El director de cine porno, Ignacio Allende, Torbe.

El director de cine porno, Ignacio Allende, Torbe.

Tribunales Derecho de los trabajadores

La Policía pide al juez que amplíe los delitos a Torbe por contagiar enfermedades venéreas en bukkakes

Los investigadores sospechan que el director de cine porno pudo contagiar gonorrea y clamidias a varias chicas con las que grabó diversas escenas.

La Policía acaba de pedir al juez que amplíe los delitos para el director de cine porno Ignacio Allende, alias Torbe. Los investigadores consideran que se debe ampliar la instrucción contra el productor, director y actor porno por varios delitos. Entre ellos está uno de riesgos laborales por contagiar enfermedades venéreas, como clamidia o gonorrea, a varias de las chicas con las que grabó videos además de no exigir analíticas adecuadas en las grabaciones de los bukkakes.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL de fuentes de la investigación, la Policía ha solicitado al titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid que investigue a Torbe por un delito contra los derechos de los trabajadores, concretamente el artículo 316 del Código Penal que dice literalmente: "Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses".

La investigación llevada a cabo por la Brigada contra la Trata de Seres Humanos, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) ha puesto encima de la mesa como Torbe a sabiendas de que podía contagiar alguna enfermedad de transmisión sexual grabó escenas con varias chicas sin preservativo. En uno de los informes aportados al juez, los agentes señalan la “ausencia total de rigurosidad en el control sanitario en las prácticas sexuales realizadas como consecuencia de su desempeño 'profesional' como actor de cine pornográfico, tanto respecto de si mismo, como en lo exigido a sus trabajadores y demás personas que no siéndolo participaban en la producción de vídeos pornográficos (Bukkakes, Glory Hole, etc)”.

Según la Policía, en muchas ocasiones, Torbe, “aún siendo consciente de haber dado positivo en enfermedades de transmisión sexual, continuaba con sus prácticas sexuales con sus 'trabajadoras', habiendo contagiado a sabiendas a más de una de ellas”. A pesar de esta investigación, Torbe, que salió de prisión hace tres meses, ha vuelto a grabar bukkakes, tal y como ha anunciado en su propia cuenta de Twitter.

Cuenta de Twitter de Torbe

Cuenta de Twitter de Torbe

"Follar sin analíticas"

Buena prueba de ello es el brote de clamidia padecida por varias de las mujeres que trabajaban en su productora, tal y como queda reflejada en una conversación telefónica de Torbe, fechada el 11 de febrero de 2016, u otra entre dos de sus empleados, Mario y Jochi, de esa misma fecha en la que "Mario le dice que están teniendo un problema serio con la clamidia, que hay otra chica que se ha contagiado, que le está ocasionando muchos problemas con la organización de las grabaciones de escenas". Jochi le contesta que si quiere le dirá algo a Torbe. "Mario le pide que no se lo diga, porque él siempre ha follado sin analíticas y sin condón (en alusión a Torbe)", recoge el informe policial.

La Policía destaca cómo por un lado Torbe podría haber contagiado a chicas con las que grabó escenas para sus vídeos y por otro lado la falta de controles por parte del director entre aquellas personas que acudían a los eventos convocados por los investigados a través de su página web. En estos encuentros, llamados bukkakes, en los que se realizaban prácticas sexuales colectivas, el único requisito solicitado era presentar el DNI y un "examen de hongos", no solicitando ningún tipo de análisis clínicos en relación a las referidas ETS, según sostiene la Policía en uno de los informes aportados al instructor.

La Policía cuenta con varios testigos que acreditaron estos hechos. Una de la chicas que grabó con Torbe, I.C., declaró ante los investigadores que Torbe la engañó en las condiciones para grabar y cuando le pidió que retirase los vídeos le pidió 5.000 euros. Estuvo conviviendo con otras 20 chicas de diferentes nacionalidades, “en condiciones laborales infrahumanas, siendo contagiada de clamidia”, recoge uno de los informes policiales.

Trabajadores sin contrato

La Policía continúa investigando a Torbe a pesar de que éste se encuentre en libertad tras pagar una fianza de 100.000 euros y pasar 6 meses en prisión preventiva. El juez le tiene imputado por varios delitos, como el de trata de seres humanos, blanqueo de capitales, o pornografía infantil, al grabar escenas con menores o divulgar vídeos de chicas que no cumplen la mayoría de edad.

Sin embargo, al director de cine porno se le pueden incrementar los delitos. Además del delito por riesgos laborales, la Policía considera que Torbe podría haber cometido otro delito contra el derecho de los trabajadores. Se trata de lo recogido en el artículo 311 del Código Penal, por dar ocupación simultáneamente a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda o, en su caso, sin haber obtenido la correspondiente autorización de trabajo, dado que no existen contratos a las chicas ni a los hombres que acudían a grabar escenas de bukkakes, en las que llegó a haber hasta 100 hombres a la vez masturbándose ante una chica que luego debía ingerir el semen de todos ellos.

Pero es más, para grabar esas escenas, Torbe se traía a chicas desde Ucrania, lo que le podría acarrear otro delito, el de tráfico ilegal de mano de obra, recogido en el artículo 312 del Código Penal, y que acarrea penas de hasta cinco años de prisión. De la investigación se desprende que el director de cine porno, junto a un socio ucraniano, trasladaba a chicas desde Ucrania para grabar las escenas y luego volvían a su país.

Por estos traslados, la Policía cree que también podría haber cometido un delito contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, recogido en el artículo 318 bis: "El que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea a entrar en territorio español o a transitar a través del mismo de un modo que vulnere la legislación sobre entrada o tránsito de extranjeros, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año. Si los hechos se hubieran cometido con ánimo de lucro se impondrá la pena en su mitad superior".