El excomisario José Manuel Villarejo y el empresario naviero Ángel Pérez-Maura.

El excomisario José Manuel Villarejo y el empresario naviero Ángel Pérez-Maura. EL ESPAÑOL

Tribunales CAUSA EN GUATEMALA

Villarejo contrató un 'lobby' en EEUU para frenar la investigación al empresario Pérez-Maura

El excomisario José Manuel Villarejo planeó una estrategia judicial, política y mediática para anular las acusaciones en Guatemala contra el empresario español Ángel Pérez-Maura, al que se investigaba por sobornar presuntamente con 30 millones de euros al expresidente de dicho país, Otto Pérez Molina. Para ello, y entre otras gestiones, Villarejo contrató un lobby (grupo de presión) de Florida encabezado por un empresario llamado Manny Delgado.

El objetivo, según fuentes cercanas al caso, era que el grupo de Delgado actuara sobre políticos y medios de comunicación en Estados Unidos e intentara paliar el apoyo internacional que recibían los miembros de la oficina anti-fraude de Guatemala, sobre todo por parte de EEUU.

El 12 de diciembre de 2006 se creó en Nueva York la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo dependiente de Naciones Unidas que se convirtió en el principal azote de la corrupción en el país. Al frente del organismo se encuentra el fiscal Iván Velásquez, propuesto para el Nobel de la Paz y con una importante proyección internacional, sobre todo en Estados Unidos.

De hecho, Florida se había convertido además en una zona caliente para el caso La Línea, que es como se conoce desde 2015 en Guatemala la presunta compra del Gobierno a cambio de la concesión de la terminal de carga de Puerto Quetzal, en el Pacífico. Allí fue detenido en 2016 el exinterventor de Puerto Quetzal, Allan Marroquín, que desde entonces espera en Miami, tras un recurso de asilo, su devolución o no a Guatemala.

Un despacho de abogados de Boston

Según fuentes cercanas al caso, el 4 de mayo de 2016 se produjo en Madrid una reunión para cerrar la estrategia a seguir. Al encuentro acudieron tanto el excomisairo Villarejo y representantes del naviero español investigado, como el abogado estadounidense Stephen A. Best, que tal y como adelantó El Confidencial, sería el encargado de preparar el andamiaje jurídico internacional para intentar frenar el caso. 

Best es la cabeza visible del despacho de abogados Brown Rudnick, especializado entre otras cuestiones en grandes investigaciones relacionadas con el fraude financiero internacional. 

Tal y como desveló EL ESPAÑOL, Villarejo planeó acercarse al actual Gobierno venezolano para buscar su apoyo frente a las investigaciones de la CICIG. Era una tarea relativamente sencilla, ya que el actual presidente, Jimmy Morales, era otro de los objetivos de las investigaciones de la oficina anti-fraude de Guatemala. Sin embargo, la estrategia para beneficiar a Pérez-Maura era más global. Pasaba primero por intentar anular el juicio por alguna irregularidad formal y, después, por intentar que la concesión portuaria no se revirtiera.

De hecho, la naviera logró llegar a un acuerdo con el Gobierno de Guatemala que, a cambio de casi 40 millones de dólares, daba por zanjada la corruptela y permitía a la empresa española seguir operando la concesión y, en este caso, librarse de un importante litigio con la multinacional danesa a la que había vendido el negocio.