Miles de juicios atrasados, 1.300 millones bloqueados: fin a dos meses de huelga de los letrados de Justicia

Los más de dos meses de huelga de los letrados de la Administración de Justicia han provocado la suspensión de más de 360.000 actos judiciales y el bloqueo de 1.300 millones de euros en las cuentas de consignación de los Juzgados.

El parón, que previsiblemente llegará a su fin este martes, también ha supuesto que se acumulen 425.000 demandas pendientes de reparto. No obstante, este lunes, de forma mayoritaria, los distintos comités regionales votaron a favor de poner fin a la huelga y aceptar la subida salarial que el Ministerio de Justicia les ha ofrecido.

Así lo comunicaron la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ). Este martes, a partir de las 11.00, estas tres entidades se reunirán con el departamento que encabeza Pilar Llop y, si todo marcha según lo previsto, firmarán el acuerdo.

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El motivo de este conflicto ha sido salarial. Los anteriormente llamados secretarios judiciales reivindicaban una remuneración mayor, al haber aumentado el número de responsabilidades que desempeñan en los Juzgados.

En su propuesta, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el Ministerio de Justicia se abre a mejorar "la cuantía de su complemento específico". Concretamente, estos "complementos de eficiencia" supondrían un aumento de salario que va desde los 430 euros mensuales hasta los 450.

"El 40% del incremento mensual resultante tendrá efectos económicos de 1 de enero de 2023. El segundo 40% del incremento mensual resultante tendrá efectos económicos de 1 de enero de 2024. El 20% restante del incremento mensual tendrá efectos económicos de 1 de julio de 2024", indica el documento.

No obstante, esta oferta queda lejos de la llamada "cláusula de enganche" con la que los LAJ pretendía asimilar sus retribuciones a las de jueces y fiscales, que están reguladas por una norma propia. EL ESPAÑOL ha consultado al Ministerio de Justicia por el coste económico que tendrá su oferta. Por el momento, no ha obtenido respuesta.

Protesta de LAJ frente al Ministerio de Justicia. Europa Press

Por otro lado, el departamento que encabeza Pilar Llop se compromete a colaborar con las asociaciones convocantes de la huelga para varios objetivos. Entre ellos, favorecer la participación de este Cuerpo Superior en las leyes y reformas del ámbito de la Justicia, "como impulsores destacados de las reformas emprendidas y como responsables de los nuevos planteamientos organizativos en las respectivas Oficinas Judiciales o centros de destino".

Asimismo, ambas partes colaborarán en "las reformas normativas, tanto de ámbito legal como reglamentario, que resulten adecuadas para complementar y apoyar las previstas en las leyes de eficiencia, las relaciones de puestos de trabajo de las oficinas judiciales de los tribunales de instancia, donde se reflejen las obligaciones derivadas de la eficiencia organizativa, especialmente en materia de digitalización y responsabilidad por la protección de datos".

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Las entidades de LAJ, según consta en la propuesta de Justicia, también tendrán voz en "la planificación de los objetivos indicadores y evaluación que permita la implantación de la carrera profesional del colectivo".

En respuesta a esta oferta, la UPSJ, el CNLAJ y la AINLAJ consideran que el Ministerio ha "asumido" la importancia de estos funcionarios y la "entidad de las tareas" que tienen encomendadas.

"No sólo se han puesto de manifiesto durante las jornadas de huelga, sino que, además, se reconocen ahora, con una propuesta que no llega a donde nos gustaría a todos, pero que valoramos en beneficio del servicio público que prestamos", indican.