Miguel Colmenero, en una imagen de archivo./
La Sala Penal del TS, la única que se libraba de la precariedad, tiene ya una vacante que no se cubrirá
La jubilación del prestigioso magistrado Miguel Colmenero eleva a 22 las plazas vacías, el 27,5% de la plantilla del Tribunal Supremo.
14 abril, 2023 03:46La jubilación este jueves de Miguel Colmenero, uno de los magistrados de mayor prestigio y reconocimiento en el Tribunal Supremo, eleva ya a 22 las vacantes existentes en el alto tribunal, el 27,5 por ciento de su plantilla. Esas plazas no podrán ser cubiertas debido a la ley que impide hacer nombramientos discrecionales al Consejo General del Poder Judicial, en prórroga de mandato desde diciembre de 2018.
Hasta ahora, las vacantes afectaban a las Salas Civil, Social, Militar y, sobre todo, a la de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Con la baja de Colmenero, la Sala Penal, la única que se libraba de la insuficiencia de magistrados, entra también en esa dinámica, sobre la que el alto tribunal y el CGPJ vienen alertando, sin obtener ninguna reacción del Parlamento ni del Gobierno.
La jubilación de Colmenero se suma a otras dos bajas registradas en las últimas semanas: la de Inés Huerta, magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo hasta el pasado 27 de marzo, cuando se jubiló, y la de Francisco Arroyo, de la Sala Civil, que se marcha de forma voluntaria.
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Con ello, la Sala Civil tiene ya tres vacantes. Su planta son nueve magistrados y el presidente, con lo que ahora funciona con seis magistrados y un presidente, Francisco Marín, que también debe ejercer la presidencia en funciones del Tribunal Supremo debido a la dimisión de Carlos Lesmes el pasado octubre.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo, con una plantilla de 32 magistrados y el presidente, registra en estos momentos 11 vacantes. El magistrado Pablo Lucas ejerce la presidencia en funciones desde el nombramiento de César Tolosa como miembro del Tribunal Constitucional, el pasado diciembre.
La Sala de lo Social, con un presidente y 12 magistrados en su plantilla, tiene cinco vacantes. Rosa Virolés ejerce la presidencia de forma interina, pero se jubila dentro de tres meses, lo que agravará la situación.
La Sala de lo Militar, compuesta por el presidente y siete magistrados, tiene dos vacantes.
El pasado 17 de febrero, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó dirigirse al Congreso y al Senado para que conozcan la "crítica situación" en la que se encuentra el Tribunal Supremo debido a la ley que impide al CGPJ hacer nombramientos.
Esa ley, vigente desde marzo de 2021, fue impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez para forzar al PP a renovar el órgano de gobierno de los jueces. Pero lo cierto es que el único resultado obtenido es el deterioro de la situación del alto tribunal.
Como solución de emergencia, la Comisión Permanente también decidió reclamar al Ministerio de Justicia la dotación de ocho letrados más para la Sala de lo Contencioso-Administrativo y siete para la Sala de lo Social.
El último informe de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, elaborado el pasado enero, estima que sólo en esas dos Salas se dictarán este año unas 1.230 sentencias menos (570 menos en Contencioso y 660 en Social).
Ello se traducirá en "un grave perjuicio para el justiciable" y en un significativo retraso en miles de resoluciones que abocarían al “colapso” a ambas Salas.
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