A la izquierda, la sede del TSJ de Valencia; a la derecha, una imagen de Juan Granell.

A la izquierda, la sede del TSJ de Valencia; a la derecha, una imagen de Juan Granell.

Tribunales

Un juez cita a declarar por blanqueo a Juan Granell, rival de Pablo Iglesias en el Vistalegre de 2014

Una querella relata supuestas transferencias triangulares con un tercero y su hija para librar a una de sus promotoras de una deuda con un banco.

28 abril, 2024 20:20

El Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia ha citado a declarar por un supuesto delito de blanqueo de capitales a Juan Granell. Se trata del empresario que en 2014 se presentó como candidato en Vistalegre I para dirigir Podemos, en una lista rival a la que resultó vencedora, la encabezada por Pablo Iglesias.

En un auto fechado el pasado 15 de abril, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el juez Esteban Tabernero cita a declarar a Granell "en calidad de investigado" el próximo 26 de junio a las 9.30 horas.

La querella contra Granell y otras dos personas fue interpuesta por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho y la Lucha Contra la Corrupción el pasado mes de marzo y describe supuestos movimientos triangulares de fondos destinados al lavado de dinero.

En ella se relata que, en noviembre de 2014, un tercero, "vinculado a los negocios" de Granell y de su hija, compró la totalidad de las acciones de la empresa Amusipro SL por 3.010 euros. Posteriormente, en agosto de 2015, de acuerdo con la querella, la hija del empresario valenciano las recuperó por el mismo importe.

Sin embargo, el documento narra que un mes antes, en julio de 2015, este tercero había pignorado la totalidad de las acciones de Amusipro en favor de la hija de Granell, como garantía de un préstamo de 6.000 euros que recibió de ésta.

[Granell, el rival de Pablo Iglesias en Vistalegre I, creó una red "fraudulenta" para no pagar a Hacienda]

Según la querella, en febrero de 2016, Amusipro recibe otro préstamo, por valor de 620.000 euros, de una sociedad maltesa Lord Nelson Cruising Ltd de la que es administrador Granell. De acuerdo con ese contrato, dicho tercero "actúa como administrador único de Amusipro, pese a haber vendido previamente la totalidad de las participaciones a la hija de Granell".

¿Con qué objetivo se firmó este préstamo por 620.000 euros? Según la Asociación para la Defensa del Estado de derecho y la Lucha Contra la Corrupción, su finalidad fue la de comprar la deuda que las compañías Realtor Inmo Spain SL y OliHotel SL (antes denominada  Beach Club Realtor SL) tenían con un banco español.

La querella precisa que "ambas sociedades, Realtor Inmo Spain SL y OliHotel SL, deudora y fiadora, forman parte del entramado societario de Juan Granell". De hecho, tal y como publicó EL ESPAÑOL, Realtor Inmo Spain SL es la promotora que edificó la urbanización 37 Soles, ubicada en la localidad de Cullera, que fue investigada por el Ayuntamiento de la localidad por la posible "ilegalidad" de dichas viviendas.

De acuerdo con la querella, una vez se firma esta compra de la deuda, Amusipro SL en cuyo nombre actúa dicha tercera persona, pese a ser ya esta empresa propiedad de la hija de Granell se convierte en acreedora de OliHotel SL. La cantidad adeudada al banco era de 730.000 euros, pero la deuda acabó vendida por sólo 600.000 euros, "pues el banco acreedor debía entender que se trataba de un crédito de difícil o imposible satisfacción". De hecho, la querella plantea al Juzgado que ofrezca a la entidad financiera constar en la causa como perjudicada.

"El crédito hipotecario que adquiere Amusipro SL tiene como garantía un inmueble consistente en una edificación de 938 metros cuadrados en Cullera (...) y que ha venido siendo explotado económicamente por don Juan Granell, quien se lo tiene arrendado a un empresario local", narra la querella.

Lo relatado, según la misma, constituiría un delito de blanqueo de capitales, ya que los movimientos triangulares entre Granell, el citado tercero y su hija no tendrían más objetivo que el de librar, de forma subrepticia, a las empresas del exrival de Iglesias de sus deudas, para evitarle así un embargo de sus propiedades.

Juan Granell

El promotor de viviendas Juan Bautista Granell se hizo conocido una vez se convirtió en uno de los candidatos a presidir Podemos en la asamblea fundacional del partido, llamada Vistalegre I. Años después, su nombre apareció en la investigación periodística de Paradise Papers.

Sus empresas pasan por una delicada situación financiera y acumulan varias sanciones. Además de la citada investigación del Ayuntamiento de Cullera sobre la urbanización 37 Soles, la Agencia Valenciana del Turismo abrió otra inspección por las posibles irregularidades del mismo complejo. Entre otros asuntos, se indaga si, tal y como relataba un informe adjuntado a la denuncia que desató aquel procedimiento, existían "enganches a la red" que eran "peligrosos".

Juan Granell, en un fotomontaje junto a una de las viviendas de la urbanización.

Juan Granell, en un fotomontaje junto a una de las viviendas de la urbanización. EL ESPAÑOL

La empresa Realtor Inmo Spain SL también ha sido sancionada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que le obligó a abonar más de 90.200 euros por crear una estructura "fraudulenta" para evitar el pago de deudas a Hacienda.

Tal y como recogía una sentencia avanzada por este diario, el empresario tenía que pagar 562.598,99 euros en concepto de responsabilidad patrimonial de la mercantil Urbanización Residencial Faro de Cullera SL y optó por "la transmisión de dos inmuebles como herramienta para eludir" esta obligación.

El TSJCV desestimó el recurso que presentó una de las sociedades controladas por Granell tras constatar el tribunal un elevado "número de transmisiones de inmuebles, embarcaciones, aeronaves y otros bienes" destinadas a esquivar el pago de impuestos.

"Consideramos que se ha producido la creación de sociedades controladas, directa o indirectamente, por el deudor principal, de forma abusiva o fraudulenta, con la finalidad de eludir la responsabilidad patrimonial, el pago de deudas tributarias, frente a la Hacienda Pública, existiendo confusión y vaciamiento patrimonial", relataban los magistrados del TSJCV en aquella sentencia.