Francisco Granados.

Francisco Granados. Efe

Tribunales Justicia

Granados anuncia una denuncia contra guardias civiles y fiscales por no investigar a Marjaliza

Su defensa pide que se deduzca testimonio del juicio por el ‘chivatazo’ para preparar acciones legales por omisión del deber de perseguir delitos.

Daniel Montero Alejandro Requeijo

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La pasada semana, el empresario David Marjaliza se convirtió en el principal testigo de cargo contra el exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados en el juicio que se siguió contra él en la Audiencia Nacional. Allí, el exresponsable del PP de Madrid se enfrentaba a una acusación de revelación de secretos tras recibir un presunto chivatazo por parte de dos agentes de la Guardia Civil, también imputados.

Marjaliza, uno de los principales socios comerciales bajo cuerda de Granados según el sumario del caso Púnica, declaró como testigo en el juicio y reconoció que tras el aviso recibido por el exconsejero, destruyó varios carros de documentación importantes para la causa. En todo momento, el empresario de Valdemoro negó un pacto formal con la Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo y pese a reconocer la destrucción de documentos, Marjaliza no se sentó en el banquillo de los acusados.

Ahora, es la defensa de Granados la que ha solicitado a la Sección 1ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que deduzca testimonio “íntegro de las transcripciones y las actas” de las sesiones del juicio para “interponer las correspondientes acciones penales al entender que los hechos que se contienen en los testimonios y según lo declarado por los testigos [...] son constitutivos de infracción penal”, según refleja el escrito presentado este lunes.

El escrito presentado refleja que el empresario “podría haber podido consumar presuntos delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y otros, conforme se declaró por los agentes participantes”. La frase hace referencia al testimonio de los agentes que confirmaron en sala las llamadas que Marjaliza, mientras tenía el teléfono intervenido, cruzó con un tercero presuntamente vinculado al narcotráfico. Llamadas que se consideraron entonces sin carga delictiva o interés para la causa. “Sin que hasta la fecha, por razones desconocidas para esta representación, se haya adoptado investigación alguna por estos hechos, ni por parte de la Audiencia Nacional u otro órgano judicial”, apostilla la defensa de Granados.

Razones de enemistad, enfrentamiento y odio

El escrito enviado por Granados señala textualmente como responsables de la presunta falta de investigación tanto al “Ministerio público, órgano judicial y demás cuerpos y agentes de la Policía Judicial adscritos a la UCO”. Es decir: todos los organismos que en las distintas fases tienen que ver con la investigación de la causa. La defensa de Granados vincula esta presunta omisión del deber de investigar delitos a la decisión de Marjaliza de colaborar con la Justicia y convertirse en el principal testigo de cargo contra Granados. Una colaboración que considera basada en “motivos espurios que le han privado de credibilidad, así como la existencia de razones de enemistad, enfrentamiento, odio, venganza y afán de exculpación”.

La petición de Granados se produce además justo tras acabar el juicio en su contra, pero cuando todavía no se conoce la credibilidad que para el tribunal tendrá la declaración de Marjaliza y el impacto de sus palabras en una posible condena. Algo importante para el panorama judicial tanto de uno como de otro.