Dolores Delgado pretende ascender a Segarra a la más alta categoría fiscal cambiando el reglamento

Justicia ha elaborado un proyecto de nuevo Reglamento del Ministerio Fiscal en el que se prevé que el fiscal general adquiera, cuando cese, el rango de fiscal de Sala, la primera categoría de la carrera.

La norma beneficiaría, en particular, a la actual responsable del Ministerio Público, María José Segarra, que fue promovida al cargo desde la jefatura de la Fiscalía Provincial de Sevilla y tendrá que cesar como fiscal general en breve, cuando lo haga el Gobierno que la designó hace sólo ocho meses.

Al haber ocupado el cargo durante menos de dos años, Segarra podría ser renovada como fiscal general. Pero, si por cualquier motivo no fuera así, la modificación que, por vía reglamentaria, prepara Dolores Delgado le permitiría acceder al exclusivo grupo de los generales de la carrera fiscal en lugar de volver al que sería su destino de fiscal de la Audiencia de Sevilla.

"El fiscal general del Estado que, siendo miembro de la carrera fiscal, cese en sus funciones por alguna de las causas previstas en el artículo 31 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, quedará adscrito, a su elección, a la Fiscalía del Tribunal Supremo o a cualquiera de las Fiscalías cuyo jefe pertenezca a la categoría primera, adquiriendo de forma automática los derechos, honores y tratamientos de fiscal de Sala del Tribunal Supremo", señala el proyecto de real decreto de reglamento, conocido por EL ESPAÑOL.

El ascenso a la primera categoría del fiscal general cesado se produciría, así, no sólo cuando termine el mandato del Gobierno que le eligió sino también cuando se marche a petición propia, por incurrir en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones, en caso de incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo o incluso si ha incurrido en un incumplimiento grave o reiterado de sus funciones.

Fuentes del Consejo Fiscal consideran controvertida la propuesta. Se cuestiona que esta modificación, que incide en la regulación de la figura del fiscal general, pueda hacerse por vía reglamentaria, sin tocar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. También que se 'premie' con el ascenso a la primera categoría al fiscal general que cesa por cualquiera de las causas previstas, incluso si dimite al mes de ser nombrado o si ha incumplido sus funciones. Se cuestiona, además, la apariencia de reforma 'ad hoc' que tiene la propuesta. "Es una norma con nombre y apellido", afirman en referencia a María José Segarra.

Sus antecesores ya pertenecían al generalato de la carrera cuando fueron nombrados fiscales generales o bien servían en Fiscalías de ámbito estatal. "Es lógico que Segarra no quiera volver a despachar juicios por delitos leves en Sevilla", señalan las fuentes consultadas, que indican que esta cuestión se ha abordado entre los consejeros de modo informal.

En este sentido, afirman que "se podría pensar en una salida" con la promoción a fiscal del Supremo pero consideran "excesivo" el ascenso automático a fiscal de Sala.

Discrepar del jefe

El proyecto contiene otros cambios destacables, desde la creación del fiscal promotor de la acción disciplinaria (a semejanza de la figura que existe desde 2013 en la carrera judicial, aunque se introdujo por una reforma legal y no simplemente por vía reglamentaria) a la atención al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos para los cargos de designación directa del fiscal general del Estado.

Hay también una garantista regulación de la discrepancia de los fiscales con las órdenes de los jefes. 

Se establece que "los fiscales que reciban una orden relativa a criterios de organización o criterios jurídicos de actuación deberán atenerse a las mismas en su actuación profesional y, sin perjuicio de exponer el fundamento de dicha actuación, podrán además desarrollar libremente sus criterios en sus intervenciones orales en lo que consideren conveniente al bien de la Justicia".

El fiscal que reciba de su superior jerárquico inmediato una orden que considere ilegal o improcedente "podrá requerir que se le formule por escrito y, de persistir en la discrepancia, se lo hará saber así mediante informe razonado. Si el superior no considera satisfactorias las razones expuestas, lo pondrá así de manifiesto mediante escrito motivado al fiscal concernido, y, de considerar que debe proceder el mantenimiento de la orden, planteará la cuestión en la Junta de la Fiscalía respectiva y, una vez que ésta se pronuncie, resolverá".

En caso de que la resolución de la Junta sea contraria a la opinión del fiscal jefe "se someterá la discrepancia al criterio del superior jerárquico, que resolverá la cuestión conforme [sic] al dictamen de su Junta de Fiscalía". 

La AF, contra la reforma exprés

La Asociación de Fiscales, de representación mayoritaria en la carrera, ha difundido un comunicado en el que expresa su "absoluto rechazo a cualquier posible reforma o nuevo reglamento que se lleve a cabo de forma precipitada, a espaldas del Estatuto Orgánico y de la carrera fiscal.

La AF muestra su "desconcierto, estupor e indignación por la posible existencia de un texto del que no conocen nada, pues ni desde la Fiscalía General del Estado ni desde el Ministerio de Justicia se les ha hecho llegar".

"Un texto de tal relevancia para la carrera fiscal no puede reformarse a espaldas de la misma, sin contar con la participación de sus representantes", afirma la asociación. "Son 50 los años de vigencia del actual Reglamento y más de una década la que se lleva reclamando por la carrera la necesidad urgente de uno nuevo".

"Ninguna voluntad ha habido durante todo este tiempo ni por los diferentes partidos ni por los sucesivos gobiernos para llevarlo a cabo. Y, ahora, en un plazo que no podrá superar veinte días, se pretende hacer una sesgada reforma", añade.