La inclusión en la amnistía de acusados de terrorismo y corrupción indigna a policías, fiscales y jueces

La Asociación Profesional de la Magistratura, de representación mayoritaria, la considera "inaceptable" e "inasumible. Vocales del órgano de gobierno del Consejo General del Poder Judicial hablan de la "abolición del Estado de Derecho". Jueces y fiscales critican que su finalidad sea "conservar el poder". Sindicatos policiales la consideran una "felonía". La ley de amnistía pactada con los partidos independentistas catalanes por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, está provocando la reacción de colectivos que creen que la medida atenta contra el Estado de Derecho y el principio de igualdad ante la ley de todos los españoles.

"No es compatible con el Estado de Derecho que los responsables políticos queden exentos de responder de sus delitos ante los tribunales, cualquiera que sea la naturaleza de sus delitos, para que un aspirante a presidente del Gobierno pueda conseguir el beneficio personal y político de impedir el Gobierno de otras fuerzas políticas o, expresado por su reverso, para poder mantenerse en el Gobierno", afirman los vocales del Consejo General del Poder que han pedido un pleno extraordinario de la institución para pronunciarse sobre la amnistía.

La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura ha hecho público este miércoles un comunicado en el que afirma que la amnistía "rompe las reglas de la Constitución de 1978" y "vuela por los aires el Estado de Derecho".

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"Una ley de amnistía pone en cuestión la labor de los jueces españoles que aplicaron las leyes ordinarias democráticamente elaboradas por el poder legislativo. Deslegitima el Estado de Derecho y al Poder Legislativo que promulgó las leyes que aplicaron los jueces, lanzando el mensaje falaz de que el legislador tipifica penalmente y los tribunales condenan en España por delitos políticos", afirma la APM.

A su juicio, la amnistía quiebra el principio "esencial" de la separación de
poderes y vulnera el principio de igualdad en la aplicación de las leyes "al eximir de
responsabilidad penal a una clase de personas únicamente con base en la supuesta
motivación política de sus actuaciones".

La APM expresa su " más firme rechazo" a una ley de amnistía que, además de tener como objetivo lograr "los votos necesarios para una investidura", busca "anular al Poder Judicial, el último dique de contención frente a los abusos de poder, la arbitrariedad y la
desigualdad ante la ley para privilegiar a unos pocos, la clase política".

En el ámbito de las fuerzas de seguridad del Estado, la asociación de Guardias Civil JUCIL considera que "la mayor felonía que se puede cometer contra una Nación es la traición de quienes tienen el deber de defenderla. El interés personal de un individuo por encima de la libertad del pueblo español".

A su vez, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), describe la amnistía como algo que "amenaza con deshacer todo el arduo trabajo realizado por las FCSE en una situación tan complicada".

"La profunda decepción y desmotivación se han arraigado entre los guardias civiles debido a la falta de apoyo institucional por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Sentimos que estamos siendo utilizados como moneda de cambio en Cataluña", advierten desde AUGC, ya que el Instituto Armado, a su juicio, está "perdiendo su influencia y presencia debido a la continua intención de restar competencias y expulsarnos de Cataluña".

En el 1-O, los guardias civiles asumieron con seriedad su deber frente a quienes buscaban socavar el orden social y restringir los derechos de la ciudadanía. Paradójicamente, aquellos condenados por actos de sedición y violencia durante esos días han recibido indultos por parte del Gobierno, que ahora nos da la espalda. Fuimos utilizados según su conveniencia y ahora estamos desamparados.

Sindicatos policiales también están en contra de la amnistía. Aarón Rivero, secretario general de Jupol, sostiene que "la ley de amnistía con la que pretende Pedro Sánchez continuar en Moncloa supone un ataque directo a la Democracia, a la Constitución y al Estado de Derecho, de los cuales la Policía Nacional ha sido siempre el garante". Asegura también que esta ley supone "un menosprecio absoluto a los 10.000 policías que se trasladaron a Cataluña en octubre de 2017 y en 2019, que acudieron a cumplir un mandato judicial y a defender la unidad de España".

"Sánchez pretende con esta Ley de Amnistía perdonar un golpe de Estado, como el que se intentó llevar a cabo en Cataluña el 1 de octubre de 2017, dinamitando el actual Estado de Derecho y la División de Poderes", añade.

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) realizan similares consideraciones, y añaden que esta medida de gracia "envía un mensaje equivocado a la sociedad, sino que también socava la autoridad de la autoridad judicial y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El intento de utilizar a la policía como herramienta para blanquear este ataque a la Constitución incluyendo a parte de los policías y excluyendo a otros es inaceptable. Queremos someternos a un juicio con todas las garantías como los Junqueras, Homs, Turull y así poder demostrar que actuamos conforme a derecho".

"La igualdad ante la ley, el principio de legalidad y la división de poderes son fundamentales en una sociedad democrática, y no pueden ser comprometidos en aras de objetivos políticos o partidistas. Como siempre los policías a los pies de caballos para ser utilizados de forma espuria", finaliza su portavoz, Jacobo Rodríguez.

La ASP (Alternativa Sindical de Policía) afirma que "como sindicato de Policía no compartimos que se pretenda amnistiar a quienes han intentado tumbar la Constitución en Cataluña, dando un golpe de Estado, y a quienes han perseguido policías, guardias civiles y a sus familias. No podemos entender que se negocie y se otorgue privilegios por apoyar a un gobierno de España, a quien no quiere que exista España o no quiere ser parte de ella".

La Unión Federal de Policía (UFP) también se posiciona en contra de la amnistía y, de hecho, recuerda su apoyo en la manifestación de Barcelona. "Los condenados en el procés actuaron como verdugos, y los policías fuimos sus víctimas".

La amnistía no solo beneficiará a políticos, sino también a independentistas violentos que son investigados como miembros de los CDR o Tsunami Democràtic.

Decenas de encausados por su implicación en el proceso independentista catalán, el 'procés', verán esfumarse de la noche a la mañana todas sus responsabilidades (penales, económicas, administrativas) gracias a la ley de amnistía.

Los que ya han sido condenados verán desaparecer los delitos declarados por la Justicia y todas sus consecuencias. En términos prácticos, el dirigente de ERC Oriol Junqueras dejará de estar inhabilitado.

Los que están pendientes de juicio no tendrán que sentarse en el banquillo. Este favorece, particularmente, a los 'cerebros' del proceso independentista Lluis Salvador y Josep María Jové. Este último ha sido uno de los interlocutores del Gobierno en funciones -en concreto, del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños- para que prosperara la amnistía que le va a beneficiar.

Pero el principal ganador con la ley de amnistía será el expresidente catalán Carles Puigdemont, fugado en el otoño de 2017 y que, a diferencia de miembros de su Gobierno que se quedaron en España y fueron juzgados y condenados, ha logrado burlar a los tribunales y no ver afectados sus bienes. La amnistía permitirá a Puigdemont regresar a España con garantía de impunidad.

Otros dos expresidentes catalanes, Artur Mas y Joaquim Torra, se beneficiará también de la medida. Además de 'borrarse' las sentencias penales condenatorias dictadas contra ellos, al primero le desaparecerá la responsabilidad contable que declaró el Tribunal de Cuentas por haber empleado 4,9 millones de euros de dinero público en la consulta ilegal del 9-N.

También la financiación del referéndum del 1-O quedará sin responsabilidad, ya que el Tribunal de Cuentas tendrá que cerrar el proceso abierto a Puigdemont, Junqueras y otros consejeros y funcionarios de la Generalitat catalana.

A continuación, repasamos quiénes serían los principales beneficiados de la ley de amnistía que se presentará de forma inminente.