De arriba abajo y de izquierda a derecha, los fiscales Javier Zaragoza, Manuel Dolz, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena./

De arriba abajo y de izquierda a derecha, los fiscales Javier Zaragoza, Manuel Dolz, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena./ E.E.

Tribunales

Por qué 11 de los 15 fiscales del Supremo creen que hay que investigar por terrorismo a Puigdemont

El rotundo resultado de la junta devaluará el informe, previsiblemente contrario, de la número dos de García Ortiz, la teniente fiscal del TS.

7 febrero, 2024 03:25

El juez García-Castellón ya no está solo. Una rotunda mayoría de 11 de los 15 fiscales del Tribunal Supremo que han examinado su exposición razonada sobre la organización Tsunami Democràtic coinciden con él en que existen indicios suficientes para investigar por un presunto delito de terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont.

El resultado abona los temores de Junts per Catalunya de que la ley de amnistía que les propone el Gobierno ofrezca una cobertura suficientemente amplia.

Incluso si, como el Gobierno espera, la posición final de la Fiscalía descarta el delito de terrorismo, el informe que tiene previsto enviar al Supremo la teniente fiscal, María Ángeles Sánchez Conde, quedará inevitablemente devaluado por el criterio de la sección de fiscales.

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La Fiscalía General informó tras la junta de que los dos fiscales jefes de esa sección, Fidel Cadena y Joaquín Sánchez Covisa, "han elevado sus discrepancias a su superior jerárquico, la teniente fiscal del Supremo, que será quien resuelva".

Cadena apoyó la investigación a Puigdemont mientras que Sánchez Covisa no ve terrorismo ni tampoco indicios contra el expresidente del Gobierno catalán en relación con Tsunami Democràtic.

Entre los fiscales del alto tribunal que aprecian indicios de terrorismo se encuentran tres de los fiscales de Sala que actuaron en el juicio del 'procés': Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y el propio Cadena.

Pero también fiscales progresistas como Manuel Dolz (exsecretario de Estado de Justicia con Dolores Delgado), Justino Zapatero o Juan Carlos López Coig.

Los dos últimos, aun apreciando la existencia de terrorismo en muchas de las acciones de Tsunami Democràtic, descartaron que haya indicios para que la Sala Penal abra una causa a Puigdemont por su relación con esa plataforma.

"Los indicios son pocos, pero de peso. Desde luego suficientes para iniciar una investigación sobre el papel de Puigdemont en Tsunami Democràtic", explica uno de los 11 fiscales que apoyan la iniciación de una causa penal por terrorismo contra el expresidente catalán prófugo.

Reunión en Ginebra

Los indicios a los que los fiscales otorgan más relevancia son, en primer lugar, la presencia de Puigdemont en una reunión que se celebró en Ginebra entre el 29 y el 31 de agosto de 2019, meses antes de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el juicio del 'procés'.

Según la instrucción de García-Castellón, en esa reunión se planificó la actuación de Tsunami Democràtic, una estructura montada para liderar la contestación social masiva contra el Tribunal Supremo y, más allá de esa finalidad mediata, para "poner en jaque al Estado" (en palabras de sus dirigentes) y obligarle a negociar la autodeterminación de Cataluña.

"Trasladar la duda al president"

Unos días antes de esa reunión, el 22 de agosto de 2019, uno de  investigados, Jesús Rodríguez Sellés, envió un mensaje por Signal a Josep Lluis Alay, director de la oficina de Puigdemont.

Rodríguez le transmitió que el “grupo de coordinación de Tsunami Democràtic tiene dudas sobre la fecha del lanzamiento del movimiento en redes sociales, barajando el 26 de agosto con los apoyos que tenían en ese momento, o el 30 de agosto, tras la reunión prevista en Ginebra. Pide, por ello, "trasladar la duda al president".

Para los fiscales, ese mensaje revela la posición directiva que ostentaría Puigdemont en relación con las actuaciones de Tsunami Democràtic.

"Si hay algún muerto"

Otra conversación, esta vez entre el propio Puigdemont y el investigado José Campmajó, tiene para los fiscales un relieve especial.

Se produce entre los días 18 y 20 de octubre de 2019, es decir, tras la sentencia condenatoria del Supremo y en medio de las acciones más violentas de Tsunami, como la toma del aeropuerto de El Prat o los disturbios en Vía Layetana y Plaza Urquinaona de Barcelona.

"O tú y Tsunami tomáis el control o tendremos que comenzar a gestionar el precio de las bajas", le manifiesta Campmajó.

Puigdemont responde: “Intentamos que el Gobierno se ponga las pilas".

Pero Campmajó replica: "President… Los diputados están cagados. La gente les pasa por encima. El Govern está acojonado…".

“Cierto. Y eso no es bueno", indica Puigdemont.

"Se han abierto tantas rendijas que hace aguas. En la calle todo son facciones. Reflejo de lo que pasa en el Gobierno. Sé que las imágenes no ayudan a tu petición de extradición. Nada. Aunque es la p…realidad. La realidad no son los informes de los Mossos, ni de Interior, ni del que está espantado", añade Campmajó.

"La imagen exterior no es tan dramática como se ve en el interior. De momento, la opinión generalizada es que hay una reacción de indignación por unas sentencias escandalosas y que los disturbios son importantes pero que no alejan de lo que son ahora las protestas en las grandes ciudades del planeta. El problema puede venir si hay algún muerto, da igual de qué lado. Eso sería muy duro, y confirmará lo que yo siempre he dicho (y que me llevó a decidir ir al exilio): perderemos", afirma el expresident catalán.

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Los fiscales coinciden con García-Castellón en que esta conversación pone de manifiesto que Puigdemont asumió la eventualidad de que en las acciones convocada por Tsunami se produjeran víctimas mortales, pese a lo cual siguió adelante.

A su juicio, la conversación revela que Puigdemont no deseaba que las acciones violentas realizadas en respuesta a la sentencia del Supremo tuvieran resultados de muerte, pero en ningún momento indicó que hubiera que parar.

En esas acciones varios policías resultaron gravemente heridos, algunos de ellos hasta el punto de que las lesiones determinaron su jubilación del servicio activo.

Para los fiscales, esas conductas violentas y sus resultados en forma de graves lesiones encajarían en el amplio espectro de los delitos de terrorismo que contempla el Código Penal.

El artículo 573 considera terrorismo "la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física (...) cuando se llevaran a cabo con cualquiera de las siguientes finalidades1ª Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo; 2.ª Alterar gravemente la paz pública (...)".

La constante presencia de Alay

Otro indicio contra Puigdemont viene de la mano del director de su oficina, Alay. La investigación de Tsunami está plagada de conversaciones o reuniones con él, además constantes referencias de los demás investigados.

"¿Qué pinta Alay si no es porque Puigdemont está detrás?", señalan los fiscales, que consideran insostenible que el director de la oficina de Puigdemont estuviera implicado en la evolución de Tsunami Democràtic y el expresidente se mantuviera al margen.

Las "reglas de la lógica", añaden, indican que si Puigdemont estaba al frente del movimiento independentista catalán no podía ser ajeno al desarrollo de Tsunami Democràtic.

"Son datos que constan en la instrucción y que no pueden ser obviados", afirman las fuentes consultadas. "Son suficientes para abrir, al menos, una investigación".