El PP llevará al TC la "falta de objetividad" del letrado mayor del Congreso que 'aprueba' la amnistía

Según reconocen fuentes populares, el partido está llevando a cabo todos los pasos previos a presentar un recurso de amparo ante el Constitucional. Según aseguran, el trámite parlamentario está "viciado" por la imparcialidad de Galindo, ya que su informe "puede carecer de la neutralidad e imparcialidad que exige el ordenamiento de la Cámara".

Aunque los recursos de amparo del PP por "vulneración de los derechos de los parlamentarios" no suelen prosperar y el Constitucional no acostumbra a darle la razón, este movimiento forma parte de la estrategia de la formación de Alberto Núñez Feijóo para intentar entorpecer al máximo la tramitación de la Ley de Amnistía que Pedro Sánchez pactó con los independentistas catalanes para salvar su investidura.

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Este martes, durante la reunión de la Mesa del Congreso, los diputados del PP presentaron una recusación a Galindo que finalmente fue desestimada por la mayoría del PSOE y Sumar. Fuentes parlamentarias desvelan que el PP argumentó que Galindo no era la persona adecuada para elaborar la calificación por ser demasiado cercano al Gobierno.

Concretamente, Galindo fue nombrado secretario general y letrado mayor de la Cámara Baja por la presidenta Francina Armengol, hace apenas un mes. En la anterior legislatura, formó parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez como director general de Cooperación Autonómica y Local y subsecretario en el gabinete del Ministerio de Política Territorial.

Además, es marido de Mercedes Cabrera, quien fue directora general de Relaciones con las Cortes del Ministerio de Presidencia hasta el pasado 31 de octubre. El ministro del ramo, Félix Bolaños, es el principal arquitecto de la Ley de Amnistía y en el PP consideran que no sería extraño que ella incluso pudiera haber participado en la elaboración de la norma.

"Ha estado implicado con el Gobierno que ha hecho la ley que ha calificado, tiene una relación conyugal con una persona del Gobierno… no ponemos en duda su profesionalidad, pero consideramos que sí tiene causas para su recusación. Hemos esperado a que se inhibiese él mismo, pero no ha sido así, ahora toca seguir los siguientes pasos", remarcan las fuentes del PP.

Los populares, además, señalan que Félix Bolaños reconoció en el Congreso de los Diputados que la Amnistía vendría recogida como un "proyecto de ley", algo que está reservado para el Gobierno, en vez de como proposición de ley, que corresponde a los grupos parlamentarios. En realidad, ha sido el Ejecutivo el que ha elaborado la ley, aunque la ha presentado a través del grupo socialista en el Congreso.

Camino al TC

Con todos estos argumentos, el PP planteó este martes una recusación que ha sido rechazada por la mayoría del PSOE y Sumar. Por ello, han recurrido presentando una reconsideración. Es decir, que la Mesa vuelva a considerar la recusación.

Según indican las fuentes populares, la reconsideración se presenta alegando que no se les ha contestado "en tiempo y forma". En parte, porque se les "ha respondido de viva voz, cuando había que haberlo hecho por escrito".

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Sin embargo, este es un trámite menor y los populares no creen que la Mesa vaya a cambiar de opinión. Lo que persiguen, en realidad, es agotar todas las instancias necesarias para pedir amparo al Tribunal Constitucional. No se puede presentar el recurso de amparo si antes no han presentado la reconsideración y desde el PP están marcando todas las casillas para acabar llamando a la puerta del Órgano de garantías. 

El recurso de amparo no influirá en la tramitación de la Ley de Amnistía salvo que el Tribunal Constitucional se pronuncie al respecto. De momento, según reconocen fuentes socialistas, el Pleno en el que la Ley se tomará en consideración será el próximo 12 de diciembre.

En caso de que el TC dé la razón al PP en el recurso de amparo, la calificación efectuada este martes no habría sido válida y sí que tendría influencia directa en su tramitación. Ello implicaría un choque institucional similar a cuando el TC estudió la posibilidad de paralizar un pleno en el que se aprobaría la renovación del órgano de garantías.