La Audiencia Nacional investiga a la cúpula de ETA en el año 2000 por el atentado contra un juez

El juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ha admitido a trámite una querella de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia contra la cúpula de la banda terrorista ETA cuando se produjo el atentado con el que el comando Madrid acabó con la vida del magistrado del Tribunal Supremo José Francisco de Querol Lombardero, su chófer y su escolta, el 30 de octubre del 2000.

Como consecuencia de las heridas provocadas por la explosión de un coche-bomba, también murió un conductor de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de la capital. Más de 60 personas resultaron heridas y 400 viviendas sufrieron daños severos.

En un auto fechado el pasado 17 de diciembre, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el magistrado cita a declarar a los once querellados y ordena a la Dirección General de Policía y a la de la Guardia Civil que entreguen la información, "nombre a nombre", que posean ambos cuerpos sobre la dirección de ETA —también llamada zuba— en octubre del año 2000, "que hubiese dado cobertura y soporte efectivo al comando Madrid posibilitando la presencia clandestina efectiva y su operatividad criminal".

Como responsable del comando Madrid, la querella de Dignidad y Justicia señala a Gorka Palacios Alday, de quien Santiago Pedraz ha pedido conocer su currículum en la banda terrorista: sus funciones, cuándo se integró en ETA, cuándo se convirtió en responsable del comando, cuándo cesó como tal y si pasó a desempeñar cargos superiores.

Alday, detenido en Francia en 2003, fue condenado en 2010 a 83 años de cárcel como autor de otro atentado con coche-bomba. Además de éste, pertenecieron a dicho comando Iván Apaolaza Sancho, Ana Belén Egües Gurruchaga y Juan Luis Rubenach Roig (penado con más de mil años de prisión).

La querella, admitida a trámite con el respaldo del fiscal, se dirige contra un total de 11 personas, supuestos dirigentes de la banda: Ignacio Miguel Gracia (alias Iñaki de Rentería), Juan Carlos Iglesias (Gadafi), Javier García Gaztelu (Txapote), Juan Antonio Olarra Guridi (Jokin), Ainhoa Múgica Goñi (Olga), Asier Oyarzabal Chapartegui (Balza), Mikel Albisu (Mikel Antza), Vicente Goicoetxea Barandiaran (Willy), Ramón Sagarzazu (Ramontxo) y María Soledad Ipaguirre (Anboto).

Asimismo, Pedraz solicita la identidad de "cualesquiera otros posibles mandos intermedios" que hubieran podido intervenir entre la zuba y los ejecutores del atentado contra el magistrado Querol. Del mismo modo, busca conocer a los "implicados en la consecución y exitosa introducción clandestina" de la gran cantidad de explosivos que fueron detonados en el coche-bomba que acabó con la vida del juez.

También, el proceso de toma de decisiones en el comité ejecutivo de la banda terrorista, el "modus operandi de la subsiguiente transmisión de instrucciones, órdenes o directrices de la zuba a los comandos en el periodo de los hechos" y del intercambio de información sobre los objetivos de la banda terrorista.

La Audiencia Nacional también pide a la Policía y la Guardia Civil conocer, si lo hubiera, el resto de integrantes del comando Madrid, sus altas y bajas desde 1999 hasta el 2000, así como sus colaboradores y la identidad de quien ejerciera de lugarteniente o mano derecha de Alday cuando sucedieron los hechos investigados, así como las vías de comunicación entre este grupo y la zuba.

La causa

En septiembre de 2016, la Audiencia Nacional ordenó al juez José de la Mata la reapertura, por cuarta vez, del sumario sobre el atentado que acabó con la vida del juez Querol, tras una petición de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

El caso se archivó, por primera vez, en 2003 por falta de autores conocidos, pero en 2006 se reabrió y unos meses más tarde se volvió a cerrar. Ocho años después, en 2014, se abrió para investigar los restos del coche-bomba. En 2015, a petición de la AVT, se volvió a abrir y se acordaron una serie de diligencias periciales. Se archivó otra vez y se reabrió en 2016.

Dignidad y Justicia

De esta forma, ahora, como ya contó este periódico, la asociación de víctimas Dignidad y Justicia, presidida por Daniel Portero, pretende impulsar una nueva estrategia jurídica para la persecución de crímenes impunes cometidos por la banda terrorista ETA.

Mediante el propio Código Penal español, sin necesidad de recurrir al Derecho Internacional, buscan llevar al banquillo a más de una treintena de líderes etarras a los que la asociación de víctimas tacha de "presuntos autores detrás del autor" y que, a su juicio, serían posibles corresponsables de haber segado más de seis decenas de vidas entre 1990 y 2009. Unos hechos que todavía no habrían prescrito.

Esta estrategia jurídica fue transmitida a la delegación del Parlamento Europeo que visitó Madrid el pasado noviembre para interesarse por este asunto.

"[Los líderes de ETA] son más autores que los propios ejecutores finales de los asesinatos. Porque si el ejecutor final no asesinaba podía ser sustituido por otro, eran fungibles, intercambiables, y la víctima no se salvaba. Pero si la zuba (dirección de la banda) acordaba detener una campaña de asesinatos, los ejecutores fungibles se detenían y eso sí salvaba a la víctima", manifestó Portero ante la delegación europea.

Tal y como explicó entonces a EL ESPAÑOL Miguel Ángel Rodríguez Arias, abogado de Dignidad y Justicia, la organización pretende esgrimir la "responsabilidad por el mando" de una lista de 35 líderes etarras para exigir la "activación inmediata" de una persecución a estos "autores detrás del autor".

"La causa por lesa humanidad [a nivel europeo, para tratar de enjuiciar a los responsables de los crímenes aún impunes] sigue intacta, aunque paralizada", contó el letrado. "Pero hasta que eso no prospere, entendemos que se dan los requisitos del art. 28 del Código Penal", explicó Rodríguez.

¿Qué dice este artículo? Que "son autores [criminalmente responsables de los delitos] quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento". No obstante, también otorga esta calificación a "los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo" y "los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado".

Por ello, Dignidad y Justicia señaló en un dosier presentado a los europarlamentarios a estos 35 jefes de la banda por su "supuesta autoría mediata, debido a su dominio de la organización terrorista".

El atentado

Pasadas las nueve de la mañana del 30 de octubre del año 2000, ETA acababa con la vida del magistrado de Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo, el general tarraconense José Francisco de Querol y Lombardero (69 años), así como de sus acompañantes en su coche: el policía Jesús Escudero García (53) y el chófer Armando Medina Sánchez (57).

Los terroristas hicieron explotar en la madrileña Avenida de Badajoz un coche-bomba robado con cerca de 40 kilos de dinamita y grandes cantidades de metralla en su interior.

El atentado hirió de gravedad a Jesús Sánchez Martínez, conductor de un autobús municipal, que fallecería tiempo más tarde.