Tomás Serrano.

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Tribunales

Fiscales del 'procés' creen poder tumbar el informe que no ve terrorismo en Tsunami y dañar a Ortiz

Redondo amplía su ponencia de cara al debate en la junta, varios de cuyos integrantes le pedirán explicaciones por su cambio de criterio.

6 febrero, 2024 02:25

La propuesta del fiscal Álvaro Redondo de que el Tribunal Supremo no inicie una causa por terrorismo contra el expresidente catalán Carles Puigdemont tendrá una "fuerte oposición" en la junta de fiscales que se celebra este martes, aseguran fuentes de la Fiscalía.

De esa sección forman parte los fiscales de Sala Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza, que intervinieron en el juicio del 'procés' en el Tribunal Supremo y sostuvieron con contundencia la acusación de rebelión, no acogida finalmente por la Sala Penal.

Ambos están convencidos de que la junta va a tumbar la ponencia de Redondo -cuyo cambio de criterio les ha parecido incomprensible- y así lo han transmitido en los últimos días a distintos compañeros de la Fiscalía.

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Un tercer fiscal de Sala que participó en el juicio del 'procés', Fidel Cadena, que está al frente de esa sección, ha mantenido una postura críptica, sin querer concretar cuál es su posición.

El cambio de Redondo

Varios miembros de la sección de fiscales de lo penal del Supremo están molestos con Redondo y creen que ha "embarrado" la situación al elaborar un primer borrador en el que veía terrorismo, tesis que no mantuvo en la ponencia repartida el pasado 30 de enero.

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Estos fiscales consideran "extraño" que se pueda "cambiar de criterio" en un asunto de esta trascendencia y con claras repercusiones políticas, y piensan pedir explicaciones al fiscal del caso sobre los argumentos que le llevaron a elaborar el documento inicial y luego a desecharlos.

Creen, además, que la propuesta es técnicamente defectuosa al no valorar adecuadamente que Tsunami Democràtic es una organización constituida para subvertir el orden constitucional y cuyas acciones (y sus resultados) pueden imputarse a sus dirigentes (entre ellos, presuntamente, Puigdemont), aunque no participaran personalmente en ellas, al tener el dominio de los hechos.

También consideran que el informe propuesto no extrae consecuencias jurídicas de la existencia de graves lesiones a agentes de policía en los disturbios que Tsunami promovió tanto en El Prat como en la plaza Urquinaona y la Vía Layetana. "Algunos vemos clarísimamente indicios de terrorismo", dicen.

Ampliación de la ponencia

En sentido contrario, otras fuentes señalan que Redondo ha reforzado su ponencia en el extremo referido al terrorismo y ha ampliado la parte del documento en la que defiende la inexistencia de ese delito.

Estas fuentes explican que el primer borrador era un documento "interno" de trabajo, una primera aproximación en la que el fiscal se dedicó fundamentalmente a los hechos y "siguió por inercia" la hipótesis jurídica plasmada en la exposición elevada al Tribunal Supremo por el juez García-Castellón.

En los días siguientes, y con un estudio más intenso, Redondo se dio cuenta de que "se había equivocado" porque la construcción del delito de terrorismo en este caso "no es doctrinalmente correcta", añaden.

El fiscal está "muy molesto" con que algunos sus propios compañeros hayan difundido lo que no era nada más que un "borrador interno" que, como sucede en muchas ocasiones, "va evolucionando y es susceptible de cambios hasta que se presenta la ponencia definitiva".

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Por distintos motivos -sean estrictamente jurídicos o sean los de algunos fiscales que quieren frustrar la propuesta de Redondo para poner en dificultades al fiscal general-, la propuesta del fiscal del caso puede tener serios problemas en la junta. 

Álvaro García Ortiz contaba con ello. Pese a que podía haber asignado el asunto a la teniente fiscal del Tribunal Supremo, como se hace en muchas ocasiones en las causas que afectan a aforados, no ha puesto obstáculos a que este informe siga el trámite ordinario de asignación a un fiscal del Supremo y debate en la junta.

Desde la Fiscalía General se insiste en que García Ortiz no conocía la existencia del borrador inicial ni nadie le dio cuenta de él. Ni siquiera el propio Redondo, que a primera hora del 30 de enero le informó de la posición que iba a mantener, contraria a la apertura de una causa penal por terrorismo contra el expresidente catalán prófugo de la Justicia española.

Redondo le ofreció una copia del informe -que sería distribuido ese mismo día a los integrantes de la sección- y García Ortiz no creyó necesario recibirlo.