herrero como Pardo de Vera están siendo investigados por Moreno, el juez encargado de la rama del caso Koldo que continuó instruyéndose en la Audiencia Nacional.
Una segunda parte de la causa la investiga un magistrado del Tribunal Supremo, al afectar a José Luis Ábalos, exministro de Transportes.
Ábalos mantiene su acta de diputado en el Congreso, por lo que tiene condición de aforado y sólo el Supremo puede encausarle.
Pero en la Audiencia Nacional, el juez Moreno investiga a Pardo de Vera y Herrero por, supuestamente, prestar asistencia al entonces ministro en el supuesto amaño de obras públicas.
Es por ello que la UCO solicitó al magistrado que curse diversos mandamientos dirigidos a distintas entidades financieras y a la Agencia Tributaria para poder obtener esos datos sobre el patrimonio de ambos ex altos cargos.
El magistrado ya ha trasladado a la Fiscalía Anticorrupción esta petición. El Ministerio Público deberá pronunciarse ahora con su opinión sobre estas diligencias solicitadas.
En total, la UCO solicita revisar más de una veintena de cuentas bancarias en distintas entidades que estarían vinculadas al ex director general de Carreteras y otras cuatro, en las que figura la expresidenta de Adif.
El objetivo del Instituto Armado es el de conocer los productos financieros en los que los dos investigados han figurado o figuran como titulares, autorizados o representantes, excluidas las cuentas relacionadas con Adif y otros entes vinculados.
También, las de una comunidad de propietarios relacionada con el ex director general de Carreteras, por carecer de interés para la causa.
Sobre Herrero indica que consta como autorizado en cuentas de la sociedad Polis Project y como titular de la mercantil Palta Naturae.
La UCO también quiere conocer "todas las informaciones sospechosas de blanqueo" que hayan sido comunicadas al Sepblac, así como las transferencias que se hayan realizado por importe superior a 300 euros.
En cuanto a la Agencia Tributaria, los investigadores solicitan indagar en los ejercicios de 2017 a 2024 y conocer cuentas bancarias en las que figuren, bienes inmuebles, bienes en el extranjero, relaciones societarias, transmisiones de valores, rentas, cheques, fondos de inversión, facturas emitidas y recibidas, operaciones con terceras personas, rendimientos del trabajo, rendimientos por arrendamiento de inmuebles, donaciones o fondos de pensiones, entre otros aspectos.
El pasado 12 de junio se conoció un informe de la UCO que sitúa a Pardo de Vera y a Herrero como personas claves de las que, presuntamente, se valieron Ábalos y su asesor, Koldo García, para el supuesto amaño de obras públicas a cambio de comisiones ilegales.
El juez Moreno, en una resolución del pasado 25 de junio, afirmó que existen indicios de que los dos ex altos cargos, presuntamente, permitieron la "manipulación de los procesos de contratación" para "favorecer de manera recurrente" que varias constructoras obtuvieran adjudicaciones "a cambio de una contraprestación económica" que habría ido a los bolsillos de Ábalos y García.
