El ministro Marlaska, este jueves en la nueva comisaría de Andújar, en Jaén.

El ministro Marlaska, este jueves en la nueva comisaría de Andújar, en Jaén. EFE

Política

El bumerán de la publicación de los documentos desconcierta al Gobierno: malestar por que la crisis de Ceuta se salde sin ceses

Esperaban que Sánchez cogiera las riendas y le han visto sobrepasado y manteniendo una tesis sobre Marruecos a contracorriente de todos.

Más información: El Gobierno se hace el harakiri con la desclasificación de los papeles de Ceuta pero se escuda en que no le llegaron los avisos

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Las claves
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La desclasificación de documentos sobre el asalto a la frontera de Ceuta ha generado desconcierto y malestar en el Gobierno y el PSOE.

Los documentos revelan que se detectó el "efecto llamada" y se advirtió con antelación sobre el posible asalto, pero la alerta no llegó a cargos políticos relevantes.

El Gobierno realizó varias comunicaciones en pocas horas para intentar frenar el impacto negativo de la publicación de los documentos.

No se han producido ceses en la Administración pese a la mala gestión percibida, lo que ha generado críticas internas y entre los socios del Gobierno.

"No hagas lo que no puedas explicar", asegura la máxima política, superada con creces por el Gobierno desde que se inició la crisis de Ceuta y, especialmente, con la desclasificación de documentos sobre el asalto a la frontera.

Los papeles demuestran tres cosas: que se detectó el "efecto llamada" por el bulo sobre la sentencia del Tribunal Supremo relativa a las devoluciones en caliente. Que se monitorizó en redes sociales el movimiento en Marruecos para asaltar la frontera. Y que se supo con antelación que ocurriría el 30 de julio, festivo en ese país.

Y el Gobierno necesitó otras tantas acciones para explicar su posición: publicar un comunicado de Moncloa, difundir un insólito supuesto mensaje del CNI a través de Presidencia del Gobierno, y lanzar un largo post en redes sociales del propio Pedro Sánchez.

Esas tres comunicaciones fueron emitidas en un intervalo de tres horas, empezando dos horas después de la publicación de los papeles.

De esta forma, el Gobierno intentó detener el efecto bumerán de la desclasificación y salir al paso de la interpretación unánime de que todos los cuerpos de inteligencia y seguridad advirtieron de lo que iba a pasar.

Se completó con una rueda de prensa a última hora de la tarde del delegado del Gobierno en Ceuta, también para explicar la posición oficial y asegurar que los agentes del CNI no fueron más allá de informar a su jefe de Gabinete.

Según Miguel Ángel Pérez Triano eso explica que la alerta no llegara a "ningún cargo político" y que no hubo ninguna previsión de la "magnitud" de lo que se avecinaba.

Pero, a tenor del reflejo en los medios de comunicación, la literalidad de los documentos se impuso al relato que el Gobierno pretendió imponer y que tiene como grave daño colateral dibujar un protocolo de alerta sin sentido que acaba en un whatsapp informal intercambiado con un cargo menor.

Es decir, que los servicios de información y de seguridad del Estado quedan en entredicho, pese a que sí detectaron los movimientos previos.

Se completa esa percepción con el mensaje del presidente del Gobierno en TVE horas antes de la desclasificación admitiendo los errores en esos servicios. De hecho, fue la única autocrítica incluida en su argumentación.

La desclasificación

Esa confusa actuación ha desconcertado en el Gobierno y en el PSOE, cuando ya era un clamor entre los socialistas el lamento por la mala gestión de la crisis de Ceuta.

Esperaban que Sánchez asumiera las riendas para enderezar los errores previos y le han visto sobrepasado y manteniendo una tesis sobre Marruecos que ha ido matizando, pero que partía del elogio a Rabat, a contracorriente de todos.

Ahora se ha sumado el episodio de los documentos secretos que, en realidad, arruinan el relato del Gobierno en favor de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

¿Por qué se desclasificaron los documentos?

Moncloa explica, tal y como ya lo hizo el propio presidente en el Congreso, que se trata de hacer un ejercicio de transparencia para despejar todas las dudas. Sobre todo tras conocerse por EL ESPAÑOL un informe policial remitido a la Audiencia Nacional que apunta a Marruecos como origen de los sucesos.

Visto el resultado y la confusión creada, en el Gobierno hay quien entiende que se ha conseguido el efecto contrario al deseado. Por eso, hubo un esfuerzo suplementario para intentar explicar lo que, según Moncloa, querían decir los documentos.

Esta visión crítica es compartida por los socios del Gobierno. Hay coincidencia también en lamentar que no se hayan producido ceses en ninguno de los escalones de la Administración. El más evidente es el delegado del Gobierno en Ceuta.

Pérez Triano no sólo recibió informaciones previas a través de su jefe de Gabinete (que también sigue en su cargo): los documentos incluyen las reuniones que esos días mantuvo para evaluar el aumento de las llegadas a nado, sin que aparentemente se avisara el Ministerio del Interior.

En la picota estaría también el CNI por no elevar la alerta, según la versión oficial del Gobierno, lo que afectaría a su responsable. O la ministra de Defensa, Margarita Robles, claramente discrepante con la posición del presidente del Gobierno. O el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afectado por episodios controvertidos como el del informe de la Policía elevado a la jueza María Tardón y su posterior enfrentamiento con la magistrada.

Fuentes del Gobierno transmiten que la voluntad del presidente es evitar los ceses. Al menos por el momento. Ya los evitó en casos de imputación judicial como los de la presidenta de la SEPI, la directora general de la Guardia Civil o la tesorera del PSOE, entre otros.

A la pregunta de si se plantea su dimisión, Marlaska insistió este jueves que "no", porque entiende "que no hay ninguna razón", y "cuando uno se plantea una dimisión, será porque existe alguna razón".