Imagen de urnas del 1-O.

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Tribunales

El fiscal pide agravar el procesamiento de 28 acusados por el 1-O por ser una banda criminal

El Ministerio Público no ve contradicción con la acusación que mantiene en el Supremo. Considera "insuficientes" los delitos atribuidos a los encargados de la logística del referéndum ilegal.

La Fiscalía de Barcelona quiere que 28 procesados por haber preparado el referéndum independentista ilegal del 1-O respondan también de un presunto delito de organización criminal. Por ello, ha recurrido en reforma el auto de procesamiento dictado el pasado abril por la titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Alejandra Gil, que apreció delitos de malversación, prevaricación, desobediencia, falsedad documental y revelación de secretos.

En la causa, considerada la 'madre' de las investigaciones judiciales sobre el 'procés' no sólo porque fue la primera sino también porque de ella se han nutrido los procedimientos abiertos en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional, están procesados altos cargos de la Generalitat que fueron subordinados de Oriol Junqueras, Jordi Turull y Dolors Bassa. El procesamiento también incluyó a tres responsables de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (TV3 y Catalunya Radio); a la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal, y a cinco empresarios.

La Fiscalía considera que en el propio auto de procesamiento hay base para añadir el delito de organización criminal. Gil afirmó que existen indicios de que los encausados contribuyeron al "fin conjunto" de celebrar un referéndum y constituir Cataluña como un estado independiente. Para ello, según la jueza, llevaron a cabo actos decisivos "dentro de sus respectivas competencias o ámbitos de actuación".

Para el Ministerio Público, se dan todos los requisitos del delito de organización criminal porque los procesados actuaron "de forma concertada y permanente en el tiempo y con la finalidad de conseguir por vías delictivas la secesión de la comunidad autónoma de Cataluña del reino de España mediante su aportación individual y jerarquizada", según el recurso, adelantado por El País.

El recurso, que tiene el visto bueno de la Fiscalía General, sostiene que "este complejo de personas con organigrama y planificación previa, pertrechadas normalmente con medios adecuados a los fines delictivos propuestos, hace que resulte más difícil al Estado luchar contra tales redes perfectamente estructuradas, que a su vez realizan, lógicamente, operaciones de mayor envergadura".

Los fiscales creen que existió una jerarquía dada la "participación del entonces presidente de la Generalitat", Carles Puigdemont, procesado por rebelión y prófugo de la Justicia; del vicepresidente Junqueras y de varios consejeros que en este momento están siendo juzgados por el Tribunal Supremo.

Sin contradicciones

Fuentes de la Fiscalía explicaron que la petición de ampliar el procesamiento al delito de organización "no presenta ninguna contradicción" con la acusación que el Ministerio Público mantiene en la causa que juzga la Sala Penal del Supremo.

Indicaron que el delito de rebelión lleva ínsita la existencia de una organización criminal y por ello no puede ser objeto de acusación independiente en la causa del Tribunal Supremo.

El procedimiento del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona es diferente. Se dirige contra el segundo escalón del 'procés' -los operativos que presuntamente estuvieron a cargo de la logística del 1-O (aplicaciones informáticas, campaña de anuncios, censo, etc.)- y no incluye los hechos que sí son objeto de acusación en el Supremo: la decisión de mantener la convocatoria del referéndum ilegal a sabiendas de que se desencadenaría violencia, la creación de una legalidad paralela y, finalmente, la declaración de independencia aprobada el 27 de octubre de 2017. 

Además de pedir la ampliación del procesamiento al delito de organización criminal, la Fiscalía de Barcelona solicita que se procese -por este delito y también por desobediencia- a la exdirectora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT) Àngels Barberà, que estuvo imputada pero para quien la jueza instructora decidió finalmente archivar el procedimiento.

En cambio, pide exculpar a tres de los procesados por Gil: Montserrat Vidal, exresponsable del área de Procesos Electorales y Consultas Populares de la Generalitat; José Maria Gispert, gerente de la empresa donde se imprimieron documentos vinculados al 1-O, y a Meritxell Massó, exsecretaria general de Gobernación. Los tres están procesados por desobediencia.