Los magistrados del TC Juan Carlos Campo (autor de la ponencia), Segoviano, Arnaldo, Balaguer y Montalbán. Europa Press
Las magistradas progresistas del TC Montalbán y Balaguer se rebelan contra la ponencia de Campo que avala la 'ley trans'
El ponente propone declarar constitucional la norma que permite cambiar a voluntad el sexo en el Registro Civil: "No hay discriminación contra las mujeres, estamos ante mujeres, por mucho que unas sean trans y otras no".
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La primera 'ley trans' en España, que divide al movimiento feminista y fracturó al Gobierno de coalición -del que salió la vicepresidenta Carmen Calvo-, sigue causando estragos, esta vez en el Tribunal Constitucional. La ponencia preparada por el magistrado y exministro de Justicia Juan Carlos Campo, que propone respaldar la norma en sus aspectos más controvertidos, "no ha sido bien recibida en general" y ha encontrado una "fuerte oposición" en determinados miembros del tribunal, señalan fuentes del TC.
Pese a que el asunto está incluido en el orden del día del pleno del tribunal que comienza el próximo martes, el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, es consciente de que la ponencia sobre la 'ley trans' tiene serias resistencias dentro del propio grupo progresista, por lo que, si no es retirada y, en consecuencia, se produce una primera deliberación, no va a ser sometida a votación. El tribunal acaba de salir muy resentido del debate sobre la presentación de cuestiones prejudiciales por los jueces ordinarios, en particular en el caso de los ERE, y el examen de la 'ley trans' puede ser otro asunto muy divisivo.
La magistrada María Luisa Balaguer, la integrante del TC que más publicaciones tiene sobre feminismo, igualdad y género, ha pedido que el debate se retrase. Y la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, experta en igualdad y que presidió el Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, ha hecho llegar al ponente su desacuerdo con el aval a una ley que está teniendo algunos efectos indeseables para las víctimas de violencia machista.
Sin estas dos destacadas miembros del sector progresista, y teniendo en cuenta la previsible oposición a la 'ley trans' del grupo conservador, la ponencia difícilmente prosperaría en sus actuales términos.
Fuentes del tribunal aseguran, sin embargo, que no se ha hecho llegar al ponente ninguna objeción por escrito que pudiera permitir reconsiderar cualquiera de las cuestiones planteadas y sostienen que se trata de un texto apoyado en razonamientos jurídicos "y no en batallas ideológicas".
Cambio genital en menores
La ponencia, conocida por EL ESPAÑOL, rechaza el grueso del recurso interpuesto por los diputados del PP en el Congreso en mayo de 2023.
Solo propone declarar inconstitucionales, por ser restricciones "desproporcionadas", dos supuestos de infracciones muy graves en materia de igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación e identidad sexual.
También establece una interpretación conforme del precepto que prohíbe prácticas de modificación genital en menores de 12 años, "salvo en los casos en que las indicaciones médicas exijan lo contrario en aras de proteger la salud de la persona".
La ponencia sostiene que esa excepción debe ser interpretada en el sentido de que "sólo la existencia de una necesidad médica especialmente cualificada, ligada a la preservación de la vida o la integridad física de la persona intersexual menor de edad, podría justificar" una modificación genital en menores.
Se trata, señala, de "una actuación médica irreversible que priva a esa persona de la posibilidad de autodeterminarse en el futuro, una vez que alcance la madurez suficiente para ello, decidiendo libremente sobre si desea adecuar sus caracteres sexuales a los de alguno de los fenotipos típicos o no".
Autodeterminación de sexo
En todo lo demás, la ponencia propone un rotundo aval a la 'ley trans'. Así lo hace respecto a la controvertida autodeterminación de sexo en el Registro Civil. La ley, vigente desde el 2 de marzo de 2023, permite la rectificación registral de la mención relativa al sexo sin ningún tipo de condicionamiento a los mayores de 16 años.
Ese cambio, dice la ley, "en ningún caso podrá estar condicionado a la previa exhibición de informe médico o psicológico relativo a la disconformidad con el sexo mencionado en la inscripción de nacimiento, ni a la previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole".
El recurso del PP combate este precepto argumentando que el hecho de que la modificación registral del sexo se base en la “simple declaración de voluntad de la persona”, sin exigir una “estabilidad en la situación de transexualidad" ni "prueba alguna de la incongruencia de género” vulneraría distintos preceptos constitucionales, comenzando por la seguridad jurídica: la certeza en las relaciones jurídicas y sociales, la eficacia probatoria privilegiada y la presunción de exactitud e integridad que dan las inscripciones registrales.
Para el ponente, la importancia de esas consideraciones "es secundaria frente a la garantía de la autodeterminación de las personas trans respecto de su identidad sexual y su derecho a la intimidad personal".
Sostiene que la rectificación registral no solo depende de la declaración de voluntad de la persona sino también de "exigencias formales" recogidas en un procedimiento registral que prevé dos comparecencias ante el encargado del Registro Civil, espaciadas a lo largo de tres meses y con información sobre las consecuencias jurídicas de la rectificación registral solicitada.
Ese procedimiento sería "muestra de la existencia de una voluntad consciente, informada y persistente en el tiempo dirigida a modificar la mención registral del sexo" y, tras esas dos comparecencias, el encargado del Registro Civil debe "comprobar la documentación obrante en el expediente" antes de resolver sobre el cambio de sexo.
La ponencia también avala que, pasados seis meses, la persona que ha obtenido esa rectificación vuelva a corregirla. "La recuperación de la original mención registral del sexo no se producirá de forma inmediata, exigiéndose el transcurso de un tiempo prudencial que dota de cierta estabilidad a las decisiones con eficacia jurídica adoptadas por la propia persona en relación con su identidad sexual", dice.
Discriminación para las mujeres
La ponencia rechaza, igualmente, la alegación de los recurrentes de que la 'ley trans' deja en manos de quienes solicitan la rectificación registral la definición del ámbito de aplicación de toda la legislación protectora de las mujeres, incluida la relativa a la normativa sobre violencia de género. "La protección penal que otorga la ley contra la violencia de género a la víctima mujer se haría depender de una mera manifestación de voluntad del agresor", dice el PP.
La ponencia, que destaca la "situación de desigualdad y marginación que históricamente han sufrido" los transexuales, avala la "equiparación en el ejercicio de derechos" entre las mujeres que cambien de sexo en el Registro Civil y aquellas que se identifiquen con el sexo que les fue asignado al nacer.
Afirma que esa equiparación "viene exigida por el reconocimiento del derecho a no ser discriminado por razón de la condición trans de la persona y no puede analizarse, con carácter general, como una discriminación contra las mujeres, en tanto estamos, en todo caso, ante mujeres, por mucho que unas sean mujeres trans y otras no".
"Una vez que el legislador ha optado por un determinado procedimiento de rectificación registral de la mención de sexo en aras de garantizar el derecho a la intimidad de las personas trans, así como su dignidad personal y el libre desarrollo de su personalidad, no cabe restar toda virtualidad práctica a ese procedimiento por la vía de no reconocer ninguna eficacia jurídica a la rectificación registral de la mención relativa al sexo de la persona", añade.
La modificación registral también es avalada por la ponencia en el caso de los menores entre 14 y 16 años. La ley establece que estas personas menores pueden "presentar la solicitud por sí mismas, asistidas en el procedimiento por sus representantes legales".
"Si una persona menor de edad adoptara una decisión 'precipitada, que pudiera perjudicarle' e instara la rectificación registral de su sexo, tal y como argumenta la parte recurrente, la única consecuencia de tal decisión sería tener que iniciar el procedimiento de reversión de la rectificación registral que prevé la ley impugnada", contesta el ponente.
Este aval supone un cambio de la doctrina mantenida hasta ahora por el TC, que en 2019 respaldó la rectificación registral de la mención relativa al sexo de menores cuando se acreditara que tienen "madurez suficiente" y se hallan "en situación estable de transexualidad".
Una publicación de la magistrada Balaguer (La seguridad jurídica en los textos legales. Una legislación sobre los derechos de las personas trans en un estado social) se ha pronunciado sobre varios de estos aspectos de forma contraria a la ponencia.
Así, Balaguer ha sostenido que "una ley que estableciera una total libertad en los menores [para rectificar la mención al sexo en el Registro Civil] podría ser inconstitucional, en la medida en que puede considerarse poco adecuado para adolescentes que están todavía en proceso de búsqueda de su identidad".
La magistrada también ha visto "dificultades" en la "posibilidad de un cambio de sexo, sin límite de retractación, que podría atentar a la seguridad jurídica de terceros, en la medida en que produce un grado importante de indeterminación en el tráfico jurídico".
"Si se trata de un contrato, ha de concederse una identificación que permita saber desde el momento de la prestación del consentimiento, cual es esa identidad, destacadamente en el contrato matrimonial, pero también en la compraventa, prestación de servicios u otro tipo de situaciones personales", ha explicado.
