La pareja de Ayuso pide 4 años de cárcel para el fiscal general por revelar sus datos tributarios y 300.000 € de indemnización

En el escrito de acusación presentado este jueves, la defensa de González Amador, que ejerce el letrado Gabriel Rodríguez Ramos, atribuye el mismo delito a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, para la que pide por el mismo delito de revelación de secretos tres años de prisión, multa, suspensión de empleo por un tiempo de dos años y la inhabilitación especial para el cargo que ostenta.

González Amador solicita también que ambos acusados le indemnicen por los perjuicios morales causados con 300.000 euros.

El escrito precisa que no se ejercita la acción frente al Estado como responsable civil subsidiario, pese a ser legalmente posible, "al no considerarse que el conjunto de los españoles debamos responder patrimonialmente de ninguna forma (aun por insolvencia) de las actuaciones delictivas protagonizadas" por García Ortiz y Rodríguez.

"Resulta imposible concebir una actuación de las autoridades constitucionales y legales de fiscal general del Estado y fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid de mayor apartamiento de sus deberes constitucionales y legales de secreto, reserva y sigilo que la realizada por los investigados", sostiene el escrito acusatorio.

González Amador, que ejerce la acusación particular en el proceso que tramita la Sala Penal del Supremo por el fuero de los implicados, les atribuye haber revelado a los medios de comunicación y público general información sensible referida a su situación tributaria y su posición procesal de defensa en el proceso por fraude fiscal que se sigue contra él.

Lo habrían hecho, además, en el marco de una negociación de conformidad entablada entre el abogado de González Amador y la Fiscalía, durante la cual el letrado Carlos Neira admitió que por parte de su cliente “ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda pública”. Esta frase fue filtrada a los medios por García Ortiz, afirma la acusación particular.

También habrían revelado y difundido a los medios de comunicación "y a miembros del Gobierno" los 'emails' que se intercambiaron Neira y el fiscal de delitos económicos. El escrito menciona a Pilar Sánchez Acera, que fue jefa de gabinete de Óscar López cuando éste se encargaba del gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; al exsecretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés y al director de Comunicación del PSOE, Ion Antolín.

"Formando parte del mismo plan delictivo para ganar el relato político", añade, "sacralizaron institucionalmente las anteriores revelaciones e incluyeron una nueva revelación mediante la confección y publicación de una nota de prensa del la Fiscalía", en la que se afirmaba que “el letrado defensor [de González Amador] reconocía la autoría de dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades, 2020 y 2021”.

El escrito de acusación sostiene que todo ello se produjo "por tratarse de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid". "Nadie duda de que de haber mantenido Alberto González Amador una relación sentimental con cualquier otra persona o no haber mantenido ninguna, jamás se habrían producido las conductas de los investigados", afirma.

Para la acusación particular, "esas revelaciones fueron seguidas (ese era su único móvil -tanto al seleccionar a la víctima como al diseñar y ejecutar sus actividades delictivas) de un uso político inmediato y continuado desde ese momento hasta el día de hoy para denominar a Alberto González Amador delincuente confeso", añade.