Las asociaciones de jueces y fiscales convocan una huelga de tres días contra la 'reforma Bolaños'

El paro laboral se llevará a cabo los días 1,2 y 3 de julio si no son retiradas dos reformas que impulsa el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y que estos colectivos consideran que amenazan la independencia judicial y la autonomía de los fiscales.

Previamente, el próximo sábado 28 de junio, las asociaciones han convocado una concentración junto a la sede del Tribunal Supremo, en la Plaza de la Villa de París, en Madrid.

Esta convocatoria está abierta a todos los operadores jurídicos y a la ciudadanía "verdaderamente comprometida con la defensa de una justicia independiente y al servicio del interés general", han anunciado en un comunicado hecho público esta mañana.

En él subrayan que rechazan "cualquier adscripción o reivindicación partidista" de estas iniciativas, que "no se dirigen contra el poder ejecutivo ni contra el legislativo, sino que tiene como único objetivo la defensa del Poder Judicial como pilar fundamental del Estado de Derecho".

Nunca antes las asociaciones de jueces y fiscales (todas, excepto Jueces y Juezas para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, afines al Gobierno) habían abordado un calendario de protestas tan contundente.

Consultas internas

Las asociaciones se reunieron ayer después del éxito del paro de 10 minutos convocado el pasado 11 de junio y para valorar los resultados de los sondeos internos que cada una de ellas realizó la pasada semana entre sus respectivos asociados sobre la posibilidad de convocar una huelga.

El resultado de esas votaciones internas no dejaron lugar a dudas. En la APM -que por sí sola reúne al 26% de la carrera judicial, con 1.412 afiliados- votó el 60,18% de ellos. El 87,39% apoyó la convocatoria de huelga.

En la Asociación de Fiscales, también mayoritaria en su colectivo, votó el 63,1% de sus miembros y el 85,6% de ellos respaldó la medida de presión.

En la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, la segunda de mayor implantación, el aval a la huelga fue del 80,64%.

El comunicado conjunto explica que la huelga se convoca "dejando un plazo razonable previo que permita a las Cortes Generales reconsiderar la tramitación de los proyectos legislativos y proceder a su retirada".

Qué rechazan

El primero de los proyectos a los que se oponen es el que modifica el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal.

Las asociaciones sostienen que esa iniciativa, que ya tramita el Parlamento "injustificadamente" por vía de urgencia, "no responde a demanda social alguna". El Consejo General del Poder Judicial también la rechaza.

Se trata de una reforma legal "que va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación e introduciendo
pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración", afirman las asociaciones.

Además, se quiere cambiar la composición de la Comisión de Ética Judicial para introducir a cuatro catedráticos nombrados por las fuerzas políticas del Parlamento y se pretende crear un centro de preparación de opositores "dependiente directamente del Gobierno y, por ello, con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país".

Consideran que, "poniendo falsamente a Europa como excusa, se quiere modificar la base de ambas carreras, convirtiendo en jueces y fiscales a mil trescientos jueces y fiscales sustitutos, sin pruebas que midan su aptitud para ello y, consecuentemente, en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, con grave perjuicio de las promociones más jóvenes y de los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño de ser juez o fiscal".

La segunda iniciativa cuya retirada reclaman es la que cambia el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Las asociaciones afirman que se busca aumentar las competencias de un fiscal general del Estado que seguirá siendo nombrado por Gobierno "sin ningún tipo de filtro previo".

Ello, "sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción".

Jueces y fiscales se quejan, además, del "continuo ataque al Poder Judicial y descrédito de la Fiscalía, con declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan, que tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice el Gobierno y que, por todo ello, minan la confianza de los ciudadanos en su Justicia".

Protestas

El comunicado explica, respecto a la concentración ante el Tribunal Supremo, que se ha elegido un emplazamiento "profundamente simbólico e institucional".

Es el lugar "donde los opositores que aspiran a formar parte de nuestras carreras aprueban sus exámenes", un espacio que "representa la culminación de largos años de esfuerzo callado en busca de la excelencia y la entrada al servicio público desde los principios de mérito, capacidad e igualdad".

Las asociaciones subrayan que "no se trata de una protesta contra ningún poder del Estado, sino de una exteriorización de la relevancia del Poder Judicial, en defensa de su independencia y de su papel como garante de los derechos fundamentales de la ciudadanía".

Respecto a la huelga, señalan que se celebrará "en caso de que no se haya producido la retirada de los proyectos legislativos".

"De no producirse dicha rectificación, la huelga se llevará a cabo como una medida legítima, proporcionada, responsable y necesaria para la defensa de los principios fundamentales del Estado de Derecho, así como de las condiciones profesionales de jueces y fiscales".

No es la primera vez que los jueces van a la huelga, aunque nunca se ha convocado una de tres días seguidos.

La última huelga en la carrera judicial fue el 19 de noviembre de 2018, en la época de la ministra Dolores Delgado.

Los jueces protestaron entonces contra el reparto político del CGPJ y demandaron el incremento del número de jueces y fiscales, el establecimiento de módulos de trabajo que permitieran dedicar el tiempo necesario a los asuntos y la supresión de los plazos de instrucción que introdujo el Gobierno del PP.

Llamada a Europa

El comunicado explica que, concluidos los tres primeros días de huelga, "en función de la respuesta institucional y del estado de tramitación de los proyectos legislativos, las asociaciones convocantes procederán a una revisión conjunta de la situación y valorarán, de forma coordinada, la continuación de la huelga".

Mientras tanto, las cinco asociaciones han pedido reuniones con los grupos parlamentarios. Hoy se entrevistarán con los portavoces socialista, del PP y Vox. "Reiteramos nuestra plena disposición al diálogo institucional, con el objetivo de preservar la integridad del sistema judicial", insisten.

Asimismo, las asociaciones han intensificado los contactos y gestiones con instituciones de la Unión Europea.

En este sentido, subrayan la relevancia de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en particular la sentencia dictada en el asunto Repubblika (C-896/19), que consagra el principio de no regresión en materia de independencia judicial.

Esta doctrina establece que los Estados miembros no pueden adoptar reformas que, aunque respeten formalmente el Derecho de la Unión, impliquen un deterioro de los niveles previamente alcanzados en las garantías judiciales, especialmente cuando afectan a la percepción de independencia por parte de la ciudadanía.

Para las asociaciones de jueces y fiscales, las reformas propuestas vulneran dicho estándar europeo "al introducir disposiciones que debilitan la estructura, la percepción y la operatividad independiente del sistema judicial español".

Estos colectivos han instado a las instituciones europeas competentes "a ejercer un escrutinio riguroso y preventivo, conforme al artículo 19 del Tratado de la Unión Europea, sobre el contenido, la motivación y el proceso de tramitación de los proyectos legislativos" que motivan las protestas,