Errores del 'ex número 2' de Puigdemont permiten a García-Castellón seguir como juez de 'Tsunami'

Un error formal en la petición formulada por Josep Lluís Alay, el exjefe de gabinete de Carles Puigdemont, contra el juez Manuel García-Castellón ha provocado que éste pueda seguir siendo, por el momento, el instructor del llamado caso Tsunami Democrátic.

En dicha causa judicial, tanto Puigdemont como Alay figuran como investigados por un supuesto delito de terrorismo, debido a los disturbios violentos organizados por la plataforma independentista que da nombre al caso.

Ambos imputados, de hecho, comparten al abogado Gonzalo Boye como defensor. Y, en nombre de Alay, éste presentó una recusación contra García-Castellón, para intentar que el magistrado tuviese que abandonar la instrucción. Justificó su petición en unas palabras que el juez pronunció en un acto público, en el que criticó la futura ley que amnistiará los delitos cometidos en defensa de la independencia de Cataluña y que, por tanto, podría beneficiar a los investigados de esta causa.

El pasado diciembre, Alay presentó esta recusación, que ya fue rechazada por errores formales, que aún no se han subsanado, lo que ha provocado que la solicitud haya caído en saco roto. Concretamente, el escrito debía ir firmado por un abogado y un procurador y faltaba la firma de este último.

"Dada cuenta, no habiéndose subsanado el defecto formal en el escrito de recusación, de fechas 12 y 19 de diciembre de 2023, y habiendo ya transcurrido un tiempo superior al fijado en el artículo 223.1.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para las recusaciones propuestas (...), procede la inadmisión de esta recusación y el archivo definitivo", concluye la magistrada Carolina Rius, miembro de la Sala de lo Penal encargada de analizar la petición de recusación.

El juez instructor del 'caso Tsunami', Manuel García-Castellón. Efe

Las palabras que el magistrado pronunció acerca de la amnistía fueron las siguientes: "Yo, únicamente, como ciudadano, puedo decir dos cosas. Uno: que en la Constitución tampoco está prohibida la esclavitud y, sin embargo, no es posible. Y eso que no está prohibida expresamente. Y dos: bien, estos señores han dicho si en cuanto puedan van a volver a repetirlo, por lo tanto, ¿será esta amnistía la primera de muchas otras después?".

Basándose en ellas, otros dos investigados en el caso Tsunami, el empresario Oriol Soler y el directivo de Òmnium Cultural Oleguer Serra, defendidos ambos por el letrado Benet Salellas, también recusaron al juez, al considerar que había perdido su imparcialidad.

Estas manifestaciones fueron realizadas por Manuel García-Castellón en el Foro de la Región de Ourense, que se celebró el pasado 5 de octubre de 2023. El juez participó en un coloquio titulado La Audiencia Nacional, un tribunal excepcional.

El instructor se opuso a la recusación presentada por Soler y Serra. Sin entrar en el fondo del asunto, advirtió que aquel evento se celebró en octubre y la defensa de ambos investigados no formuló su solicitud hasta el 7 de noviembre, más de un mes después, y, por ello, fuera de plazo.

Actualmente, el caso Tsunami está pendiente del Supremo. A petición de una de las acusaciones (la asociación de víctimas Dignidad y Justicia), García-Castellón envió la causa al Alto Tribunal al afectar a varios políticos aforados, como es el caso del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont.