Adolfo Suárez Illana, en la redacción de EL ESPAÑOL durante la entrevista.
Adolfo Suárez Illana: "Los políticos deberían ser el amortiguador de las fricciones sociales, no su motor"
"La Transición cerró definitivamente la posibilidad de construir legitimidad política sobre el bando en el que se luchó en la guerra".
"¿Cómo que no ha habido reparación a las víctimas de la guerra? En 1980 y 1981 ya representaron el 2% de los PGE".
"¿Para conservar un vestigio tiene que pertenecer a un periodo democrático? ¿Qué hacemos con Don Pelayo?".
"La concordia fue posible". La frase de Adolfo Suárez González que está en su epitafio resume buena parte de su legado político.
En 1976, recién llegado a la Moncloa, el presidente del Gobierno decía pertenecer, por "convicción y talante", a esa mayoría de españoles que deseaba "hablar un lenguaje moderado, de concordia y conciliación".
Medio siglo después, cuando la política española vuelve a tensarse y la campaña electoral amenaza con convertirse en una de las más broncas de la Democracia, es su hijo quien recupera aquel tono.
Adolfo Suárez Illana (Madrid, 1964) ha heredado de su padre algo más que sus rasgos físicos. También una determinada forma de contemplar la política: la convicción de que el entendimiento entre españoles no sólo es deseable, sino posible. Es la tesis que desarrolla en su nuevo ensayo, La concordia es posible (Espasa).
En el año 2014 surgieron Podemos y Vox, Pedro Sánchez llegó a la Secretaría General del PSOE por primera vez y falleció su padre. Usted retoma el lema que preside su tumba y afirma que la concordia es posible, que no solo fue, sino que puede volver a ser. ¿No es ilusorio después de lo visto en estos doce años?
El epitafio lo elegí yo y lo puse ahí con dos vertientes: como homenaje biográfico hacia una persona que hizo posible la concordia en un tiempo extraordinariamente difícil y como un recordatorio de que, si fue posible en aquellas circunstancias, siempre lo será.
En cuanto a la pregunta sobre ser un iluso: iluso significa estar fuera de la realidad, esa es la traducción exacta del latín eludere. Sin embargo, en español «ilusión» es la única palabra que tiene una connotación positiva. Nos lo decía Julián Marías en su tratado sobre la ilusión: no es más que imaginar un futuro mejor por el que merece la pena luchar todos juntos, y eso es la concordia.
La concordia es el presupuesto de la democracia y el termómetro de su calidad.
Adolfo Suárez Illana, abogado y político, ha sido diputado nacional.
En el libro defiende que la concordia exige una cierta sobriedad y pide no deshumanizar al adversario. Hemos pasado a inaugurar legislaturas prometiendo levantar un muro contra la otra mitad del país.
Entiendo que la tentación es preguntarse quién siembra más discordia o cuándo se empezó a torcer la convivencia. La concordia no es algo que se pueda imponer ni que se conquiste de forma definitiva: es una ética de la tolerancia y el respeto, un método de hacer política y nunca se da por conquistada definitivamente.
Durante la Transición nos acercamos mucho al ejercicio de la concordia, y la Constitución de 1978 se llama con razón "de la concordia" porque estableció el marco común aceptado por todos.
¿Cuándo empezamos a torcer el camino? Muy pronto. Es difícil fijar una fecha exacta, pero empezamos muy pronto a modificar cuestiones importantes, como la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial, alejándonos del espíritu constitucional. Fue en 1985.
Los gobiernos posteriores, de distinto signo y con mayorías suficientes, no hicieron nada por solucionar la situación, manteniéndola hasta hoy e incluso intentando forzar aún más el sistema.
Hemos entrado en una espiral tóxica. Por poner un ejemplo de esta semana, el Partido Popular ha rescatado a modo de burla un vídeo de Óscar Puente dolorido tras un accidente, y el ministro respondía con su tono habitual llamando "miserable, rastrero y gentuza" a Feijóo ¿Cómo hacer prevalecer el consenso frente a la descalificación y el "zasca" permanente?
La concordia no es responsabilidad exclusiva de políticos, jueces, periodistas o ciudadanos: nos concierne a todos. La concordia es un método de hacer política. Nadie puede achacar al otro hacer algo que no hace él.
Siempre digo que si el Rey o Adolfo Suárez hubieran esperado a ser respetados para ofrecer respeto, seguiríamos esperando. Quien tiene más responsabilidad es el que debe romper primero esa espiral de falta de respeto.
Los responsables políticos han sido elegidos por los ciudadanos; no podemos quejarnos de ellos si luego les votamos. No premiemos con nuestro voto o suscripción a un político o un medio que se aleja de los principios de la convivencia.
Tampoco podemos criticar el insulto público si luego insultamos en el bar, en la familia o con los amigos. La falta de responsabilidad de los demás no me exime a mí de la mía.
¿Habría sido posible la Transición con redes sociales con algoritmos que, como admite, premian lo que indigna, asusta o refuerza prejuicios previos?
Detrás de cada instrumento técnico siempre estamos los seres humanos. Las herramientas tecnológicas son moralmente neutras; la valoración moral depende del uso que les demos.
En la Transición también había medios novedosos para la época, como el fax, la televisión o la radio en tiempo real.
Cada época tiene sus medios técnicos, pero los principios morales de la concordia son exactamente los mismos en el año 10 que en el año 2026.
Suárez Illana, durante la entrevista, en la sede de EL ESPAÑOL.
En la Transición pesaba el afán de acuerdo y el temor a la Guerra Civil en una generación que la sufrió directamente. En cambio, hoy parece existir una tendencia a presentar la contienda como una lucha ideológica.
Julián Marías, un intelectual republicano que vivió el final de la contienda junto a Besteiro, advirtió que no debíamos permitir que nos contaran mentiras desde ningún lado.
En la Guerra Civil ningún bando luchaba por la libertad, era radicalmente mentira; fue un fracaso colectivo brutal en el que se cometieron atrocidades y también actos de heroicidad en ambas partes.
Aquel desastre se advirtió mucho antes de que ocurriera. La España de los años treinta contaba con una generación intelectual extraordinaria. Pocas veces podemos encontrar tanto y tan bueno. Ortega y Gasset, Besteiro, Unamuno, Marías, Madariaga…
El propio Marías se preguntaba cómo pudo ocurrir, cómo fue posible semejante fracaso entre gente sensata, tan formada y razonable, concluyendo que se debió a que no hicieron lo suficiente.
Es un aviso histórico: cuando una generación que vive en paz, que tiene las cosas razonablemente no se esfuerza por mantener la convivencia, se llega al enfrentamiento.
Es más difícil entenderse que enfrentarse. Por suerte, la crispación actual está más instalada en las élites políticas que en la sociedad.
Sí, es una crispación vertical que se proyecta de arriba hacia abajo.
Así es. El problema es que permee. La sociedad recibe ese enfrentamiento, pero la gente no disfruta del espectáculo ni de las peleas en el Parlamento.
Los políticos deberían ser el amortiguador de las fricciones sociales, no su motor. Su función es guiarnos hacia territorios comunes desde ópticas distintas, no dividirnos.
El gran mérito colectivo de la Transición fue que una generación entera de españoles entendió y aceptó lo contrario de lo que se había hecho durante dos siglos: los unos contra los otros. Hay unos que son los míos y otros que son los otros.
En el pueblo español caben todos: izquierdas, derechas, socialdemócratas, conservadores, nacionalistas e independentistas. Lo único que no cabe es que alguien intente arrogarse la soberanía entera. La Constitución establece claramente que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español; no hay soberanía troceada.
Defiende la ley de amnistía de 1977 y reivindica una parte que mi generación desconocía: que en ese momento se aprueban pensiones para los mutilados y más tarde para las viudas del bando republicano. Sin embargo, en los últimos años todo esto se ha ignorado.
A mí es una de las cosas que más me duele de las mal llamadas Leyes de Memoria Democrática e Historia. Nos dicen que no ha habido reparación nunca. A mí me lo ha dicho hasta algún político destacado.
¿Cómo que no ha habido reparación? Desde los primeros gobiernos se empieza a reconocer pensiones a los mutilados, militares que habían luchado en el otro bando. Se llega hasta a casi 600.000 personas (concretamente 574.000) y la suma total hasta el año 2007 son algo más de 16.000 millones.
Lo importante es todo lo que se va haciendo: devoluciones de edificios y bienes incautados a los partidos políticos.
Un dato que me estremeció cuando hice el ejercicio para el libro: en el año 1980 y 1981 se aprobaron dos partidas extraordinarias para reparaciones, a petición del Partido Comunista, por un valor de 105.000 millones de pesetas de la época.
Aquello supuso el 2% del Presupuesto General del Estado, lo que equivaldría hoy a entre 10.000 y 12.000 millones de euros. Además, en plena crisis, que era brutal. Y un Estado centralizado, sin autonomías, aprueba esas partidas.
Todos los gobiernos democráticos, desde Adolfo Suárez hasta el año 2008, incluido el de Aznar, realizaron actos de restitución y reparación en la medida de sus posibilidades, algunos con un esfuerzo brutal, antes de la Ley de Memoria.
Suárez Illana acaba de publicar un ensayo sobre la concordia.
Pero, paradójicamente, la Ley de Memoria Democrática extiende la persecución y violencia políticas hasta 1983, lo que incluye las presidencias de Adolfo Suárez, Calvo Sotelo y el primer año de Felipe González.
Nada más lejos de la realidad. Si algo caracterizó a la Transición fue ser un proceso pacífico. Aunque existieron atentados terroristas y algún exceso individual de funcionarios públicos, el aparato del Estado no estuvo detrás de ningún proceso de ese tipo. Las elecciones del 79 fueron democráticas. Ya lo fueron las del 77.
La Transición fue modélica y se estudia en todo el mundo.
Usted propone una ley de concordia en lugar de las leyes de memoria, citando los ejemplos de Aragón o la Comunidad Valenciana. ¿Es posible alcanzar la concordia cuando en estas comunidades la oposición ha criticado duramente estas normas?
Propongo principios generales para lograr el mayor consenso posible. Yo no soy el portavoz de ningún partido.
En su momento elaboré una ley para un partido (el PP), la entregué y ahí está. Sólo puedo dar mi opinión sobre cómo debe ser una ley de concordia.
Una ley de concordia debe centrarse en reparar a las víctimas que aún no hayan sido atendidas, habilitando un canal oficial para ellas. Tenemos la reivindicación de las fosas comunes, que es una reivindicación legítima pero compleja, porque no es tan fácil ni hay unanimidad en las familias. El Estado debe actuar de manera profesional y apolítica, separando la reparación, que es personal, de la reivindicación política.
Propongo que una entidad o fundación estatal gestione los archivos, promueva la educación en concordia y conserve los vestigios de ambos bandos sin otorgar legitimidades morales a uno en detrimento del otro.
Pero mucha gente puede argumentar que esos símbolos o vestigios de la dictadura suponen un blanqueamiento del pasado.
Pretender borrar la historia o conservar solo la parte que nos agrada es absurdo. En el propio Banco de España se conserva el escudo republicano porque Franco no se molestó en retirarlo. Belchite fue bombardeado por el bando republicano, lo invadió el nacional. ¿De quién es aquel conjunto de restos?
Los vestigios forman parte de la historia de España. ¿Para conservar un resto tiene que pertenecer a algo democrático? ¿Qué hacemos con Don Pelayo?
Veremos zonas en las que se cometieron asesinatos por el bando republicano y zonas donde se cometieron asesinatos por el bando nacional.
La Transición cerró definitivamente la posibilidad de construir legitimidad política sobre el bando en el que se luchó en la guerra.
La legitimidad hoy la dan los votos, a través de proyectos, pero otorgar legitimidades políticas porque su abuelo perteneció a tal o cual bando. ¿Qué culpa tiene un nieto de lo que hizo un abuelo? Ni para bien, ni para mal
En su libro recuerda que un trabajador de la Moncloa cuyo padre fue fusilado por los comunistas abrazó a Santiago Carrillo. Pero también que, cuando era miembro de la Mesa del Congreso, decidió dar la espalda a Mertxe Aizpurúa, condenada por enaltecimiento del terrorismo, cuando intervino. ¿Dónde sitúa la línea entre la concordia y el blanqueamiento de quienes ejercieron o justificaron la violencia?
Uno de los puntos clave del libro es diferenciar entre el adversario y el enemigo. El adversario político se somete a los mismos límites legales, reconoce la legitimidad mutua, dialoga en el marco común y respeta la Constitución y está dispuesto a asumir las obligaciones que, entre todos, aceptamos.
El enemigo es quien utiliza, justifica o banaliza la violencia, el que utiliza el terror, pretende saltarse las normas, aquel que no respeta la legitimidad de otros, que no respeta la soberanía compartida de los españoles e intenta imponer su criterio por encima de la Constitución.
Frente al enemigo hay que actuar con absoluta firmeza. La concordia no es debilidad. La Constitución permite discrepar de ella, pero no vulnerar los cauces que establece para su reforma.
El exdiputado Suárez Illana renunció en 2022 a su carrera política para centrarse en su carrera como abogado.
¿Ha abordado estas propuestas sobre la ley de concordia o la educación cívica con Alberto Núñez Feijóo?
Todo el trabajo que he elaborado para el Partido Popular está en sus manos y a ellos corresponde gestionarlo. Mantengo mis conversaciones políticas bajo la debida discreción.
Sobre la ley de amnistía a los encausados del 'procés', sus defensores sostienen que ha servido para rebajar la tensión social en Cataluña. ¿Se ha mejorado la convivencia en Cataluña a costa de crisparla en el resto de España? ¿Qué le parece la doctrina del TC al amparar a los líderes del 'procés'?
La Constitución no permite la amnistía, una postura que expresaron abiertamente en el pasado dirigentes como Pedro Sánchez, Carmen Calvo o Juan Carlos Campo.
La prohibición de la amnistía radica en la separación de poderes: el Ejecutivo no puede arrogarse competencias judiciales, salvo en la excepción contemplada del indulto.
La amnistía y los indultos han servido para mejorar las relaciones del Gobierno con los partidos independentistas, pero no para pacificar la situación.
Luego, cualquier cosa que se escriba en el Tribunal Constitucional y establezca un criterio, lo respeto, lo acato pero ejerzo mi derecho a discrepar.
¿Vio el discurso de Pedro Sánchez al convocar elecciones? Otra vez las dos Españas afirmando que en el Parlamento "se pisan los intereses de la gente" y pidiendo el voto para "doblegar a las élites"
La Constitución española establece la división de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial y les da unas competencias a cada uno. Creo que cuanto más responsabilidad se tiene, más respetuoso hay que ser con el resto de poderes y, sinceramente, criticar desde el Ejecutivo en términos denigrantes al legislativo o judicial me parece que no cuela.
