Pedro Sánchez y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la semana pasada en la Moncloa. Europa Press
Sánchez incumple por cuarto año consecutivo la Constitución al no llevar en septiembre los Presupuestos al Congreso
El Gobierno mantiene que negociará ahora con los socios: aunque no se ha marcado fechas, la idea es que la ley se pueda votar en diciembre.
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Pedro Sánchez vuelve a incumplir el artículo 134.3 de la Constitución, el que obliga al Gobierno a aprobar en el Consejo de Ministros y presentar en las Cortes un proyecto de Presupuestos Generales del Estado antes del inicio del mes de octubre.
Es el cuarto año consecutivo que el presidente del Gobierno se salta este precepto, porque desde el 4 de octubre de 2022 no se aprueba en Consejo de Ministros un proyecto de cuentas para remitirlo a las Cortes.
Desde entonces, no sólo no se ha aprobado proyecto de Presupuesto alguno, sino que ni siquiera se ha cumplido con el trámite que exige la Constitución, aunque sea fuera de fecha.
Hoy aún está en vigor el Presupuesto de 2023, aprobado por una mayoría parlamentaria diferente, la de la anterior legislatura.
"El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior", asegura en tono imperativo el precepto constitucional.
Lo curioso es que los últimos cuatro años el presidente del Gobierno ha anunciado en diferentes ocasiones que iba a cumplir ese trámite pero, finalmente, lo ha incumplido siempre.
Ahora, Sánchez ha vuelto a solemnizar ese compromiso, situando antes de final de año la aprobación en Consejo de Ministros del proyecto de Presupuestos, ya fuera del plazo legal establecido.
Esta vez, incluso, Sánchez ha llegado a asegurar que si los Presupuestos no se aprueban en diciembre tendrá que convocar elecciones generales. El calendario estricto para cumplir esa promesa llevaría a una convocatoria de elecciones para febrero o marzo, algo que todavía no está tampoco claro.
En esta ocasión, el Gobierno ha avanzado un paso más en el trámite, al iniciar las negociaciones entre los socios de coalición -PSOE y Sumar- y emplazar a los socios parlamentarios a una negociación que en teoría arrancaría durante el mes de octubre.
La expectativa de aprobación sigue siendo muy baja, pero esta vez el Gobierno se ha quitado presión política con el anuncio de que el rechazo de las cuentas provocaría la convocatoria de elecciones generales.
De hecho, ya fue rechazado el techo de gasto en la Cámara y hay posiciones contrapuestas de grupos como Junts y Podemos, además del deseo de muchos de ellos de separarse en lo posible de Sánchez casi en vísperas de las elecciones.
El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó Presupuestos todos los años entre 2012 y 2018, pero en cuatro de ellos (2012, 2015, 2017 y 2018) se hizo fuera de fecha porque hubo elecciones. En alguno de esos casos hubo también un periodo previo de Gobierno en funciones tras investiduras fallidas y repetición de las elecciones generales. Nunca en Democracia se había dejado ningún año de presentar Presupuestos en las Cortes.
Sin fecha en el calendario
El calendario que expone el Gobierno pasa por intentar aprobar este martes en el Consejo de Ministros el decreto de vivienda y, quizás, el decreto que incluya medidas para paliar los efectos de la subida de la inflación.
El siguiente paso será aprobar en el Consejo de Ministros el proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica, para plasmar la resolución del Consejo de Política Fiscal y Financiera, aprobada con los votos en contra de todas las comunidades del PP y las socialistas Asturias y Castilla-La Mancha.
Posteriormente, sin fecha, el Gobierno abordaría el proyecto de Presupuestos para 2026, algo que no ocurre desde 2022, con la idea de que la votación de totalidad en el Congreso sea durante el mes de diciembre.
La votación del nuevo sistema de financiación autonómica es también muy problemática para el Gobierno. El texto plasma el acuerdo con ERC que permitió en 2024 la investidura de Salvador Illa en Cataluña. Pero el pacto inicial entre el PSC y ERC, que era una especie de cupo similar al vasco, se ha rebajado mucho. Por eso, Junts anunció que votará en contra.
Por otros motivos, hay deserciones también en el grupo de Sumar, por ejemplo, entre los diputados de Asturias y de Compromís.
División en el PSOE
Hay dudas, asimismo, sobre el sentido de voto de los ocho diputados de Castilla-La Mancha, ya que el Gobierno de esa comunidad y la federación socialista que encabezan Emiliano García Page son muy beligerantes contra el modelo de financiación que se pretende aprobar.
Esos diputados decidirán su voto y si rompen la disciplina del Grupo Socialista cuando se apruebe el texto en Consejo de Ministros.
Su posición se refuerza por el hecho de que lo anunciado no tiene nada que ver con lo aprobado en el Congreso federal del PSOE de 2024, cuando fue derrotada la posición del PSC que hablaba de ordinalidad y sus enmiendas ni siquiera pudieron llegar al plenario.
Además, tampoco ha habido discusión en ningún órgano del partido, es decir, ni el Comité Federal, ni el territorial que hace años que no se convoca. Nunca había ocurrido algo similar cuando se ha propuesto un nuevo modelo de financiación.
Los ocho diputados castellanomanchegos votaron a favor de la amnistía a los protagonistas del procés, pese a que su federación estaba en contra, pero ahora entienden que el asunto de la financiación es un asunto que sí tiene vinculación territorial.
