La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el encuentro que ha mantenido hoy, en Bruselas, con directivos y representantes de empresas españolas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el encuentro que ha mantenido hoy, en Bruselas, con directivos y representantes de empresas españolas. CAM

Política

Ayuso cree que "no es legal" aplicar la "prioridad nacional" para dar ayudas tras conocer el pacto PP-Vox en Extremadura

Ayuso recuerda que en Madrid ya se plantearon medidas similares, como limitar el acceso a la sanidad, y advierte de que "no se puede dejar al margen a nadie de un sistema al que ha contribuido".

Más información: El pacto en Extremadura de PP y Vox incluye enviar a los menas a sus padres, prohibir el burka y blindar la nuclear de Almaraz.

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Isabel Díaz Ayuso cuestiona la legalidad de aplicar la "prioridad nacional" en ayudas públicas, como recoge el pacto PP-Vox en Extremadura.

Ayuso advierte que este criterio podría excluir a personas con derechos reconocidos y vulnerar el marco normativo vigente.

El acuerdo PP-Vox en Extremadura prioriza a quienes acrediten arraigo en el territorio para acceder a ayudas, vivienda y prestaciones públicas.

El Gobierno central ha anunciado que recurrirá cualquier medida que discrimine y ha calificado el pacto de "racista" y contrario a la legalidad.

Ayuso ha sembrado la duda sobre la legalidad del pacto entre su propio partido y Vox en Extremadura al cuestionar el encaje jurídico del concepto de "prioridad nacional" en el acceso a ayudas públicas.

La presidenta madrileña ha advertido de que este criterio podría vulnerar la ley al excluir a personas con derechos reconocidos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cuestionado este viernes uno de los puntos clave del acuerdo entre PP y Vox en Extremadura que posibilitará la investidura de María Guardiola como presidenta y ha advertido de que el principio de "prioridad nacional" "no es legal".

Desde Bruselas, donde se ha reunido con el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, la dirigente madrileña ha defendido que este tipo de requisitos vulneran el marco normativo vigente.

"Yo creo en la ley y en el orden y, por tanto, pienso que no puedes ilegalmente dejar a nadie fuera de requisitos para los que tiene derechos", ha afirmado ante los medios.

Ayuso ha ido más allá al señalar que "muchos de esos requisitos no son legales" y ha confiado en que "el tiempo lo pondrá todo en su sitio".

En este sentido, ha subrayado que no se puede excluir a nadie de un sistema al que ha contribuido, poniendo como ejemplo el acceso a la sanidad: "No se puede dejar al margen a nadie de un sistema en el que ha contribuido, como se nos ha pedido también en Madrid".

Pese a estas críticas, la presidenta madrileña ha querido felicitar a María Guardiola por el acuerdo alcanzado con Vox tras meses de negociación. "Ha llegado el momento de ponerse manos a la obra", ha señalado, marcando así cercanía con la dirigente popular pero distancia respecto al contenido del pacto.

El acuerdo entre PP y Vox en Extremadura incluye la introducción del criterio de "prioridad nacional" para el acceso a ayudas, vivienda y prestaciones públicas, lo que implicaría primar a quienes acrediten un arraigo en el territorio frente a la población inmigrante.

Además, contempla limitar determinadas prestaciones sociales a personas en situación irregular, restringiéndolas a supuestos de urgencia.

Desde Vox, su secretario general, Ignacio Garriga, ha defendido el pacto como un "hito histórico" y ha asegurado que la inclusión de este principio marca el camino de futuras negociaciones con el Partido Popular.

A su juicio, la "prioridad nacional" será un eje estratégico en otros territorios donde ambas formaciones negocian gobiernos, como Aragón o Castilla y León.

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha advertido este viernes a Ayuso de que su formación también exigirá al PP aplicar medidas de "prioridad nacional" en 2027, dando por hecho que ambos partidos tendrán que pactar tras las elecciones autonómicas para conformar el Gobierno regional.

"Te guste o no. Tápalo con titulares o escóndete detrás de leyes que habéis redactado junto al PSOE. Pero no vas a frenar el sentido común. 2027. Tic, tac", ha manifestado Moñino en su perfil de X

Gobierno de Sánchez

Frente a ello, el Gobierno de Pedro Sánchez ha reaccionado con dureza y ha advertido de que recurrirá cualquier medida que vulnere derechos fundamentales.

El propio presidente ha garantizado que el Ejecutivo actuará "con toda la fuerza del Estado de derecho" si el acuerdo se traduce en normas contrarias a la legalidad.

En la misma línea, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha avanzado que el Gobierno llevará al Tribunal Constitucional cualquier disposición "discriminatoria y contraria a derecho", mientras que otros miembros del Ejecutivo han calificado el pacto de "racista" y han acusado al PP de asumir los postulados de Vox en materia migratoria.

El pacto en Extremadura, que permitirá la investidura de Guardiola, sigue así bajo un intenso escrutinio político y jurídico, especialmente en todo lo relativo al acceso a servicios públicos, vivienda y prestaciones sociales.