García Ortiz ignora a la mayoría del Consejo Fiscal y nombra al fiscal que fijará criterio sobre el delito por el que se le investiga

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha propuesto a Emilio Sánchez Ulled para fiscal de Sala de delitos contra la Administración Pública, quien, entre sus funciones, deberá fijar criterio sobre el delito de revelación de secretos por el que el Tribunal Supremo investiga al jefe del Ministerio Público.

Sánchez Ulled, que era el favorito en las quinielas, es actualmente consejero de Justicia en la Representación Permanente de España ante la UE, si bien previamente ejerció en Anticorrupción en Barcelona y fue el fiscal del caso Palau y el de la causa que sentó en el banquillo al expresident Artur Mas por la consulta del 9N.

Esta votación no ha estado exenta de polémica, ya que los seis vocales de la Asociación de Fiscales (AF) no han participado, si bien no han abandonado la Sala, según fuentes jurídicas.

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Todo ello porque esta asociación había pedido al fiscal general que se abstuviera y no hiciera propuesta alguna de nombramiento para esta plaza, de reciente creación, así como que la sacara del orden del día.

Esta solicitud figuraba en una carta que la AF, mayoritaria en la carrera fiscal, remitió este lunes a Álvaro García Ortiz, investigado en el Supremo por una supuesta filtración de datos de la causa seguida por supuesto fraude fiscal contra Alberto González Amador, pareja la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La AF formuló tal reclamación al fiscal general "con el fin de que no comprometa más la imagen de la institución y no la someta nuevamente a escarnio poniendo en entredicho su imparcialidad y neutralidad" porque en su misiva afirmaba que "Álvaro García Ortiz tiene un interés personal" en esta propuesta de nombramiento.

Además de este nombramiento, que era el más mediático por la proyección hacia la causa de García Ortiz, el Consejo ha votado la designación de otros tres fiscales de Sala, entre ellos otro de nueva creación, el de fiscal de Sala coordinador de Delitos Económicos, puesto para el que se ha designado a Fernando Rodríguez.

Fiscal de Sala Delegado de Delitos Económicos desde 2022, Rodríguez pasará ahora a estar al frente de una unidad especializada, creada en el marco del Plan de Regeneración Democrática, aprobado por el Gobierno en septiembre de 2024, al igual que el de fiscal de delitos contra la Administración Pública.

Para la Fiscalía de Sala de Violencia contra la Mujer, se ha propuesto a la actual fiscal superior de Asturias, María Eugenia Prendes, que era la única candidata. Desde julio de 2012 hasta finales de 2022, fue fiscal delegada de Violencia de Género y Doméstica y se ha convertido en un referente de la especialidad.

Y para la Fiscalía de Sala de Seguridad Vial, vacante tras el fallecimiento de Luis del Río, a Mario Jesús Sanz Fernández-Vega, quien hasta ahora ejercía de fiscal adscrito al fiscal de sala coordinador de Seguridad Vial.