Ada Colau junto a Greta Thunberg en uno de los barcos de la Global Sumud Flotilla.
El juez investiga torturas y lesiones cometidas por el Ejército de Israel a miembros de La Flotilla de Ada Colau
El magistrado señala que los soldados denunciados ejecutaban órdenes políticas del Estado israelí para evitar interferencias en sus operaciones militares.
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El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha ampliado a los supuestos delitos de lesiones y torturas la investigación sobre el abordaje a la Flotilla Global Sumud, el 1 de octubre del pasado año, cuando se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria.
En una resolución fechada este lunes, De Jorge ha incluido en la causa estos dos delitos "que pudieran haberse cometido en las embarcaciones de bandera española".
Inicialmente, la investigación había quedado limitada a los delitos de detención ilegal cometidos en barcos de pabellón español e iba dirigida contra el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Israelíes, Ramatcal Eyal Zamires, y contra el comandante de las Fuerzas Navales, Ram Rotberg.
No obstante, la acusación popular ejercida por el Partido Comunista de España e Izquierda Unida, recurrió esa decisión y solicitó que la investigación fuese más amplia.
Así lo ha acordado ahora el juez, que, no obstante, precisa que, por el momento, "no procede tener por dirigida la querella contra ninguna persona en concreto por estos hechos".
"Más adelante, se acordarán tales diligencias esenciales para identificar a los autores, y, si resultaren identificados, se librarán los oportunos oficios para determinar si se encuentran en territorio español", precisa De Jorge.
Una de las personas que viajaba en la Flotilla Global Sumud era Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona. También, Greta Thunberg, la joven activista contra el cambio climático.
Por último, el juez De Jorge sí ha rechazado la pretensión de las acusaciones de calificar los hechos investigados como un delito de piratería marítima.
El magistrado expone que ni las tripulaciones de la Flotilla ni las fuerzas militares implicadas en el asalto y detención de la misma actuaron con un propósito de beneficio personal o de lucro.
En el caso de los soldados contra los que se dirige la querella, el magistrado, titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, apunta que ejecutaban órdenes políticas del Estado israelí para evitar interferencias en sus operaciones militares.
