Los nexos con Villarejo de Curro, el exsenador del PSOE afín a Sánchez que va camino del banquillo

¿El motivo del texto? Desmentir "las noticias e insinuaciones de que el actual Gobierno no goza del apoyo y solidaridad de sus más veteranos militantes". "Nos sentimos representados por Pedro Sánchez, nuestro secretario general, y al que sin reserva alguna damos nuestro total apoyo de cara a las elecciones generales del 23 de julio", concluía el manifiesto.

Apenas un mes después, el nombre de Francisco Rodríguez Martín ha vuelto a aparecer en otro documento. En esta ocasión, se trata de un auto del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que procesa al exsenador por Sevilla en el llamado caso Villarejo. Concretamente, en la pieza 25 de esta macrocausa.

El juez que instruye este caso, Manuel García-Castellón, señala que Rodríguez, apodado Curro, ejerció en 2011 de "intermediario" entre el comisario José Manuel Villarejo y la empresa de detergentes Persán SA.

El objetivo de este acuerdo era que el agente de policía —por entonces, en activo en el Cuerpo— garantizase a la compañía el cobro de cierta cantidad de dinero que le adeudaba la constructora Martinsa-Fadesa, encabezado por Fernando Martín.

Aquel encargo recibió el nombre de Proyecto Saving. "Se ha podido saber que la colaboración profesional fue solicitada formalmente en una reunión mantenida el 21 de julio de 2011 con la intención de mejorar la posición jurídica y negociadora de Persán SA", indica el auto con el que García-Castellón propone juzgar al exsenador, a Villarejo y a su socio Rafael Redondo en esta pieza 25 de la enorme causa.

Según relata el documento, el Proyecto Saving se ejecutaría en tres fases. El precio del encargo se fijó, en un primer momento, entre los 375.000 y 1,2 millones de euros, a los que podría sumarse un porcentaje en función de los objetivos alcanzados o una posible "provisión de fondos" de otros 800.000 euros.

La investigación de la Audiencia Nacional constató que Persán SA abonó, al menos, medio millón de euros a las empresas del Grupo Cenyt, propiedad de Villarejo.

De acuerdo con García-Castellón, los hechos investigados corresponden a los delitos de cohecho activo y revelación de secretos por parte del exsenador por Sevilla. En el caso del ya comisario jubilado y de su socio, a los supuestos delitos de cohecho pasivo y descubrimiento y revelación de secretos.

Según refleja la web de la Fundación Pablo Iglesias, Rodríguez Martín es director administrativo de esta asociación, que honra la memoria del fundador del Partido Socialista. "Con orígenes familiares de izquierda, su abuelo paterno y un tío materno fueron fusilados como consecuencia de la Guerra Civil", relata su biografía, que también narra los problemas de Rodríguez con la policía franquista, dada su militancia clandestina.

Persán SA

De hecho, la web también señala que, actualmente, el exsenador forma parte de la cúpula de la Fundación Persán, fundada por la empresa del mismo nombre y dedicada desde 2006 a fomentar el empleo y la "acción social contra la pobreza". La página también reseña que es "conocido como Curro", tal y como hace el auto de la Audiencia Nacional que le envía ahora al banquillo.

José Moya Sanabria, dueño de Persán SA y fundador de la Fundación Persán, no se sentará en el banquillo de los acusados, ya murió en el 2021 a los 67 años de edad. También se libra, por el momento, el exdirectivo de Persán Raúl Jara, para quien el juez ha archivado provisionalmente la causa, al no haber indicios de delito contra él. Quienes sí compartirán banquillo —es lo previsible— son Villarejo y el exsenador Rodríguez Martín.

Curro, el presunto inductor del encargo, fue senador del PSOE por su provincia natal entre 2004 y 2008, durante la VIII Legislatura. Tras abandonar la Cámara Baja, pasó a formar parte del Consejo de Administración de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía como parte de la cuota del Partido Socialista. Llegó ocupar el cargo de vicepresidente y de presidente en funciones.

Cuando tuvo que declarar como investigado ante el juez, Villarejo manifestó que el PSOE, tanto a nivel regional como nacional, le instó a "proteger" a la empresa Persán SA, que había sufrido un perjuicio económico tras sus negocios con Martinsa-Fadesa y que, según Villarejo, era "donante" del PSOE andaluz. Cuando Rodríguez Martín fue interrogado por el juez, se acogió a su derecho a no declarar.