La fragata 'Mohamed VI', buque insignia de la armanada de Marruecos.
El PP pide a la juez que reclame a Moncloa si vinculó el asalto a Ceuta con la entrada de buques marroquíes en algún informe
El escrito de acusación solicita conservar radares y comunicaciones militares ante el riesgo de que su sobrescritura automática elimine pruebas.
Más información: El general Ballesteros, exjefe del DSN, pide declarar el estado de excepción para proteger a Ceuta de Marruecos.
El PP quiere que la juez María Tardón averigüe si Moncloa consideró el asalto masivo a Ceuta y las incursiones de buques militares marroquíes "como un único episodio".
En un nuevo escrito de diligencias al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, solicita los informes, valoraciones y actas de los órganos de gestión de crisis que se reunieran por estos hechos.
La acusación popular del PP pide que la instructora reclame esa documentación al Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno.
Busca conocer cómo interpretaron las autoridades españolas la coincidencia entre la entrada masiva desde Marruecos, los días 30 y 31 de julio, y la presencia de una fragata y varias patrulleras en aguas de soberanía española, ocultada hasta esta semana por Moncloa.
El objetivo es comprobar "si consideraron la actuación terrestre y la naval" como parte de una acción coordinada. El escrito sostiene que esclarecer las incursiones resulta necesario para investigar lo sucedido y advierte de que la documentación incorporada hasta ahora a la causa no contiene referencias a ellas.
Y es que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció en la recepción del día de la Fiesta Nacional, en el Palacio Real, su Ejecutivo mantuvo en secreto durante dos meses y medio, desde "la invasión", como la califica el gobierno local de Juan Jesús Vivas en la ciudad autónoma.
El PP también reclama al Ministerio de Defensa los partes de novedades, cuadernos de bitácora, diarios de navegación y órdenes de operaciones y despliegue de las unidades españolas desplegadas para repeler la entrada de los buques de guerra marroquíes.
Riesgo de borrado
La acusación del PP pretende reconstruir los movimientos navales y contrastarlos con la cronología del asalto terrestre que consta en el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, el CENIF.
La diligencia más urgente persigue impedir que sean borrados los registros de radar, sensores y comunicaciones militares con Marruecos. El documento solicita su conservación antes de que se pierda una prueba objetiva que considera insustituible.
"La medida es urgente porque estos registros suelen conservarse por poco tiempo y se sobrescriben de forma automática", dice textualmente el escrito. "Si se pierden, desaparecería una prueba objetiva que no se puede obtener por otro medio. Se trata de una medida de aseguramiento, que no anticipa ningún juicio sobre el fondo".
La petición alcanza además a las gestiones diplomáticas con Rabat y a "las respuestas recibidas". La acusación quiere saber "cómo justificó o reconoció Marruecos la actuación de sus buques y a qué autoridad atribuyó las órdenes".
La instrucción de Tardón
Tardón investiga en la Audiencia Nacional la entrada masiva y la respuesta española ante unos hechos que calificó provisionalmente como un ataque grave contra la integridad territorial de España.
Las pesquisas examinan posibles delitos contra la paz o la independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de organización criminal.
La causa también alcanza a la actuación del entonces delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, cuyas decisiones u omisiones pudieron agravar los acontecimientos, según el informe de la Fiscalía.
![Imagen de la bancada del Gobierno tras la intervención de Pedro Sánchez en el Congreso.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11346375.jpg?p=c:1422:800:nowe:265:141\/w:1706\/h:960&h=aba1yDP9"])
Los denunciantes le atribuyen posibles delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, denegación de auxilio y homicidio y lesiones por imprudencia grave en comisión por omisión.
El flujo de información hacia Moncloa constituye otra cuestión pendiente de esclarecer. Como publicó EL ESPAÑOL, el jefe de Gabinete de Sánchez, Diego Rubio, podría ser llamado como testigo para contrastar los registros de llamadas de Presidencia con los del Ejecutivo de Vivas.
El dosier registrado ante notario y entregado a la juez por la representación legal de la ciudad autónoma, y a cuyo listado de comunicaciones pudo acceder este diario, recogía diez llamadas a Rubio entre el 27 y el 30 de julio, siete de ellas sin respuesta.
Moncloa negó que esos siete intentos constaran en los registros revisados y sostuvo que atendió las peticiones recibidas de inmediato o "pocos minutos después".
Además, la ofensiva judicial del PP coincide con la presión ejercida este jueves por Alberto Núñez Feijóo en la reunión del PPE previa al Consejo Europeo: ha buscado que sus aliados, especialmente el alemán Friedrich Merz y el griego Kyriakos Mitsotakis, cercaran políticamente a Sánchez por su gestión del asalto.
El líder popular les ha trasladado su denuncia de que ocultó a Vivas, al Congreso y a los socios europeos unas incursiones que coincidieron con la entrada masiva y continuaron durante los primeros días de agosto.
Reconstruir órdenes y movimientos
El escrito del PP pretende incorporar la dimensión naval a la reconstrucción de la crisis. Considera las incursiones un "indicio relevante" de intervención de órganos estatales marroquíes y de la "naturaleza no espontánea y coordinada" de los hechos.
![Juan Jesús Vivas, este jueves junto a Jorge Calabrés y Arturo Criado, en el IV Foro Económico Español en Ceuta.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11378138.jpg?p=w:320\/h:240&h=UOPT3PEB"])
Ésa es la hipótesis que pide contrastar a la instrucción de la juez Tardón.
Para investigarlo, la acusación solicita documentación del Estado Mayor de la Defensa y del Mando de Operaciones, incluidas las reglas de actuación aplicables a los buques españoles. Menciona al Buque de Acción Marítima Rayo y a las fragatas Santa María y Navarra, cuyo despliegue en Ceuta ya ha sido acreditado.
También reclama los informes de esas unidades y sus mandos sobre la presencia y la conducta de los buques marroquíes. Con ellos pretende fijar fechas, horas, posiciones y duración de cada incursión para compararlas con la secuencia policial de la entrada masiva.
La ventana de conservación solicitada abarca del 29 de julio al 10 de agosto. Incluye registros de radar y los AIS (Sistemas de Identificación Automática), sensores ópticos y optrónicos y comunicaciones de radio y de mando.
El requerimiento se dirige a la Armada, la Guardia Civil, Salvamento Marítimo y la Capitanía Marítima de Ceuta y, de nuevo, al Estado Mayor de la Defensa.
Inteligencia y contactos con Rabat
La reconstrucción de gestiones diplomáticas exige, según el escrito, obtener de Exteriores y Defensa las notas verbales, protestas formales y respuestas marroquíes. También solicita el contenido de las gestiones de alto nivel y de los contactos entre las armadas de ambos países que el Gobierno ha reconocido públicamente.
El PP reclama además al CNI y al CIFAS (Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas) sus informes sobre la actividad naval y una relación completa de la documentación existente. Alega, "salvo error u omisión", que los 40 documentos desclasificados por el Gobierno el 9 de septiembre no contienen referencias a las incursiones.
Si parte del material está clasificado, el PP solicita que Tardón se dirija al Consejo de Ministros para obtener su desclasificación y remisión, y que se incorpore a la causa "con las garantías de reserva" que determine la instructora.
La última diligencia reclamada busca información adicional de Frontex, mediante EUROSUR, y del Centro de Satélites de la Unión Europea. La acusación solicita las imágenes y los datos que puedan conservar de la zona para esclarecer la posible conexión entre ambos episodios y la respuesta de las autoridades españolas.
