8 vocales propuestos por el PP piden un pleno del CGPJ: "La amnistía abole el Estado de Derecho"

Guilarte fue informado ayer de la iniciativa de los vocales del CGPJ José María Macías, José Antonio Ballestero, Carmen Llombart, Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández Martínez, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y Maria Ángeles Carmona, todos los designados por el PP menos el propio Guilarte (actualmente al frente de la institución) y Wenceslao Olea.

Los ocho consejeros proponen que el órgano de gobierno del Poder Judicial exprese "su intensa preocupación y desolación por lo que esa medida supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de Derecho en España".

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La declaración institucional se plantea "ejercitando y reafirmando las funciones constitucionales del Consejo General del Poder Judicial para la defensa de la plena vigencia de la Constitución, del Estado de derecho y de la integridad de la potestad jurisdiccional", según el texto propuesto, en el que se subraya que, pese a que el Gobierno es el promotor de la amnistía, la futura ley de amnistía se tramitará como proposición de ley, "con lo que se eludirá, una vez más, la función consultiva de este Consejo en aspectos sobre los que la Ley Orgánica del Poder Judicial exige su intervención".

El texto señala que el Consejo General del Poder Judicial "ha venido observando con creciente preocupación las declaraciones de miembros de algunos partidos políticos minoritarios, algunos de ellos con responsabilidades de gobierno, sobre la eventual amnistía de los delitos cometidos con ocasión de los episodios acaecidos el 1 de octubre de 2017, así como los también cometidos con anterioridad para su preparación, incluidos delitos de corrupción, y los que también se cometieron con posterioridad para oponerse a la acción legítima del Estado para llevar a sus autores ante la Justicia y restablecer el orden público y constitucional alterado".

Añade que, en la medida en que esas declaraciones no se respaldaban con una manifestación del presidente del Gobierno en funciones, el Consejo "ha preferido mantenerse en una actitud de prudente expectativa".

Pero el pasado sábado, durante el Comité Federal del PSOE, Sánchez afirmó "dos cosas: la primera, que efectivamente ha pactado una ley de amnistía con partidos políticos que incluye, entre otros, el dirigido por un prófugo de la justicia que se beneficiará personalmente de la medida; la segunda, que la medida se adoptará en 'interés de España' para impedir un eventual gobierno de partidos de derecha en caso de que hubiese repetición electoral".

"Cualquiera que sea la justificación formal o aparente que se le quiera dar en el preámbulo de la futura ley, su motivación real ya ha quedado expresada", señalan los vocales, para los que "más allá de la discusión sobre si realmente son constitucionalmente aceptables las amnistías para soslayar la prohibición constitucional de indultos generales, lo que en ningún caso cabe aceptar es una amnistía, y ni tan siquiera un indulto particular de los admitidos genéricamente por la Constitución, con el fundamento real expresado por el presidente del Gobierno en funciones".

Para los vocales proponentes, "confundir el 'interés de España' con el interés del presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política".

"Pero hacerlo exceptuando la aplicación de la ley para impedir la acción en curso de los tribunales o dejar sin efecto la que ya se hubiese producido mediante sentencias firmes, convirtiendo en papel mojado esas sentencias, es algo rotundamente incompatible con el principio de Estado de Derecho".

"Mercadeo por interés personal"

Consideran incompatible con el Estado de Derecho que los responsables políticos "queden exentos de responder de sus delitos ante los tribunales, cualquiera que sea la naturaleza de sus delitos, para que un aspirante a presidente del Gobierno pueda conseguir el beneficio personal y político de impedir el Gobierno de otras fuerzas políticas o, expresado por su reverso, para poder mantenerse en el Gobierno".

Ello supone "degradar y convertir nuestro Estado de Derecho en objeto de mercadeo al servicio del interés personal que pretende presentarse, desde el rechazo al pluralismo político, como el 'interés de España'".

Supone, añaden, generar una "casta jurídicamente irresponsable e impune", en contra del principio de responsabilidad de los poderes públicos y del "más elemental" principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley.

"Mal puede hablarse de independencia del Poder Judicial ni de seguridad jurídica cuando unas fuerzas políticas utilizan las leyes en su beneficio para impedir la acción de los tribunales", afirman.

A su juicio, lo que se violenta con la amnistía "no sólo es la Constitución con la que nos dotamos los españoles como marco de convivencia, sino también los compromisos asumidos por España en los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea para que en todo momento prevalezcan los principios de Estado de Derecho e independencia judicial".

"El riesgo de que llegue el momento en el que la Unión Europea decida no ser la coartada de un Estado que no cumple con sus principios debiera estar muy presente, en este momento crítico, en la previsión de quienes pretendan realmente actuar en el 'interés de España'”, concluyen.