Ángel María Villar, Juan Antonio Toro y José Luis Sáez.

Ángel María Villar, Juan Antonio Toro y José Luis Sáez.

Tribunales TRIBUNALES

El fiscal pide inhabilitar 15 años al juez que imputó al presidente del baloncesto y ofreció ayuda a Villar

  • El magistrado Juan Antonio Toro se sentará en el banquillo acusado de presuntos delitos de prevaricación y revelación de secretos.
  • El instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó abrir juicio oral contra el juez el pasado diciembre.
  • La causa empezó por una querella de Luis Giménez, mano derecha de Sáez en la FEB, ambos investigados por Toro.

La Fiscalía pide 15 años de inhabilitación para el ejercicio de la función judicial contra el magistrado Juan Antonio Toro, que también se enfrenta a penas de multa y suspensión por presuntos delitos de prevaricación y revelación de secretos, que habría cometido cuando instruía diligencias penales relacionadas con exdirectivos de las federaciones españolas de baloncesto y tenis.

Toro, extitular del Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid y actualmente destinado en la Audiencia Provincial de Madrid, se sentará en el banquillo después de que el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Jesús María Santos Vijande haya abierto el juicio oral contra él en una resolución dictada el pasado 20 de diciembre.

Santos Vijande ha estado investigando a Toro desde que el pasado 20 de junio el TSJM admitiera a trámite una querella interpuesta por Luis Giménez, exsecretario general-director económico de la Federación Española de Baloncesto, organismo en el que fue la mano derecha de José Luis Sáez.

Cuando era juez instructor, Toro abrió unas diligencias contra Sáez y Giménez por presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal, malversación de caudales públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal y delito fiscal. Las diligencias se basan en una auditoría encargada por el Consejo Superior de Deportes que puso de manifiesto el presunto desvío de fondos de la FEB para gastos particulares y familiares, comidas y viajes.

Copia de las diligencias

Según el fiscal, Toro habría incurrido en prevaricación y revelación de secretos cuando el 23 de enero de 2017 dictó una resolución por la que autorizó la entrega de una copia de las diligencias que instruía contra José Luis Sáez a alguien que no era parte en ese procedimiento: José Luis Escañuela, expresidente de la Federación Española de Tenis (FET).

Escañuela quería utilizar la investigación a Sáez contra el expresidente del Consejo Superior de Deportes Miguel Cardenal. Inhabilitado como directivo de la FET en 2015 después de que el CSD detectara irregularidades en la administración de los fondos de la federación, Escañuela interpuso contra Cardenal una querella finalmente archivada por el propio Toro en noviembre de 2016. El exdirectivo de la FET pretendía usar el contenido de las diligencias contra José Luis Sáez en el recurso de apelación contra ese archivo.

El pasado marzo Juan Antonio Toro dejó el Juzgado de Instrucción y concursó a una plaza en la Audiencia Provincial de Madrid. La apertura del juicio oral contra él motivará, sin embargo, su suspensión cautelar en las tareas jurisdiccionales. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece esa medida provisional con carácter imperativo "cuando se haya declarado haber lugar a proceder" contra un juez por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

Petición de penas

La Fiscalía del TSJ de Madrid, que no es la única que acusa a Toro, pide que el magistrado sea condenado a multa de 5.400 euros y 15 años de inhabilitación especial por prevaricación. Una eventual condena conllevaría la pérdida definitiva del cargo de juez. El fiscal también reclama dos años de suspensión y multa de 4.500 euros por el delito de revelación de secretos.

El nombre del juez Toro salió también a relucir en la investigación abierta por la Audiencia Nacional al expresidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, conocida como Operación Soule.

Toro -que archivó una querella contra Villar por la convocatoria de elecciones a la directiva de la FEF el 2 de enero de 2012, que fue considerada fraudulenta por sus opositores- fue fotografiado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tras una comida con el presidente federativo en julio de 2017, una semana antes de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenara la detención de éste, según adelantó el diario El Mundo.

Los investigadores creen que en esa comida, impulsada por el expresidente de la Federación de Fútbol de Madrid Vicente Temprado y el ex secretario de Estado para el Deporte Rafael Cortés Elvira (amigo de Toro), el juez habría ofrecido su ayuda a Villar, lo que el magistrado niega. La UCO interceptó una conversación telefónica entre el entonces presidente de la FEF y Temprado en la que éste afirmaba que Toro "está incondicionalmente a tu disposición".