Daniel Baena./

Daniel Baena./ E.E.

Tribunales

Las defensas no logran desacreditar al mando de la Guardia Civil cerebro de la investigación del 1-O

El teniente coronel Baena apuntala la tesis de las acusaciones mientras supera las preguntas sobre una cuenta de Twitter dirigidas a cuestionar su imparcialidad.

No habían pasado ni 20 minutos de interrogatorio de la fiscal Consuelo Madrigal cuando el teniente coronel Daniel Baena soltó el leitmotiv de su comparecencia en el juicio del 'procés': lo que ocurrió en Cataluña desde los días 19 y 20 de septiembre de 2017 hasta el 27 de octubre fue un "período claramente insurreccional".

El mando de la Guardia Civil que lideró las investigaciones sin las cuales no hubiera sido posible la vista que se celebra en el Tribunal Supremo eligió bien las palabras. No habló de rebelión ni sedición, pero casi. El diccionario define la insurrección como el "levantamiento, sublevación o rebelión de un pueblo".

Xavier Melero, el abogado del exconsejero de Interior Joaquim Forn, detectó el peligro de las palabras e intentó que el presidente del tribunal corrigiera a testigo, pero a quien rectificó Marchena fue al letrado. "Insurrección no es un concepto jurídico y además no vincula a la Sala", explicó el magistrado, siempre didáctico.

Los días 19 y 20 de septiembre se realizaron las primeras detenciones de altos cargos de la Generalitat por su presunta vinculación con la preparación del referéndum ilegal del 1-O, se llevaron a cabo 41 registros donde se encontró ingente material probatorio y la Guardia Civil intervino 9 millones de carteles, 5,3 millones de tarjetas censales y 56.000 cartas que se iban a enviar a los miembros de la mesas de votación.

Fue un "golpe duro", dijo Baena, que tradujo en cifras lo que sucedió después: de las dos acciones contra la Guardia Civil que se habían registrado antes del 19 de septiembre se pasó a 84 durante el "período insurreccional".  "Aquello era un polvorín. Cualquier incidente pequeño podía derivar en una escalada incontrolable", describió. Tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución el 27 de octubre volvió la calma y se registraron sólo dos incidentes.

Baena no dio puntada sin hilo. Aprovechó una pregunta de la abogada del Estado Rosa Seoane sobre si hubo llamamientos a realizar concentraciones cuando la Guardia Civil volvió a registrar la sede de Òmnium tras el 27 de octubre para poner de manifiesto el control social de las organizaciones soberanistas: "No hubo llamamientos. Al contrario, hicieron llamamientos para que no hubiera concentraciones. Y no hubo", dijo el teniente coronel. Hasta al actitud de los Mossos había cambiado: "Hacían dispositivos más efectivos".

Las defensas no hicieron mella en un testigo que había generado expectación y que tenía los mensajes claros: "Había unidad de propósito de los actores implicados", "la movilización social fue determinante para hacer presión y elevar el nivel de conflictividad con el Estado".

Empeñadas en centrarse en los indicios de los atestados cuya elaboración dirigió Baena, las defensas escogieron un camino estéril no sólo por la solidez del testigo sino también porque el tribunal ya ha explicado cientos de veces que las pruebas que va a valorar son las que se practiquen en la vista oral.

Ni siquiera la esperada pregunta sobre una cuenta de Twitter que las acusaciones vinculan a Baena les surtió efecto. La existencia de un perfil desde el que se difundieron mensajes contra el 'procés' ("#sedición: impedir a un funcionario público el ejercicio de sus funciones... aunque sea con flores") hubiera sido un buen anclaje para que las defensas pusieran en tela de juicio la imparcialidad del principal investigador, especialmente de cara a un eventual recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Pero Baena negó su relación con esa cuenta y las defensas no tenían ningún dato añadido para rebatirle. Tras casi seis horas de declaración, el teniente coronel abandonó tranquilamente el Tribunal Supremo.