Dolores Delgado se queda sin padrino: el Supremo impide que García Ortiz vuelva a favorecerla

El biministro suma así, ya desde los primeros minutos de ejercicio del cargo, un nuevo motivo de preocupación a los muy notables desafíos -la ley de amnistía, las comisiones parlamentarias sobre el supuesto 'lawfare', la amenaza de una rebaja de las mayorías necesarias para renovar, también sí o sí, el Consejo General del Poder Judicial- que han provocado malestar y protestas en las carreras judicial y fiscal.

La sentencia -unánime- del Tribunal Supremo que anula el ascenso de Dolores Delgado al rango de fiscal de Sala y su nombramiento para la Fiscalía Togada de la Sala de lo Militar es la primera que tumba una propuesta del actual fiscal general, precisamente cuando está en expectativa de ser reelegido para el cargo.

[El Supremo tumba por desviación de poder el ascenso de Dolores Delgado a fiscal de Sala]

Ante esto, Delgado ha señalado que la sentencia que anula su plaza es "injusta" y asegura que va a "pelear" y "combatir hasta las últimas consecuencias". En una entrevista este martes en la Ser, ha dejado muy claro que recurrirá "en amparo del Tribunal Constitucional" al entender que se han "vulnerado" sus derechos fundamentales. "He sacrificado muchas cosas, realmente es una sentencia que voy a pelear y voy a combatir hasta mis últimas fuerzas y hasta las últimas consecuencias porque es, y así lo entiendo yo, como perjudicada directa, injusta", ha manifestado.

Pero esta no es una sentencia aislada: el alto tribunal ya ha tumbado, y por dos veces, el nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de Sala de Menores, en el que se empeñó Delgado cuando era fiscal general.

Además, están pendientes los recursos contra el nombramiento de la propia Dolores Delgado para el destino de fiscal de Sala que realmente ambicionaba: Memoria Democrática y Derechos Humanos. Su designación para la Fiscalía Togada, en la que estuvo solo ocho meses, fue el trampolín utilizado para su ascenso a la primera categoría de la carrera, que se produjo a los dos meses escasos de haber dimitido como fiscal general alegando motivos de salud.

En esa meteórica carrera para que Delgado forme parte del 'generalato' del Ministerio Público, García Ortiz ha actuado siempre en contra del criterio del Consejo Fiscal.

La sentencia de ayer -que el Tribunal Supremo tenía deliberada la semana pasada, pero que no quiso hacer pública para no interferir en el debate de investidura de Pedro Sánchez- transcribe las palabras del que el fiscal general utilizó en el Consejo para justificar su propuesta favorable a Delgado.

Las "deudas" de García Ortiz

"No me mueve, desde luego, el afecto ni la pasión ni las deudas que tengo, y muchas, con la anterior general del Estado, en muchos sentidos. Me mueve un deber institucional", dijo Álvaro García, a quien Delgado nombró jefe de su secretaría técnica, puesto que conlleva la categoría de fiscal de Sala. 

García Ortiz manifestó que no quería ser "un jarrón chino, como era María José Segarra en la Fiscalía de Sevilla" para ser "bien tratada por todos sus compañeros" ni como "un balón de fútbol al que le peguen patadas tus compañeros si te sitúan en otro sitio, tan sensible además, como puede ser la Audiencia Nacional", en referencia a Jesús Alonso.

"Yo soy el fiscal general del Estado y lo tengo muy claro: esta cuestión la tengo que resolver. Y la tengo que resolver como honestamente creo. La dignidad de la función de fiscal general del Estado lo mínimo que merece es el máximo reconocimiento de la carrera. Lo mínimo. Y para nosotros, el máximo reconocimiento
profesional es ser fiscal de Sala", manifestó en referencia al hecho de que, pese a los intentos realizados, finalmente no prosperó una reforma legal para que los fiscales generales, a su cese, fueran promovidos automáticamente a la primera categoría. El PSOE no logró los apoyos necesarios y en junio de 2022 optó por retirar una enmienda que había presentado en ese sentido. 

La sentencia del Tribunal Supremo que anula la promoción de Delgado a la Fiscalía Togada pone de manifiesto las circunstancias de "interés personal", "amistad íntima" y relación profesional entre García Ortiz y Delgado: entre ambos "existía, ya con anterioridad, una estrecha relación de confianza y aquel tenía motivos de reconocimiento hacia ésta. Había sido el jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General con Delgado y, precisamente por esa vía, ella le había facilitado la promoción a la categoría de fiscal de Sala", describe.

Méritos

La Sala rechaza que haber sido ministra de Justicia o fiscal general "pueda comportar automáticamente un mérito a efectos de la progresión profesional, máxime cuando se trata de una estructura pública inspirada en la profesionalidad técnico-jurídica y la neutralidad política, como es indudablemente el Ministerio
Fiscal".

"Sostener lo contrario -esto es, que haber ocupado altas responsabilidades de designación política debe considerarse un mérito para la promoción y asignación de plazas en el empleo público- podría traer consecuencias perversas, en forma de clientelismo, erosión de la meritocracia y, en definitiva, frustración de las legítimas expectativas de carrera de quienes se dedican de manera exclusiva y profesional a la correspondiente función o servicio público", indica.

Desviación de poder

Para el alto tribunal, "la desviación de poder es visible e innegable" en la promoción de Delgado.

"La finalidad declarada del fiscal general del Estado fue reparar lo que él reputaba una laguna en la ley: que quien, sin tener la más alta categoría en la carrera fiscal, es nombrado fiscal general  no sea automáticamente promovido, al cesar en el cargo, a la categoría de fiscal de Sala. Y lograr este objetivo era, en sus propias palabras, una prioridad", argumenta.

"No cabe", añade, "subestimar toda la secuencia: iniciativa de convocatoria de la plaza por la propia Delgado cuando aún era fiscal general del Estado, dimisión poco después de dicho cargo por razones de salud, convocatoria de la plaza y presentación de solicitud por ella, propuesta a su favor por quien fue su estrecho colaborador y en ese momento ya su sucesor; y todo ello, por si fuera poco, de manera rápida y prácticamente sin solución de continuidad".

Concluye, así, que la finalidad "realmente buscada" fue "asegurar a la Delgado su promoción a la máxima categoría por haber sido fiscal general" y ello "no es, desde luego, el fin que el ordenamiento jurídico atribuye a la potestad de convocar y resolver vacantes en el empleo público, incluidas las plazas del Ministerio Fiscal".

La Sala ordena la retroacción de las actuaciones al momento
inmediatamente anterior a la propuesta qjue tiene que hacer el fiscal general para el nombramiento de fiscal de Sala en la Sala de lo Militar.

Pero rechaza la petición del recurrente, Luis Rueda, de que esa propuesta la haga la teniente fiscal y número dos de la Fiscalía General, María Ángeles Sánchez Conde, en vez de García Ortiz. "Esta Sala carece de base legal alguna para ordenar" al fiscal general que se abstenga, dice.

Abstención

Pero, matiza, "ello no obsta a que, a la hora de hacer la propuesta, deba tenerse en cuenta la fundamentación, tanto fáctica como jurídica, de esta sentencia". En otras palabras: el Supremo marca a Álvaro García Ortiz el camino de la abstención, para el caso de que  permanezca al frente del Ministerio Público en el momento en que tenga que ejecutarse el fallo del Supremo.

Esa interpretación es corroborada por fuentes de la Sala. "Él no debería intervenir en la nueva propuesta" sobre la plaza, señalan.

Queda en el aire la situación de Delgado en su actual puesto de fiscal de Sala de Memoria Democrática. En este momento, la exministra y exfiscal general ocupa un cargo que requiere tener la primera categoría, de la que ella ha quedado privada, y la validez de sus actos podría estar comprometida.