La familia Pujol en una imagen de archivo.

La familia Pujol en una imagen de archivo. Efe

Tribunales

La UDEF cifra por primera vez el botín del clan Pujol: 290 millones en actos de "crimen organizado"

Un informe vincula el "patrimonio desmedido" de la familia a ingresos fruto de la corrupción en la época en que el patriarca presidía la Generalitat.

El origen de la multimillonaria fortuna atesorada por los Pujol Ferrusola en los años en que Jordi Pujol Soley estuvo al frente de la Generalitat (1980-2003) no está en la herencia del abuelo Florenci. "La familia habría aprovechado su posición privilegiada de ascendencia en la vida política/social/económica catalana en pro de acumular un patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas fruto de conductas corruptas", afirma la UDEF en un informe fechado el pasado 30 de julio que recopila los datos obtenidos a lo largo de la investigación sobre los fondos ilícitamente obtenidos y luego blanqueados a través de una compleja operativa.

"No nos cabe duda de incardinar las conductas [de los miembros del clan Pujol] dentro del concepto de crimen organizado", asegura el informe, que se extiende a lo largo de 222 folios más anexos y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Aunque los investigadores afirman que no se trata de las "tradicionales" asociaciones "tipo mafia", sí hablan de la existencia de una "organización para acometer un negocio criminal" que prosperó, en su mayor parte, en Cataluña en la época en la que el molt honorable Pujol Soley ejercía su ascendiente. El negoci habría consistido en obtener comisiones ilegales "directamente asociadas a actos administrativos de resolución por instancias de esa comunidad autónoma que engloban toda su administración, desde las Consejerías de Gobierno a entes con personalidad jurídica propia vinculados, como puertos marítimos, consejos comarcales, diputaciones, ayuntamientos, etc.".

Esa actividad "apuntaría claramente a la comisión de hechos relacionados con la corrupción política y privada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal".

La UDEF, por primera vez, cuantifica el beneficio supuestamente obtenido en provecho del clan: 290 millones de euros.

El legado de Florenci

Esa fortuna no procede de la multiplicación milagrosa las herencias que dejaron sus padres a Jordi Pujol Soley y Marta Ferrusola Llados, en contra de lo que éstos han sostenido en sede judicial. En los registros practicados en los domicilios de la familia los investigadores encontraron documentos notariales relativos al patrimonio recibido de sus antecesores en los que no había referencia alguna ese legado de fondos ocultos en cuentas andorranas al fisco español durante más de veinte años.

Esas cuentas, "alimentadas con comisiones ilícitas", afirma la UDEF, no sólo enriquecieron a los Pujol sino que también "sirvieron para financiar campañas electorales de CDC, que en gran parte finalmente se pagaron con dinero procedente de empresas adjudicatarias de concursos públicos" de la Administración autonómica catalana.

El informe atribuye al primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, un rol "esencial" tanto en la gestión de la fortuna familiar en el extranjero como en la presunta financiación ilegal de CDC, hasta el punto de que la Policía asegura que "JPF ha jugado un papel relevante en la transformación del partido político CDC como un sitio cerrado, opaco, y en la creación de un organigrama con entidades satélites que ha favorecido la corrupción, como las fundaciones conexas".

JPF, "recaudador del 3%"

La UDEF llega a sostener que Jordi Pujol Ferrusola "habría desarrollado las funciones atribuibles a Andreu Viloca [extesorero de CDC] en cuanto a la recaudación del 3%, u otros porcentajes, en los primeros gobiernos autonómicos catalanes, si bien habría derivado una parte sustancial del dinero al patrimonio de la familia Pujol Ferrusola".

La Policía basa esa afirmación en el análisis de dos agendas manuscritas correspondientes a los años 1995 y 1996 cuya propiedad atribuye a Jordi jr. Fueron encontradas en la sede de las "sociedades instrumentales" manejadas por él, situada en la calle Ganduxer de Barcelona.

En esos documentos hay anotaciones que indicarían que Jordi Pujol Ferrusola visitaba personalmente dependencias de la Administración autonómica catalana ('Generalitat', 'Foment', 'Consell NSMC', 'Diputació') y se reunía con altos cargos relacionados con los ámbitos de desarrollo empresarial, energía y economía y hacienda.

Paralelamente, las agendas reflejan numerosas entrevistas con representantes de empresas privadas. Una de las más citadas es FCC. El nombre de su directivo en Cataluña, Jordi Piera Coll, aparece veinte veces.

Referencia a 'FCC Palau' en la agenda./

Referencia a 'FCC Palau' en la agenda./ E.E.

La Policía destaca la existencia de referencias a proyectos y obras concretas como 'FCC Palau', 'FCC Vall d'Hebron' o 'FCC proyecto en Mataró' y colige que "JPF interviene de algún modo en esas obras, cuyas connotaciones en el caso del Palau son notorias dado el procedimiento del mismo nombre en el que hubo una condena judicial en la que se dio por cierto el pago de comisiones".

También hay referencias a la constructora Huarte, con cuyos representantes se vio Jordi Pujol Ferrusola el 9 de febrero de 1995, según la agenda. El informe recuerda que "justamente ese año 1995 Huarte facturó más de cuatro mil millones de pesetas a la Generalitat de Cataluña, habiendo pagado supuestamente comisiones a través de sociedades vinculadas a Juan Rosillo, parte de las cuales acabaron en Lluis Prenafeta, mano derecha de Jordi Pujol Soley y empleador, por cierto, de JPF".

Según la investigación policial, parte de esas comisiones habrían acabado en cuentas en Andorra asociadas a Josep Pujol Ferrusola a través de una estructura off-shore supuestamente gestionada por Rosillo. La Policía ha comprobado "el cobro de 146.490 dólares en la cuenta AND 81756 titulada por Josep Pujol remitidos desde España por Colil Capital NV, perceptora previamente de capitales desde Huarte".

En la agenda aparecen doce referencias a encuentros con 'Guinovart', apellido que la Policía asocia a Antonio Guinovart, administrador de las mercantiles Furnot S.A. y Piedras del Pirinero. En 1998 esas sociedades habrían pagado 69.306.400 pesetas a una sociedad de Jordi Pujol Ferrusola. El informe recuerda la imputación de Guinovart en el caso del 3% y en el caso Hacienda, en el que no fue a juicio.

Hay siete referencias a reuniones con Josep Rubau, presidente de una constructora que ha obtenido numerosos contratos de la Generalitat. Rubau fue condenado en 2016 por sobornar al exgerente de obras en carreteras de la empresa pública Gisa (actual Infraestructures.cat) a cambio de adjudicaciones. En 2001 Construcciones Rubau fue investigada junto a Ferrovial, Copisa y FCC por el aumento de la facturación de las obras de ampliación del dique este del puerto de Barcelona, cuyo importe de licitación fue de 165 millones de euros.

En febrero de 1996, Jordi Pujol Ferrusola transfirió 50 millones de pesetas a una cuenta de la que era titular Rubau. Los investigadores creen que se trataría de una inversión conjunta en la que JPF "se habría parapetado" detrás del constructor.

Repsol aparece en la agenda en nueve ocasiones. La UDEF destaca la cita del 12 de junio de 1995 porque se produjo seis días después de una visita que Jordi Pujol Ferrusola hizo a Agustí Andreu, entonces subdirector general de Energía de la Generalitat.

Cita con el subdirector de Energía.

Cita con el subdirector de Energía.

El informe califica al primogénito como "un eslabón trascendente en el devenir histórico del partido CDC", asignándole unas funciones que "se asimilarían a la de ser uno de los primeros tesoreros de la formación, obviamente de modo informal y en la sombra".

Financiación de CDC

Señala que JPF era titular de una posición financiera en Andorra "que se habría utilizado para canalizar sus ganancias provenientes de actividades conexas con la corrupción" y que sirvió para avalar la concesión de cuatro créditos bancarios a tres empresas proveedoras de servicios destinados a las campañas electorales de CDC: Hispart, Altraforma y Winner Graph.

Según los investigadores, esos créditos nunca tuvieron como prestatarios reales a las empresas solicitantes sino que "su origen y destino fue dispuesto por el partido político Convergencia Democrática de Catalunya".

El aval de Jordi Pujol Ferrusola se canalizó a través de comunicaciones interbancarias tipo SWIFT-MT "en un acto de ocultación y, a la par, de eficacia directa operativa, propio de personas con conocimientos avezados".

"A pesar de disponer de la totalidad de la financiación otorgada, que ascendió a 2.203.036,31 euros, el partido político CDC únicamente habría resarcido una parte de esos capitales mediante transferencias periódicas previas al devengo de los recibos periódicos. El resto de los préstamos habría sigo pagado a través de diversas empresas, todas ellas relacionadas con la administración autonómica de Cataluña por ser adjudicatarias de obras, concesiones, proyectos urbanísticos, etc., existiendo indicios razonables de actos de corrupción en algunas de estos actos administrativos", indica el informe policial.

Según la UDEF, "en absoluto puede considerarse la operativa como algo puntual" ya que se habría extendido hasta 2006, cuando se prorrogaron los avales desde Andorra a través de una cuenta corriente titulada por Francesc Robert Ribes, ex director de RTVA (radiotelevión andorrana), considerado un testaferro de Pujol Ferrusola.