El diputado ciezano Joaquín Martínez Salmerón en una rueda de prensa con el PSOE de la Región de Murcia.
El voto del abogado del PSOE de los fondos buitre será clave en la Diputación Permanente para el decreto de vivienda de Sánchez
El diputado murciano dirigió un bufete que ejecuta hipotecas para fondos de inversión y no declaró una sociedad con casi un millón de euros.
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El decreto de vivienda con el que Pedro Sánchez quiere llegar a la campaña del 29-N se juega a un solo voto. Y uno de los diputados socialistas que tendrá que apoyarlo es un abogado cuyo despacho ejecuta hipotecas para fondos buitre.
Se trata de Joaquín Martínez Salmerón, diputado del PSOE por Murcia y miembro de la Diputación Permanente. Es el órgano que asume las funciones del Pleno cuando las Cortes están disueltas, como ocurre ahora tras el adelanto electoral.
El pasado 2 de octubre, PP, Vox, Junts y UPN tumbaron en el Pleno los decretos de vivienda del Gobierno. La derrota precipitó la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre.
Cuatro días después, con el Parlamento ya disuelto, el Consejo de Ministros volvió a aprobar dos decretos muy parecidos.
Y esos textos deben ahora convalidarse en la Diputación Permanente, donde las mayorías son distintas.
En principio, el Gobierno y sus socios sumarían 35 votos frente a los 34 de PP, Vox y Junts. El terreno es más favorable para Sánchez, pero el margen es mínimo: basta con que falle un solo voto para que el decreto no salga adelante.
Y eso puede pasar ahora con Martínez Salmerón, en la picota por los negocios de su bufete, que ejecuta hipotecas para fondos buitre, y por una sociedad patrimonial que no incluyó en su declaración de bienes del Congreso.
Natural de Cieza y con 56 años, es abogado desde 1995 y militante del PSOE desde los 18. Llegó al Congreso en 2023, donde presidió la Comisión de Justicia hasta la disolución.
Entre 2005 y 2023 dirigió el despacho Martínez & Salmerón Abogados. Ese bufete interviene en al menos 14 ejecuciones hipotecarias en Murcia para fondos como AP Malbec Bidco y AP Oxygen Bidco, sociedades luxemburguesas vinculadas al estadounidense Apollo.
En 2023 el bufete se escindió y nació Jomasa Geluk SL, de la que el diputado es administrador único, con un capital de 931.260 euros.
Esa sociedad no aparece en su declaración de bienes. "No le di mayor importancia y entendía que no había una alteración patrimonial, puesto que los bienes eran los mismos", ha explicado en una entrevista concedida a este periódico. Dice que pensaba actualizarla al final de la legislatura.
Según su versión, la sociedad solo gestiona cuatro apartamentos y una oficina, alquilados por entre 500 y 550 euros al mes. A su nombre tiene además tres viviendas y una finca rústica.
![Joaquín Martínez Salmerón, diputado socialista de Murcia en el Congreso.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11378878.jpg?p=w:320\/h:240&h=_TJnX-zE"])
Sobre el trabajo del despacho, se defiende diciendo que "un abogado penalista porque defienda a un asesino o a un narcotraficante, no lo es él también".
Tampoco ve contradicción en votar el decreto Maricarmen: "Lo incoherente sería lo contrario; votar en contra de un decreto para favorecer otros intereses". Asegura que nunca ha votado pensando en si perjudicaba o no a su bufete.
Martínez Salmerón no repetirá en las listas del 29-N. Dice que ya lo tenía decidido y que se le ha puesto en la diana por ejercer su profesión: "Alguien me tenía preparado un traje por si repetía y al final han decidido ponérmelo".
'Caso Montse Mínguez'
El caso de este diputado murciano estalla en la misma semana en que ha caído Montse Mínguez. La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE dimitió este viernes tras conocerse que su pareja, Sergi Vélez, controla Nest Capital, un holding catalán con 30 pisos en alquiler.
Mínguez renuncia también a ir en las listas y a su asiento en la Diputación Permanente. Mientras el PSOE no designe a su sustituto, el margen del Gobierno desaparece, y cada voto socialista, incluido el de Martínez Salmerón, pesa todavía más.
Es la primera víctima política de una campaña que Sánchez ha planteado como una disyuntiva "entre la gente y los fondos buitre".
