Manuel Aznar, durante la conferencia en la Real Academia de Jurisprudencia

Manuel Aznar, durante la conferencia en la Real Academia de Jurisprudencia J.L.Olgueras/RAJL

Tribunales Fiscalización del 0,7%

Malestar en el Tribunal de Cuentas por la 'campaña' del hermano de Aznar por la Iglesia

Vocales del sector minoritario critican que Manuel Aznar aprovechara una conferencia sin réplica para contestar sus votos particulares.

Noticias relacionadas

Una conferencia pronunciada el pasado miércoles por el consejero del Tribunal de Cuentas Manuel Aznar sobre la controvertida fiscalización de la asignación tributaria a la Iglesia Católica ha provocado un fuerte malestar entre sus colegas designados a propuesta del PSOE. Critican que el hermano del ex presidente del Gobierno José María Aznar haya utilizado un foro 'ad hoc' para dar la réplica -fuera de la institución- a los argumentos de los votos particulares en los que los vocales de la minoría han defendido el examen y control de la casilla del 0,7% del IRPF.

Manuel Aznar dictó una larga conferencia en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación con el título "La asignación tributaria a la Iglesia Católica desde la perspectiva de la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas". La mayoría de los vocales del Tribunal de Cuentas no asistió al acto y, en particular, no quisieron estar presentes los consejeros designados a propuesta del PSOE e IU, que el pasado diciembre volvieron a plantear que el programa de fiscalizaciones del tribunal para 2017 incluyera el examen de los fondos públicos entregados a la Iglesia Católica.

Como ocurrió en años anteriores, la propuesta fue desechada por los vocales propuestos por el PP -mayoritarios en el Tribunal de Cuentas en una proporción de 7 a 5- con el apoyo del fiscal Miguel Ángel Torres. La consejera Enriqueta Chicano, de un lado, y, de otro, Felipe García (con la adhesión de María Antonia Lozano y Lluis Armet) redactaron votos particulares en los que defendieron la competencia del Tribunal de Cuentas para fiscalizar la asignación procedente del IRPF que se entrega a la Conferencia Episcopal española cada año y que en 2012, último año del que se dispone de datos definitivos, ascendió a 249 millones de euros.

Esos dos votos particulares fueron contestados detalladamente por Aznar durante su conferencia en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación (RAJL), acto que, según señalan fuentes del sector mayoritario del tribunal, se organizó mucho antes de que se produjera, en diciembre, el debate sobre el programa de fiscalización para 2017.

Las mismas fuentes explican que Aznar y su equipo han estudiado concienzudamente la cuestión de la financiación de los cultos no sólo en España sino también en otros países europeos y, desde luego, la conferencia impartida en la RAJL acreditan el extenso conocimiento del consejero. Pero Manuel Aznar no se limitó a una disertación doctrinal ni general, sino que se centró precisamente en rebatir los argumentos utilizados por la minoría del tribunal para defender la fiscalización del 0,7% del IRPF a la Iglesia Católica.

Los "obstáculos"

En contra de lo defendido por Chicano y García, Aznar se refirió los "obstaculos" existentes para llevar a cabo esa fiscalización. En primer lugar, sostuvo que el Acuerdo de 1979 entre el Estado y la Santa Sede -en los que se establece la obligación del Estado de asignar a la Iglesia católica el 0,7% del IRPF de los contribuyentes que lo deseen- tiene la naturaleza jurídica de tratado internacional cuya aplicación e interpretación corresponde sólo a las partes signatarias.

Manuel Aznar mencionó en segundo lugar el "carácter global y único" de la asignación, que, a su juicio, "significa que la Iglesia Católica es libre de distribuir la cantidad recibida entre sus distintas necesidades".

"Comprobar ese reparto de los fondos implicaría fiscalizar la actividad de la Iglesia, lo que desbordaría el ámbito subjetivo de competencias del Tribunal de Cuentas ya que la actividad fiscalizadora recaería sobre un organismo no perteneciente al sector público".

A su parecer, el Tribunal de Cuentas tampoco podría ampararse en que la ley le otorga la competencia objetiva de fiscalizar las subvenciones estatales -como sostiene el voto discrepante de Chicano- porque "la asignación tributaria a la Iglesia no tiene naturaleza subvencional ni de ayuda", sino que es una participación en el rendimiento de un tributo en virtud de una obligación del Estado que dimana de un tratado internacional.

En tercer término, el consejero puso de manifiesto la inexistencia de un consenso doctrinal sobre el propósito que declaran los Acuerdos de 1979 de que la Iglesia Católica alcance su autofinanciación. Unos autores, dijo, mantienen que se trata de un compromiso y otros lo consideran una mera declaración de intenciones sin eficacia jurídica. Según subrayó, esas "incertidumbres exegéticas" dificultan el ejercicio de la función fiscalizadora. Los votos particulares se inclinaban por considerar la autofinanciación de la Iglesia un compromiso y sostenían que, 35 años después de la firma del Acuerdo, debería valorarse su cumplimiento.

Finalmente, Aznar señaló que las pautas hermenéuticas que se desprenden de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos "no ayudan a despejar las dudas" dada la "ausencia de un estándar común a toda Europa" en materia de financiación de las iglesias, dentro del "amplio margen de apreciación" que se reconoce a los Estados.

Fuentes del sector minoritario del Tribunal de Cuentas no ocultan su malestar -que se ha transmitido al propio presidente, Ramón Álvarez de Miranda- por lo que consideran una ruptura de las reglas a las que hasta ahora se han sometido las controversias sobre cuestiones técnicas que atañen a la institución.

Esas discrepancias, explican, se mantenían en el seno del tribunal y se reservaban al ámbito institucional. "A partir de ahora", señalaron, "se abre la veda para que cada consejero elijamos un foro amigo en el que, sin réplica alguna, contestemos lo que nos parezca sobre lo que otro ha dicho en el pleno".

A su juicio, puede iniciarse así una "dinámica perjudicial" para la institución, ya de por sí muy cuestionada ante los ciudadanos por la influencia política en la designación de sus miembros y por el alineamiento ideológico que se produce en ocasiones en la toma de decisiones.