La asociación Francisco de Vitoria plantea que la Audiencia Nacional asuma los casos de narcotráfico

El asesinato de dos guardias civiles en el puerto de Barbate tras ser arrollados por una narcolancha ha vuelto a poner el foco en la reclamación de medios humanos y materiales para luchar contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar. Pero también sobre quién debería tener la potestad para juzgar esos delitos. 

La asociación judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha realizado un informe al respecto y una de sus primeras conclusiones ha sido que es la Audiencia Nacional quien debe asumir la competencia sobre este tipo de delitos.

Todo ello, independientemente del ámbito en el que se desplieguen los efectos
de los mismos y con el incremento de medios para su instrucción y posterior
enjuiciamiento, según reza en el informe, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

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Desde la asociación argumentan que la Audiencia Nacional se ocupa de los delitos de mayor gravedad y relevancia social, como es el tráfico de drogas, pero siempre que sea cometido por bandas o grupos organizados y produzcan efectos en distintas provincias. Sin embargo, creen que esta regulación "ha sido superada en el siglo XXI".

En el caso poblaciones como Barbate, sólo existen los juzgados mixtos. Son juzgados que resuelven asuntos civiles, penales y de familia y son fruto de un mapa judicial que ancla sus raíces en el diseño de Planta y Demarcación del siglo XIX.

Barbate, La Línea de la Concepción y Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, así como Ayamonte y en menor medida Moguer, en Huelva, son localidades cuyos juzgados mixtos están afectados con causas complejas de narcotráfico y con una sobrecarga de trabajo muy superior a lo que debiera corresponderles.

De ahí que insistan en que si la competencia para la investigación de esta materia se atribuyera a la Audiencia Nacional, se evitaría a los integrantes del poder judicial destinados en estas poblaciones de Andalucía occidental padecer ese clima de opresión.

Comparan la situación con la padecida con el terrorismo y señalan que tal solución se mostró efectiva. Precisan que esta distribución competencial evitaría, en definitiva, la
tentación de tratar de condicionar a los miembros de la carrera judicial en la
investigación y enjuiciamiento de este tipo de delitos.

Más medios personales y materiales

No obstante, esta no es la única petición que formula en su informe la citada asociación judicial. También que las administraciones implicadas -Consejo
General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia y Administración autonómica- actúen inmediatamente para dotar de los medios personales y materiales suficientes para hacer frente a la ingente cantidad de trabajo que se tramita en estos juzgados.

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La implantación de los tribunales de instancia a medio plazo y unificación de
los sistemas de gestión procesal, es otra de sus propuestas, así como que se reforme la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Todo ello con el fin de hacer efectiva la liberación al juez instructor de la resolución de recursos de reforma y reserva de la segunda instancia (recurso de apelación) para determinadas decisiones del instructor (las anteriormente señaladas).

Para hacer más atractivo ese tipo de destinos, la asociación judicial también solicita el establecimiento de un complemento de peligrosidad y/o penosidad en esas
zonas que sean consideradas especialmente conflictivas en materia de investigación
de delitos.

El refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con medios para la persecución de estos delitos, a los efectos de una buena investigación policial que
pudiera continuarse en el ámbito judicial, debe ser otra de las prioridades del Estado. Para esta asociación "el honor, la valentía y el firme compromiso de servicio a la ciudadanía, sin unos medios adecuados, son manifiestamente insuficientes para luchar contra esta lacra social".

Pero también dotar de más medios personales a través de comisiones de servicio con relevación de funciones, en la jurisdicción penal, incluyendo el imprescindible refuerzo en forma de nombramiento de Letrados de la Administración de Justicia.

La preservación del Estado, "en riesgo"

La asociación judicial considera que desde hace tiempo, agravado tras el asesinato de los dos agentes, está en riesgo la preservación del Estado de derecho en el Campo de Gibraltar. Creen que la lucha contra estas organizaciones criminales de narcotráfico y sus redes económicas, financieras y digitales se aborda con "unos medios fragmentados y reducidos" y con "una estructura judicial del siglo XIX".

Por ello, insisten en que es inaplazable arbitrar soluciones que cambien sustancialmente el actual estado de cosas. A su juicio, la situación actual supone "un más que evidente riesgo" de que la delincuencia organizada se acabe imponiendo a la autoridad pública. También que determinados territorios se conviertan en lugares en que la impunidad frente al delito "campe a sus anchas".

El informe recoge unas palabras textuales -citadas en el siguiente párrafo- que fueron recogidas en el Boletín Oficial del Estado fechado el día 05/01/1977 y ello al darle publicidad al preámbulo del Real Decreto Ley 1/1977 por el que se creó la Audiencia Nacional.

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"Las condiciones de la vida moderna, con aparición de una nueva y compleja delincuencia […] se proyectan en la labor de los órganos judiciales existentes y, no obstante, las reformas sucesivamente realizadas, se traducen en limitaciones de investigación, dificultades de actuación, acumulación de asuntos y retrasos inevitables, en perjuicio de las exigencias mismas de la Justicia".

Desde entones, han transcurrido ya casi 50 años y consideran que aquellas vetustas palabras "siguen plenamente vigentes". Es decir, que continúan existiendo sobrados motivos que justifican la creación de un órgano con jurisdicción nacional como lo es la Audiencia Nacional.

Desde la asociación recuerdan que su existencia no implica una justicia excepcional, ya
que su funcionamiento se asemeja al de una clásica Audiencia Provincial, si bien se
diferencia de esta en su ámbito territorial al extender su jurisdicción al conjunto del
país.

Ello le permite ocuparse, desde la seguridad que ofrece una infraestructura
personal y material propia de las grandes ciudades, hasta la investigación y enjuiciamiento de aquellos fenómenos delictivos que trascienden el ámbito competencial de un órgano jurisdiccional común. De ahí las exigencias recogidas en este informe por esta asociación judicial.