Refugiados saharauis en los campamentos de Tinduf con una bandera de la República Autónoma del Sáhara.

Refugiados saharauis en los campamentos de Tinduf con una bandera de la República Autónoma del Sáhara. EP

Política

El mismo PSOE que entregó a los saharauis a Marruecos impulsa darles a ellos y a sus hijos la nacionalidad española

De bloquear la iniciativa a impulsarla en plena tormenta por la 'ley de nietos': Sánchez desafía a Feijóo, que ahora se opone por "cuestiones formales".

Más información: El Congreso da ahora el primer paso para dar la nacionalidad también a los saharauis con el voto en contra del PP y Vox.

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Las claves

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El PSOE impulsa una ley para conceder la nacionalidad española a saharauis nacidos antes de agosto de 1977 y a sus hijos, tras años alineándose con Marruecos sobre el Sáhara.

La proposición, registrada por Sumar y apoyada ahora por el PSOE, reconoce "circunstancias excepcionales" y reduce de diez a dos años el plazo de residencia exigido para obtener la nacionalidad.

El PP, que inicialmente apoyó la ley, ahora la rechaza por el uso de la vía excepcional de la carta de naturaleza para un colectivo tan amplio.

La medida podría beneficiar a entre 70.000 y 200.000 personas, sumando descendientes, y responde a una demanda histórica de la población saharaui afectada por la retirada española.

El mismo PSOE que alineó a España con la tesis de Marruecos sobre el Sáhara Occidental quiere ahora dar la nacionalidad española a los saharauis.

Cuatro años después de la carta de Pedro Sánchez a Mohamed VI, los socialistas han desbloqueado en el Congreso una ley que puede cambiar la vida de cientos de miles de saharauis nacidos antes de agosto de 1977... y a sus hijos.

Y lo hace el PSOE en plena tormenta política con el Partido Popular por la llamada ley de nietos.

Este martes se alcanzaba un inesperado acuerdo en la fase de ponencia de una proposición de ley, registrada por Sumar y firmada por la diputada hispanosaharaui Tesh Sidi, el pasado febrero.

La norma abre una vía excepcional para los nacidos bajo la administración española en el Sáhara o hasta dos años después, cuando se cerró la anterior vía de salida nacional de aquellos españoles abandonados por la metrópoli.

Se les reconocen "circunstancias excepcionales" para obtener la nacionalidad por carta de naturaleza. Y además, se rebaja el plazo de residencia de diez a dos años para quienes viven ya en España.

Posturas volteadas

El PSOE, que hace cuatro meses votó en contra de tramitar la iniciativa, se ha convertido ahora en su principal impulsor. El movimiento desafía directamente al PP, que ha pasado del apoyo inicial al rechazo en la ponencia.

En febrero de 2025, los populares respaldaron la toma en consideración de la ley, mientras el PSOE la trataba de tumbar en el hemiciclo.

Ahora, con la polémica por los cientos de miles de nuevos españoles gracias a la ley de nietos, y con Alberto Núñez Feijóo acusando a Sánchez de "ingeniería electoral", los socialistas exhiben la ley saharaui como bandera de "apoyo humanitario", mientras el PP la rechaza por cuestiones formales y jurídicas.

Cuántos serían

Detrás del debate político hay cifras que explican la magnitud de la norma. El último censo de la antigua provincia del Sáhara bajo administración española situaba la población en unos 70.000 u 80.000 saharauis en los años 70.

Hoy, la población saharaui total —entre el territorio ocupado, la zona libre, los campamentos de Tinduf y la diáspora— ronda el medio millón de personas.

Los nacidos antes de agosto de 1977 que vivían en la colonia española constituyen el núcleo de potenciales beneficiarios de la carta de naturaleza.

Las estimaciones parlamentarias sitúan ese grupo en torno a esos 70.000 u 80.000 saharauis, muchos de ellos residentes hoy en los campamentos argelinos o en el Sáhara ocupado, pero también en España.

Si se añade el derecho de opción para sus "descendientes en primer grado", como contempla la norma actualmente, el universo podría crecer a entre 150.000 y 200.000 personas.

La dimensión simbólica se cruza así con la demográfica. Decenas de miles de saharauis mayores de 50 años verían reconocida una nacionalidad que consideran perdida por la retirada española.

Y sus hijos tendrían cinco años para optar a la nacionalidad de un país que formalmente renunció al Sáhara como provincia, pero que ahora se plantea acoger a una parte importante de su población histórica.

De la carta hasta hoy

Todo ocurre en un contexto de giro profundo en la política española sobre el Sáhara.

En marzo de 2022, Sánchez envió a Mohamed VI una carta en la que calificaba el plan de autonomía marroquí como la propuesta "más seria, creíble y realista" para resolver el conflicto.

Con ese gesto, rompió la posición tradicional del PSOE y del consenso del Congreso, que habían defendido durante décadas el referéndum de autodeterminación bajo el paraguas de la ONU.

El cambio llegó tras la grave crisis de 2021 por el asalto masivo de la valla de Ceuta, en plena tensión por la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

Rabat utilizó la llave migratoria para presionar a Madrid. La carta de Sánchez abrió una "nueva etapa" con Marruecos basada en cooperación fronteriza, control de flujos y una agenda económica y diplomática compartida, con el Sáhara como pieza central del tablero.

Desde entonces, el Gobierno ha mantenido ese alineamiento con Rabat. Las cumbres bilaterales han reafirmado el apoyo al plan de autonomía marroquí, mientras la diplomacia española ha trabajado en Bruselas y en Nueva York para suavizar la incomodidad europea con la posición de Marruecos.

En paralelo, la prensa marroquí ha presentado a Sánchez como un "genio político" que ha permitido a Rabat acercarse a una solución favorable sobre el Sáhara.

Por qué ahora

En ese marco, el PSOE bloqueó durante años cualquier avance de las iniciativas de nacionalidad saharaui. En febrero de 2025, los socialistas votaron en contra de la proposición de Sumar, alegando dudas jurídicas sobre la utilización de la carta de naturaleza y la necesidad de estudiar mejor el impacto de la norma.

Ese rechazo fue leído por el movimiento saharaui y por parte de la izquierda como una concesión más a Marruecos.

Ahora, el Informe de la ponencia aprobado en el Congreso pone al PSOE en la posición opuesta.

Las fuentes socialistas presumen de "compromiso definitivo y decisivo" con el pueblo saharaui y resaltan que, "gracias al impulso de los y las socialistas", la ley avanza hacia la Comisión de Justicia.

La nueva narrativa habla de "apoyo humanitario" y de reparación de las "reivindicaciones históricas" de quienes fueron españoles de pleno derecho hasta la retirada del Sáhara.

Por qué dice 'no' el PP

La norma impulsada por Sumar tiene dos pilares.

Por un lado, declara que concurren circunstancias excepcionales para conceder la nacionalidad por carta de naturaleza a los saharauis nacidos bajo administración española, acreditando esa condición con documentos como el DNI español, el censo colonial, certificados de nacimiento, escolarización o asistencia sanitaria.

Por otro, modifica el artículo 22 del Código Civil para reducir de diez a dos años la residencia exigida a los saharauis que quieran obtener la nacionalidad por la vía ordinaria.

El PP, por su parte, centra su crítica en la técnica utilizada.

Fuentes de la formación popular insisten en que la carta de naturaleza es, "por definición, discrecional, excepcional e individualizada". Es decir, que está pensada para casos singulares o grupos muy pequeños.

Aseguran que están "totalmente de acuerdo" con la reducción del plazo de residencia a dos años para saharauis, como para otros antiguos territorios españoles, pero rechazan que se use una vía excepcional para un colectivo potencialmente de cientos de miles de personas y sus hijos.

Los populares sostienen que el PSOE ha cambiado de posición "de una manera sospechosa, acelerada e inopinada".

Se preguntan si el giro del Gobierno responde tanto a la necesidad de recuperar imagen ante el movimiento saharaui como a la voluntad de arrinconar al PP junto a Vox en el terreno de la nacionalidad.

Mientras, reclaman "un debate más profundo" sobre cómo reparar la deuda histórica con los saharauis sin recurrir a una carta de naturaleza de masas.