El jerezano dueño de la empresa de seguridad de la Embajada de Ecuador en Londres, al borde del juicio por "espiar" a Assange

Supuestamente, este ciudadano de nacionalidad española —nacido en Jerez de la Frontera (Cádiz)— entregó a terceros información "ilícitamente obtenida" sobre el activista Julian Assange y otras personalidades. Entre ellos, varios presidentes de América Latina.

Morales es responsable de la empresa española Undercover Global (UC Global). Pedraz le atribuye delitos de descubrimiento y revelación de secretos, así como cohecho, falsedad documental y tenencia ilícita de armas.

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En una resolución fechada este jueves, el juez envía también a juicio al responsable de operaciones de UC Global, Michel Wallemacq. En su caso, únicamente por delito de descubrimiento y revelación de secretos.

El magistrado, en su resolución, explica que entre los años 2015 y mediados de 2018 la seguridad de la Embajada de Ecuador en Londres fue confiada a la empresa española UC Global, con sede social en Puerto Real (Cádiz) y oficinas en Jerez de la Frontera.

Esta compañía, dirigida por David Morales, gerente y "máxima autoridad" de la misma, fue contratada por Ecuador como consecuencia de la "sensible situación" que se vivía debido al asilo concedido a Assange, quien residía en la Embajada ecuatoriana en la capital británica.

Entre las labores encomendadas a UC Global, garantizar todo el perímetro de seguridad del inmueble, turnos de seguridad física, diaria y permanente, así como la vigilancia a través de las cámaras instaladas en la legación.

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El juez señala que en 2017, por orden de Morales, se instalaron nuevas cámaras de seguridad que, a diferencia de las anteriores, registraban el audio de las conversaciones confidenciales que mantenía el activista con su defensa y sus familiares.

Pero también con otras relevantes personalidades, como uno de sus abogados, el exjuez Baltasar Garzón; el exvicepresidente del Gobierno de España Pablo Iglesias o los exmandatarios de Bolivia, Evo Morales; de Ecuador, Rafael Correa; de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner; de Brasil, Dilma Rousseff, y de Uruguay, José Múgica.

Según relata Pedraz, durante el proceso de instalación de las cámaras, Morales exigió a los técnicos que habilitaran un sistema de acceso externo (streaming) para que se pudiera acceder en tiempo real a la escena grabada.

El magistrado señala que Morales "pretendía abrir dos canales de streaming para el acceso online". "Uno, oficial para Ecuador y otro, para los amigos de Estados Unidos".

La investigación ha acreditado —así lo desvela Pedraz— que Morales efectuó pagos periódicos y de cuantía elevada a funcionarios ecuatorianos, canalizados a través de intermediarios y estructuras opacas, con el fin de asegurarse la continuidad de la adjudicación de los servicios de seguridad en la legación diplomática.

Ahora, la Fiscalía y las demás acusaciones tendrán un plazo de diez días para solicitar la apertura de juicio oral y presentar sus escritos con las penas que pidan para los investigados.