Driss Oukabir, Mohamed Houli Chemlal y Said Ben Iazza, los tres únicos investigados por los atentados de Barcelona y Cambrils.

Driss Oukabir, Mohamed Houli Chemlal y Said Ben Iazza, los tres únicos investigados por los atentados de Barcelona y Cambrils. EL ESPAÑOL

Tribunales I ANIVERSARIO DEL 17-A

Los tres detenidos del 17-A en Barcelona se enfrentarán a penas de hasta 14 años de prisión

Los tres únicos detenidos tras los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) en los que 16 personas fueron asesinadas, Driss Oukabir, Mohamed Houli Chemlal y Said Ben Iazza, se enfrentarán a penas de hasta 14 años de prisión.

Ninguno de los tres fue autor material de los hechos, pero seis de los 11 yihadistas implicados, -incluido Younes Abouyaaqoub que conducía la furgoneta que arroyó a cientos de personas en la Rambla de Barcelona- fueron abatidos por los Mossos d'Esquadra y otros dos murieron en la explosión del chalet de Alcanar (Tarragona) donde se gestó el atentado. Por lo tanto, son las tres únicas personas que podrán ser acusadas y cuyas declaraciones en sede judicial han sido muy importantes para avanzar con la investigación.

El juez de la Audiencia Nacional que se ocupa del caso, Fernando Andreu, está ya a punto de cerrar la fase de instrucción. A la espera del procesamiento, el Ministerio Público estudia pedir que los tres únicos investigados sean juzgados por delitos que van desde integración en organización terrorista y tenencia de explosivos a colaboración con organización terrorista o en actos preparatorios de asesinatos terroristas, según han avanzado desde la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Dichos delitos a los que podrían enfrentarse están penados con entre 6 y 14 años de cárcel.

Hablan las víctimas del atentado en las Ramblas

El papel de los encarcelados

Driss Oukabir (28 años) es hermano de Moussa Oukabir, el terrorista de 17 años abatido en el paseo marítimo de Cambrils. Su documentación fue utilizada para alquilar la furgoneta con la que se cometió el atentado de la Rambla de Barcelona. Siempre ha defendido que no tuvo que ver nada con los hechos y denunció que le habían robado la documentación en una comisaría de Barcelona.

Mohamed Houli Chemlal (20 años) resultó herido en la explosión del chalet de Alcanar (Tarragona) y detenido el día de los atentados en el hospital. Ha prestado declaración varias veces en sede judicial y su información ha sido importante para la investigación. 

Said Ben Iazza (24 años) se considera colaborador de la célula yihadista de Ripoll. Fue detenido en Vinarós (Castellón). Presuntamente prestó su documentación a los terroristas para que compraran los materiales para construir materiales explosivos.

Vox se querella contra la cúpula de los Mossos

El partido político Vox ha presentado una querella criminal en un juzgado de guardia de Barcelona este jueves contra la anterior cúpula de los Mossos d'Esquadra que se encontraba al mando del cuerpo catalán cuando ocurrieron los atentados (entre ellos el mayor Josep Lluis Trapero) y contra el exconsejero de Interior Joaquim Forn.

Consideran que los responsables de la policía catalana pudieron incurrir en los delitos de abandono de un servicio público, de desobediencia y denegación de auxilio y de prevaricación por omisión

Los representantes legales de dicho partido consideran que "hicieron caso omiso a los avisos de posibles atentados en Cataluña y a las recomendaciones para llevar a cabo medidas de protección física en espacios públicos y por la gestión posterior de los atentados ocurridos en Barcelona y Cambrils en agosto de 2017". 

La querella también afecta a Pere Soler, director de la Policía Autonómica de Cataluña el 17 de agosto de 2017; Ferrán López, jefe de la Comisaría Superior Territorial de los Mossos; Joan Carles Molinero, jefe de la Comisaría Superior de Coordinación Central de los Mossos; Emilio Quevedo, jefe de la Comisaría Técnica de Planificación de la Seguridad de los Mossos, y Manel Castellví, jefe de la Comisaría de Información de los Mossos.

Vox ya presentó la misma querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que consideró que los hechos tendrían que investigarse en un juzgado de instrucción como consecuencia de que Forn fuese cesado como consejero y renunciara a su acta de diputado en el Parlamento de Cataluña.