Jueces, fiscales y vocales del CGPJ, el pasado viernes en la puerta del Ministerio de Justicia./
Jueces y fiscales ven insuficiente la oferta del Gobierno, inferior a la subida de los secretarios
Las asociaciones se reúnen hoy de nuevo a negociar con Justicia y Hacienda, con la huelga convocada para la semana que viene de fondo.
8 mayo, 2023 02:42Las asociaciones de jueces y fiscales se reúnen este lunes por segunda vez en la mesa de retribuciones con los Ministerios de Justicia y Hacienda, mientras sigue avanzando la cuenta atrás hacia el inicio de una huelga indefinida convocada para el día 16.
Nadie quiere la huelga, pero las asociaciones consideran insuficiente la oferta de actualización salarial que los representantes del Gobierno les trasladaron el pasado viernes, cuando la mesa de retribuciones se reunió por primera vez desde su creación en 2003.
La propuesta de la Administración se centra en un aumento lineal y escalonado del complemento de destino, justificado por los cambios que conllevará la implantación de la Ley de Eficiencia Organizativa, actualmente en tramitación parlamentaria.
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Justicia y Hacienda ofrecen un incremento de unos 300 euros mensuales brutos para los presidentes y magistrados de la Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales y, en el caso de los fiscales, para los de segunda categoría que asumen funciones de jefatura o coordinación.
El complemento de destino de los jueces centrales y magistrados de órganos unipersonales, así como de los fiscales de segunda categoría, aumentaría unos 490 euros mensuales brutos.
En el caso de los jueces y fiscales de tercera categoría el incremento sería de 460 euros mensuales brutos.
La subida del complemento de destino sería gradual y no terminaría de plasmarse en las nóminas hasta 2025. Según la propuesta, el 40% de aumento se percibiría a la firma del acuerdo; otro 40% el 1 de enero de 2024 y el restante 20% el 1 de enero de 2025.
Las organizaciones profesionales de la Judicatura y la Fiscalía valoran la "actitud negociadora" de Justicia y Hacienda, pero creen que la oferta del viernes se queda muy corta respecto a las aspiraciones de recuperación del poder adquisitivo perdido por ambas carreras desde 2010, que cifran en un 20%.
El aumento retributivo planteado, para el que Justicia pondría 44,6 millones de euros, representa una recuperación de apenas el 6% del poder adquisitivo.
Las asociaciones consideran incomprensible que para los letrados de la Administración de Justicia, con una menor responsabilidad que los jueces y fiscales, se haya aprobado un aumento salarial lineal mayor que el que se ofrece a la Judicatura y al Ministerio Público.
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La subida promedio firmada el pasado 28 de marzo por los letrados de la Administración de Justicia y con la que pusieron fin a dos meses de huelga fue de 440 euros. La que se ofrece a jueces y fiscales es de 416 euros de media.
Justicia y Hacienda centran su propuesta en ese aumento del complemento de destino y han dado a entender que el resto de las demandas de los colectivos judicial y fiscal han de quedar fuera de este acuerdo.
Éste es otro punto de discrepancia que centrará la reunión de hoy.
Las asociaciones empezaron a pergeñar una contrapuesta nada más salir de la mesa del pasado viernes y no han dejado de tener conversaciones desde entonces para tratar de mantener una postura unitaria este lunes. Con ese fin está prevista una reunión de los representantes asociativos previa a la mesa de retribuciones.
La idea es reclamar un incremento mayor de la subida del complemento de destino de manera que supere la de los letrados de la Administración de Justicia.
También consideran que el escalonamiento es demasiado prolongado y que la diferencia del aumento entre las distintas categorías es excesiva.
Varias asociaciones consideran que un eventual acuerdo debería incluir también la modificación de los trienios, que ahora se traduce en un incremento del 5% del sueldo correspondiente a la categoría de ingreso.
A su parece, ese porcentaje tendría que aplicarse al sueldo correspondiente a la categoría que se ostente cuando se cumpla el trienio (en vez de al sueldo que se tenía al ingresar en la carrera), como ocurre en la Administración General del Estado.
