La dirigente del PP Eva Ortiz, autora de la petición al Gobierno.
El Supremo da 10 días al Gobierno para entregar al PP la lista de beneficiarios de fondos UE: "Nombre y DNI"
El ejecutivo deberá facilitar el listado completo, después de que el Supremo le reprochase que sólo quiso aportar el listado de los 100 mayores perceptores.
Más información: El PSOE trabaja para cerrar listas conjuntas de izquierda al Senado y ya tiene avanzadas las de Baleares y Navarra
El Tribunal Supremo (TS) ha dado un plazo de diez días al Gobierno central para entregar a una senadora del PP la lista completa de los beneficiarios de los Fondos Next Generation, ideados por la Unión Europea para paliar las consecuencias de la Covid-19.
En una resolución a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la Sala Tercera del TS, dedicada a los asuntos contencioso-administrativos, subraya que Moncloa deberá indicar en dicho listado "nombre, apellidos y DNI" de las personas que recibieron dichas ayudas, repartidas por el Ejecutivo central.
En junio de 2025, la senadora del PP Eva Ortiz fue la que solicitó esta información, a través del cauce por el cual los parlamentarios pueden pedir datos a la Administración.
Sin embargo, en un primer momento, el Gobierno denegó esta petición. Moncloa se limitó a dirigir a Ortiz a la web oficial en la que están publicados los 100 principales perceptores de dichos fondos.
No obstante, la senadora presentó un recurso contencioso-administrativo contra la negativa del Gobierno a facilitarle todos esos datos. Y el Supremo le dio la razón en una sentencia.
"Es evidente", concluyó el TS, "que no es lo mismo dar información de los 100 mayores perceptores de fondos (...) que dar información de los perceptores de fondos por cuantía superior a 10.000 euros, que era lo solicitado".
"A juicio de esta Sala", determinó el Supremo, "el Gobierno no ha facilitado la información solicitada". "Y, además, su respuesta tampoco daba razón fundada en Derecho que le impidiese facilitar la concreta información solicitada", añadió la sentencia, fechada el pasado abril.
Ahora, la Sala Tercera da un plazo de 10 días al Ejecutivo central para cumplir dicho fallo.