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Tribunales CASO BEGOÑA

El juez Peinado manda a juicio ante jurado a Begoña Gómez por "prevalerse" de ser esposa de Pedro Sánchez

El magistrado desoye al abogado defensor y sí da validez al escrito de acusación en el que Hazte Oír pide 13 años de cárcel para ella.

En el juicio, que celebrará la Audiencia Provincial de Madrid, Gómez se enfrenta a los delitos de tráfico de influencias y malversación.

Más información: El abogado de Begoña Gómez alega ante el juez que el escrito de acusación que pide 13 años para ella es "defectuoso"

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Las claves
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El juez Juan Carlos Peinado ha enviado a juicio ante jurado a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, por presunto tráfico de influencias y malversación.

La acusación sostiene que Begoña Gómez se habría aprovechado de su condición de esposa del jefe del Ejecutivo para favorecer sus negocios privados y obtener beneficios.

El auto judicial destaca que la posición institucional de Gómez facilitó la creación de la Cátedra TSC en la UCM y la obtención de apoyos de empresas con vínculos estatales.

La asesora Cristina Álvarez también será juzgada por malversación, tras intervenir en la gestión de la cátedra y presionar a empresas colaboradoras en nombre de Gómez.

El juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña, ha enviado a juicio ante jurado, de forma definitiva, a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así consta en una resolución de 67 folios fechada este mismo lunes.

En ella, Peinado señala que Gómez se habría "prevalido" de su condición de esposa de —en este caso, de esposa del jefe del Ejecutivo— para medrar en sus negocios privados y obtener beneficios.

En el juicio, que celebrará la Audiencia Provincial de Madrid, la esposa de Sánchez se enfrenta a los delitos de tráfico de influencias y malversación.

La asociación Hazte Oír, que lidera la acusación popular en este procedimiento, solicita para ella un total de 13 años de cárcel.

Peinado, en su resolución, ha desoído los argumentos del nuevo abogado de Begoña Gómez, Jaime Campaner, y sí considera válido dicho escrito de acusación, que el letrado defensor tachó de técnicamente "defectuoso".

Los privilegios de la 'esposa de'

La resolución judicial señala que, con la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, se produjo un cambio "radical", inmediato y significativo en la trayectoria profesional de Begoña Gómez.

La empresaria pasó de trabajar en el sector privado a ocupar puestos de relevancia tanto en instituciones públicas como privadas.

Apenas dos meses después de abandonar la consultora Inmark, en agosto de 2018, dos meses después de que Sánchez se convierta en presidente, Gómez fue nombrada directora del IE Africa Center.

Pero Peinado destaca, sobre todo, la creación, en 2020, de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Este proyecto fue planteado por Begoña Gómez en una reunión, celebrada en el Palacio de la Moncloa, con el rector Joaquín Goyache.

En efecto, durante la instrucción, este último declaró que acudió a la Moncloa a petición de la secretaria de Begoña Gómez y que a ella la conocía solo "por ser la mujer del presidente del Gobierno".

El entonces vicerrector de Relaciones Institucionales de la UCM, Juan Carlos Doadrio, recibió la instrucción de crear una cátedra "para Begoña Gómez, la mujer del presidente", tal y como declaró también durante el procedimiento judicial.

El auto de Peinado, por tanto, considera que la posición de Begoña Gómez como esposa del presidente le permitió acceder a interlocuciones institucionales excepcionales y que la sola condición de "esposa de" sirvió para influir en decisiones administrativas.

El juez considera que la reunión para la creación de la cátedra no se canalizó por los cauces ordinarios, sino que fue precedida de una reunión en la Moncloa, una circunstancia que evidencia esa situación de privilegio.

Ahora bien, Begoña Gómez defendió que celebró dicha cita en el palacio presidencial debido a la pandemia de la Covid-19, que, en 2020, asolaba España y el resto del mundo.

No obstante, Peinado subraya que tanto el rector como el vicerrector de la UCM actuaron con celeridad y siguiendo instrucciones directas, motivadas por la condición de Begoña Gómez como esposa del presidente.

Además, empresas patrocinadoras y colaboradoras de la cátedra, como insiste el juez, tenían y mantienen vínculos con la Administración General del Estado, lo que refuerza la sospecha de que la posición institucional de Begoña Gómez facilitó la obtención de apoyos y financiación.

Antes de convertirse en co-directora de la Cátedra TSC, Gómez era docente en un máster propio de la UCM, el de Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro.

La asesora

Además de Gómez, también irá a juicio Cristina Álvarez, la asesora en Moncloa de la esposa de Sánchez.

Como quedó demostrado durante la instrucción del caso Begoña, mientras cobraba un salario público como personal eventual de Presidencia, esta asistente —a la que unen más de 20 años de amistad con Gómez— ayudó a esta última en sus negocios privados.

Intervino en la gestión de las finanzas de la Cátedra TSC. Y tuvo contacto tanto con Doadrio como con los patrocinadores de este proyecto académico.

Por ejemplo, como desveló EL ESPAÑOL, el 8 de febrero de 2024, Álvarez, por orden de Gómez, instó a la empresa Reale Seguros a seguir financiando la cátedra.

En esa fecha, la asistente se dirigió por e-mail a Pilar Suárez-Inclán, la directora de Comunicación y Reputación Corporativa de la aseguradora.

Álvarez lo hizo en nombre de la esposa de Pedro Sánchez —como llegó a explicitar en el correo— e informa a Reale de varias novedades de la cátedra.

"Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la Cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis", le expresó a Suárez-Inclán.

En su caso, Álvarez será juzgada —ante el mismo jurado popular que Gómez— por un supuesto delito de malversación.

Es decir, serán nueve ciudadanos anónimos, sin conocimientos de Derecho, los que decidirán sobre la inocencia o culpabilidad de las dos acusadas.

Aún se desconoce la fecha del juicio. Por lo pronto, la causa será enviada a la Audiencia Provincial de Madrid. Será una de secciones penales la que, por reparto, se encargue de este asunto y designe un magistrado-presidente, encargado de redactar la futura sentencia que refleje el veredicto del jurado popular.

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