La Audiencia Nacional y el Supremo urgen a Justicia a negociar el pago pendiente a los abogados de oficio

Las Salas de Gobierno de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo han urgido al Ministerio de Justicia a negociar con los abogados de oficio los pagos pendientes que éstos reclaman desde 2019 y le insta a solucionar este conflicto; si es necesario, reformando la ley.

Concretamente, los letrados del turno de oficio exigen a Justicia las retribuciones por sus actuaciones en procedimientos penales en los que, por orden judicial, han tenido que defender a personas jurídicas investigadas (principalmente, se trata de empresas).

Sin embargo, el Ministerio de Justicia esquiva estos pagos desde hace más de cuatro años. Alega que no se encuentran incluidos "dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita", promulgada en el año 1996.

"Una situación enquistada desde 2019, que está provocando dilaciones e indefensión para las partes implicadas en los procesos judiciales", ha lamentado en diversas ocasiones el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón.

De hecho, fue el ICAM el que trasladó sus quejas al Supremo y a la Audiencia Nacional. En sendos escritos, el Colegio de Abogados señaló que este último tribunal es uno de los más afectados por esta situación. Es lógico, dado que este organismo tiene competencias exclusivas sobre delitos como el terrorismo, la corrupción a gran escala, el narcotráfico o las actuaciones que provocan grandes perjuicios a la economía nacional.

En su respuesta al ICAM, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha firmado un escrito "asumiendo las consideraciones (...) relativas a la necesidad de una iniciativa normativa o alguna otra medida que permita solventar las disfunciones que surgen de la falta de acomodación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita al sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas implantado en 2010".

Desde la reforma del Código Penal que se produjo este año, las personas jurídicas tienen responsabilidad penal directa e independiente de la que puedan tener sus administradores, directivos o miembros.