El fiscal niega que Tsunami estuviese "organizado" y no ve "terrorismo" en la actuación de Puigdemont

El Ministerio Público recurrirá ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el auto en el que el magistrado imputó a estos dos líderes independentistas y a otras nueve personas más.

En contra de la teoría del juez, la Fiscalía descarta que los hechos investigados puedan calificarse como "terrorismo". Se trata de actos como el asalto al Aeropuerto de El Prat, el intento de bloqueo de Barajas y múltiples cortes de carreteras, que provocaron cuantiosos destrozos y un perjuicio económico millonario.

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A la hora de citar como investigados a Rovira, Puigdemont y otros dirigentes, García-Castellón, además de a un posible delito de terrorismo, también apuntó a uno de "desórdenes públicos terroristas". El magistrado subrayó que, por el momento, la calificación es "inicial" y debe ser "flexible".

El fiscal del caso, Miguel Ángel Carballo, discrepa del juez. Según expondrá en su recurso, para que el delito de desórdenes públicos terroristas se cometa, debe hacerse en el seno de una "organización estructurada".

La tipificación de esta materia fue modificada por una ley orgánica del año 2015. Y, desde esa fecha, los desórdenes públicos pueden tener finalidad terrorista siempre que se cometan o por una organización o por una o varias personas, individualmente, pero amparados por un grupo terrorista.

Pero Carballo no cree que Tsunami Democràtic fuese una organización estable ni jerarquizada. En ese sentido, vuelve a discrepar del juez instructor. En el auto en el que imputó a Puigdemont y a Rovira, el magistrado calificó a Tsunami Democràtic como una plataforma "estructurada" y "jerarquizada".

Ocupación del aeropuerto de El Prat orquestada por Tsunami Democràtic en octubre de 2019. Efe

Las fuentes consultadas por este periódico revelan que la Fiscalía de la Audiencia Nacional sí hubiese sido partidaria de calificar los hechos investigados como un delito de sedición, pero el Gobierno de Pedro Sánchez la suprimió del Código Penal a finales de 2022 y la sustituyó por el de desórdenes públicos agravados.

En definitiva, la postura de la Fiscalía es la siguiente: una vez derogada la sedición, los actos cometidos por Tsunami Democràtic que están siendo investigados por el juez no pueden ser considerados como terrorismo, sino, únicamente, como desórdenes públicos (a secas).

Por ello, el Ministerio Público es partidario de que esta investigación no corra a cargo de la Audiencia Nacional —el tribunal encargado de investigar los actos de terrorismo— sino de un juzgado de Barcelona.

De hecho, fuentes fiscales detallan a EL ESPAÑOL que próximamente la Fiscalía iba a solicitar por escrito que el llamado caso Tsunami Democràtic fuese derivado a la Ciudad Condal.

Sin embargo, el pasado lunes, el García-Castellón imputó por el delito de terrorismo a Marta Rovira, a Carles Puigdemont y a otros políticos y dirigentes independentistas. Y el Ministerio Público recurrirá esta decisión ante la Sala de lo Penal, la instancia superior al juez.

La Fiscalía

La asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia (DyJ), que ejerce la acusación popular en la causa, se opondrá a la Fiscalía. Es probable que el partido Vox haga lo mismo.

DyJ, presidida por el diputado del PP Daniel Portero, sostiene que sí hay indicios de que actos como el asalto a El Prat constituyen un claro ejemplo de acciones terroristas.

Al inicio de la investigación, hace cuatro años, la Fiscalía sí se mostró a favor de la competencia de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos. Más allá de eso, el Ministerio Público nunca ha firmado un informe de fondo en el que considerase que las acciones de Tsunami Democràtic constituyan un delito de terrorismo.

Sí existe un documento, firmado por el fiscal Víctor Joaquín González-Herrero, que las califica como tal. Ahora bien, se trató de un error, ya que González-Herrero ejerció de sustituto de Carballo durante las vacaciones de verano de éste.

A su vuelta, el fiscal del caso comunicó que aquélla no era la postura del Ministerio Público y firmó un informe posterior corrigiéndolo. Por ello, la Fiscalía nunca ha firmado un informe de fondo que tache de terrorismo los hechos. Y no pretende hacerlo. Al contrario, se dispone a recurrir ante la Sala de lo Penal la decisión del juez García-Castellón de atribuir delitos de terrorismo a Rovira, Puigdemont y otros dirigentes.