Juicios de la 'Operación Kitchen' y del 'caso Koldo', en directo | Un exalto cargo de Transportes declara que Koldo le llevó a su despacho la oferta de mascarillas de Soluciones de Gestión

El nombre de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif e investigada en la Audiencia Nacional por la presunta trama de corrupción montada en torno a José Luis Ábalos y Koldo García, ha sido mencionado expresamente esta tarde en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contra el exministro de Transportes, su asistente y el empresario Víctor de Aldama.

"La presidenta de Adif me dio el contacto de la empresa Soluciones de Gestion", ha declarado Michaux Miranda, exdirector general de gestión de personas de la entidad que gestiona la infraestructura ferroviaria.

Miranda, que ha testificado acompañado de su abogado porque también es investigado en la Audiencia Nacional, ha defendido la adjudicación a Soluciones de Gestión de un contrato de mascarillas el 27 de marzo de 2020. Era la primera época, la más dura, de la pandemia de la Covid-19.

Fueron cinco millones de mascarillas que costaron 12,5 millones de euros. Las acusaciones sostienen que el contrato se lo llevó Soluciones de Gestión porque así lo gestionaron Ábalos y Koldo, que quisieron hacerle un favor a Aldama. A cambio, el empresario les pagó 10.000 euros mensuales.

En una anterior comparecencia esta misma tarde, Jesús Manuel Gómez, que entonces era subsecretario de Transportes, ha declarado que "Koldo vino a mi despacho con la oferta de Soluciones de Gestión". Esta mercantil, para la que Aldama actuaba de intermediario, consiguió un primer contrato de Puertos del Estado por 24 millones de euros para proporcionar 8 millones de mascarillas.

"Koldo me dijo que Soluciones de Gestión suministraba 8 millones o nada", ha asegurado Gómez, que ha añadido que entendió que el asesor transmitía la voluntad de Ábalos. "Era decisión del ministro", ha dicho.

El segundo contrato logrado por Soluciones de Gestión corrió a cargo de Adif.

Después de que Pardo de Vera le transmitiera el nombre de esa empresa, Michaux Miranda llamó al representante de Soluciones de Gestión, Íñigo Rotaeche, para pedirle la oferta.

"Había que hacer el suministro urgente porque, de las 12000 personas de Adif, 9000 no podían teletrabajar", ha explicado Miranda, que fue el que propuso la adjudicación. "Nadie puso objeción. De hecho, en el consejo de administración se nos felicitó por la gestión", ha recordado.

El exdirector general de personas de Adif ha explicado que "llevábamos varias semanas, desde principios de marzo, buscando proveedor insistentemente. Nos estaba costando".

Pidieron por escrito ofertas a cuatro empresas y contactaron con otras telefónicamente, pero no tenían 'stock' de mascarillas.

"Entre Innyoo y Soluciones, valoramos adjudicar 2 millones de mascarillas a una empresa y tres millones a otra. Pero esa noche nos informaron de que nos estaban llegando las mascarillas de Puertos del Estado [adjudicadas a Soluciones] y una de las condiciones era garantizar el suministro", ha explicado. Priorizaron ese factor sobre el precio (2,5 euros/unidad)

"Mi decisión fue lo más racional posible con la información limitada que teníamos y el tiempo limitado que había para tomar la decisión", ha dicho.

A preguntas del fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, Miranda ha reconocido que todas las demás ofertas recibidas eran más baratas que la de Soluciones de Gestión. Pero ha subrayado que Innyoo, con la que contrataron un millón de mascarillas algo más baratas, luego no fue capaz de proporcionar nada más que 300.000.

"Pues en esa fechas el Servicio Madrileño de Salud compró a 1,24 y luego a 1,3 a 3M España SL", ha señalado Luzón. "Pero son pedidos de 35.000 mascarillas, no de 5 millones", ha replicado el testigo.

"¿Recibió alguna presión o requerimiento para contratar con una determinada empresa?", han preguntado las defensas de Ábalos y García. "Yo no y no me consta que lo recibieran otras personas", ha contestado Miranda.

El juicio seguirá mañana por la tarde con la declaración como testigo de Isabel Pardo de Vera.

En la cuarta sesión del juicio del caso Kitchen, también ha declarado como testigo el jefe de Sección de Vigilancias de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional al que se le encargó la misión de "proteger" a Rosalía Iglesias, la esposa de Luis Bárcenas.

Este agente recibió esta encomienda de su superior, de Marcelino Martín Blas, el entonces jefe de la UAI.

"Me dijo: 'Rosalía Iglesias está en peligro. Tenéis que protegerla, que no os detecten'", ha declarado en el juicio.

No obstante, según ha explicado el testigo, los agentes que eran sus subordinados y a los que encargó esta misión descubrieron que Iglesias ya estaba siendo vigilada por otros policías. En concreto, de la Comisaría General de Información (CGI).

"Ellos [los subordinados del testigo] ven gente con la misma actitud en la que están ellos", ha declarado. "Por las matrículas de los coches, supimos que eran de la CGI", ha señalado.

"Marcelino Martín Blas no me dijo qué peligro sufría Iglesias. Solo me dijo: 'Está en peligro'", ha narrado.

Según ha relatado, el seguimiento por parte de la UAI duró "una o dos semanas", hasta que se detectó que la mujer ya estaba siendo seguida por la CGI.

Durante la mañana y parte de la tarde de este martes, ha continuado la declaración de Gonzalo Fraga, el inspector jefe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) que investigó la Operación Kitchen.

En un infome policial, Fraga ya concluyó que Rajoy habría tenido "conocimiento" de la misma.

De hecho, este martes, ha detallado que otro de los acusados en esta causa, el excomisario José Manuel Villarejo, encargó al chófer de Bárcenas "darle al tarro" para buscar "grabaciones comprometedoras" que podrían perjudicar al entonces presidente del Gobierno.

"Villarejo le marca como objetivo a Sergio Ríos encontrarlas", ha detallado Fraga. ¿Qué contenían esos audios? Se desconoce si existen, pero, de ser así, se especula con que recogerían conversaciones de Bárcenas con Rajoy y Javier Arenas.

La sesión se centra de lleno en los contratos de mascarillas adjudicados por Puertos del Estado y Adif a la empresa Soluciones de Gestión, que fue la que Víctor de Aldama indicó al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García.

Puertos pagó 24 millones de euros por un contrato de 8 millones de mascarillas adjudicado el 21 de marzo de 2020, 24 horas después de que apareciera en el BOE la orden con la adquisición de emergencia, firmada por Ábalos.

Adif compró cinco millones de mascarillas por 12,5 millones de euros el 27 de marzo de 2020, cuando las mascarillas contratadas por Puertos aún no se habían recibido.

Jesús Manuel Gómez, que entonces era subsecretario de Transportes, declara en el juicio asistido por su abogado, ya que está investigado en la parte del 'caso Koldo' que se instruye en la Audiencia Nacional.

"El 19 de marzo de 2020 el ministro me llamó y me dijo que lleváramos a cabo una compra de mascarillas. Me reuní con mi equipo y estudiamos la mejor forma de llevarla a cabo. Propuse que la compra la realizara Puertos porque tenía una mayor experiencia en grandes suministros, más capacidad logística y mejor situación financiera. En 24 horas preparamos la orden por el procedimiento de emergencia y se firmó el día 20 por la tarde".

El testigo ha afirmado que el 19 de marzo "no teníamos oferta". El día 20 "hacia las 14 horas Koldo vino a mi despacho con la oferta de Soluciones de Gestión". Koldo era, formalmente, uno de los cinco asesores del ministro, sin funciones ejecutivas ni competencias en materia de contratación.

"¿Tuvo conocimiento de alguna otra oferta?", ha preguntado el fiscal Alejandro Luzón. "No, el ministro no me encomendó encontrar ofertas. Posteriormente, al publicarse la orden en el BOE, me llegaron ofertas pero no hice nada porque el contrato ya estaba adjudicado", ha señalado Gómez.

El jefe de la Fiscalía Anticorrupción también se ha interesado por saber cómo se pasó de una orden de contratar 4 millones de mascarillas -que fue la cifra consignada inicialmente- a 8 millones. "Koldo me indicó que la decisión final fue de 8 millones", ha señalado el exsubsecretario.

- ¿Koldo le dijo que Soluciones de Gestión suministraba 8 millones o nada?

- Sí

- ¿Cuando Koldo le comunica eso entendió que le transmitía la voluntad del ministro?

- Sí, era decisión del ministro.

Gómez ha señalado que no recibió "ninguna presión" de García en la tramitación de esos contratos de emergencia y no conoce que se percibieran contraprestaciones por adjudicar a Soluciones de Gestión.

De hecho, ha minimizado el hecho, sí resaltado por las acusaciones, de que Soluciones de Gestión conociera los términos de las órdenes ministeriales con anterioridad a su publicación en el BOE. "En los procedimientos de emergencia se puede contratar libremente el objeto y hablar antes con las empresas", ha asegurado.

"Me dijo Illa que Koldo se iba a poner en contacto conmigo para verme", ha declarado Víctor Francos esta tarde ante la Sala Penal del Tribunal Supremo, que juzga por presuntos delitos de corrupción al exministro José Luis Ábalos; a su asesor, Koldo García, y al empresario Víctor de Aldama.

Con el testimonio de Francos, que declara por videoconferencia desde Cataluña, ha comenzado la quinta sesión del juicio, ahora centrada en la adjudicación de contratos de mascarillas por el Ministerio de Transportes a favor de la empresa Soluciones de Gestión,

Las acusaciones sostienen que esas millonarias adjudicaciones se produjeron gracias a la intermediación de Aldama con Ábalos y Koldo García. Éstos habrían recibido a cambio dinero en metálico y otro tipo de pagos.

Después de un anodino y desorientado interrogatorio de la defensa de García, empeñada en preguntar a Francos por la compra de mascarillas por parte del Ministerio de Sanidad pese a que el testigo declaró desde el principio que no tuvo nada que ver con esas adquisiciones, lo más interesante llegó a preguntas del letrado de la acusación popular Alberto Durán.

Francos ha relatado los tres encuentros que mantuvo con Koldo García desde que el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, le anunció que iba a contactar con él el asesor del ministro de Transportes.

"Koldo me envió un whatsapp y cerramos una reunión, creo recordar. Vino a mi despacho y me dijo que tenía acceso a una empresa que podía proporcionar material sanitario. Le trasladé que todo eso estaba centralizado en Ingesa. Fue una reunión corta, rápida", ha dicho.

"¿Koldo le llevó alguna documentación?", preguntó Durán. La abogada de García, Leticia de la Hoz, ha intentado que se rechazasen esta y otras preguntas. Pero el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, ha permitido que el interrogatorio prosiga.

Francos ha manifestado que "Koldo venía con una carpeta y le dije que no me la tenía que dar a mí porque tenía que ir por por otros circuitos. Dijo que de acuerdo y nada más".

El jefe de gabinete de Illa no vio la documentación ni recuerda el nombre de la empresa ofrecida por García.

No fue el único contacto entre ambos. El segundo se inició por un 'whatsapp' que García envió a Francos. "A ver si nos vemos un día".

"Quedamos un sábado por la tarde a tomar algo y me volvió a decir que cómo estaba ese tema que tenía un contacto muy bueno que podía ofrecer material sanitario. Le dije lo mismo y no me volvió a insistir". Era octubre de 2020.

La tercera vez fue una comida en la que Koldo le habló de un 'software' de 'stock' farmacéutico, "Era interesante pero yo me iba del gabinete de Sanidad".

En un informe de la UCO constan otras gestiones realizadas por Francos a instancia de Koldo. Por ejemplo, un contacto con la directora de la Agencia del Medicamento para inscribir en el registro de brókers de medicamentos a la empresa Fertinvest, vinculada a los socios de Aldama. Francos ha dicho no recordar este asunto.

En la cuarta sesión del juicio del caso Kitchen, celebrada este martes, el abogado de Sergio Ríos, el exchófer de Luis Bárcenas, ha interrogado al inspector jefe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) que investigó el supuesto espionaje al extesorero del PP.

—No es práctica habitual hacer firmar a un confidente un recibo de cobro, ¿no?— ha preguntado el abogado de Ríos, Gonzalo Navarro.

—Supongo que es normal...— ha contestado el inspector jefe, obligado a decir la verdad.

—¿No es más normal que sea el policía el que fieme y justifique el pago?— ha insistido el letrado.

En el sumario de esta causa figuran varios recibos rubricados por Ríos y que demostrarían que cobró, cada mes, 2.000 euros provenientes de fondos reservados por facilitar información a la supuesta trama parapolicial que está, al igual que él, siendo juzgada por el espionaje a Luis Bárcenas.

El exchófer de Bárcenas también recibió una pistola Glock, comprada en noviembre de 2013 con cargo a los fondos reservados. Le fue entregada por Enrique García Castaño, apodado El Gordo y quien era uno de los máximos responsables policiales como jefe, desde 1994, de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO).

El Gordo, debido a su estado de salud, está exento de este juicio.

El inspector jefe de la UAI ha recordado cómo, en 2015, EL ESPAÑOL es el primer medio en informar sobre una supuesta operación parapolicial destinada a espiar a Bárcenas y robarle información sensible que pudiera resultar perjudicial para el PP.

El exsenador y exdirector de la Policía Ignacio Cosidó declara este martes como testigo en el juicio del caso Kitchen que sienta en el banquillo a la cúpula de Interior en el gobierno del PP de Mariano Rajoy, con el exministro Jorge Fernández Díaz y el exsecretario de Seguridad Francisco Martínez como principales acusados.

Tras arrancar este lunes la segunda semana de juicio con la fase testifical, también está previsto que declaren este martes el comisario Enrique Barón, jefe de la Comisaría General de Información entre 2012 y 2017; y el comisario Mariano Hervás, quien fuera número dos del comisario Enrique García Castaño, quien ha sido exonerado de este juicio por motivos de salud.

También será el turno del inspector jefe Vicente Galán, quien ordenó a varios agentes vigilar el domicilio de la familia Bárcenas y el taller de la esposa del extesorero, Rosalía Iglesias, cuyo allanamiento en busca de documentación que pudiera perjudicar reconoció García Castaño en sus declaraciones en instrucción.

El testigo más destacado en la sesión de este martes será Cosidó, quien fue máximo responsable de la Policía de 2012 a 2016 y para quien la Fiscalía Anticorrupción pidió sin éxito en su día su imputación a raíz de que el excomisario José Villarejo le señalara como la persona que le dijo que se iba a encargar de captar a alguien para espiar al extesorero.

En su declaración en la comisión del caso Kitchen en el Congreso de los Diputados desmintió esta afirmación y aseguró no haber despachado nunca con Villarejo ni en persona, ni por teléfono, ni haber intercambiado ningún tipo de mensaje, y puntualizó que jamás le hizo llegar instrucción alguna a través de tercera personas.

Según su versión, recogida por Efe, nunca tuvo constancia de "ninguna operación en la que el señor Villarejo estuviera involucrado".

La quinta jornada del juicio por presunta corrupción al exministro José Luis Ábalos cuenta este martes con uno de los testigos clave, el subsecretario de Transportes en quien el también exdirigente socialista dice que delegó la tramitación de los contratos de mascarillas que están bajo sospecha.

Se trata de Jesús Manuel Gómez, cesado por el ministro Óscar Puente en 2024, en medio de la investigación tras los resultados de la auditoría sobre los contratos encargada que tanto Ábalos como su exasesor Koldo García, también acusado, cuestionan.

Gómez es uno de los siete testigos que desfilará por el Tribunal Supremo este martes en el juicio que, además de Ábalos y Koldo García, sienta en el banquillo al comisionista Víctor de Aldama por presuntos amaños en contratos de mascarillas adjudicados por organismos dependientes de Transportes en plena pandemia a cambio de mordidas.

Investigado en la parte del caso Koldo que instruye la Audiencia Nacional, Gómez es la persona en cuyas manos Ábalos dijo que dejó la tramitación de los contratos de mascarillas; era quien "más pulcramente" podía hacerlo, sostuvo. La Fiscalía sospecha que pudo ser "correa de transmisión" entre el ministro y los entes adjudicadores, según informa Efe.

En sus declaraciones judiciales manifestó que únicamente vio la oferta que presentó la empresa Soluciones de Gestión, pero no entró en profundidad, y se limitó a remitirla a los órganos de contratación: Puertos del Estado y Adif. En la Audiencia Nacional dijo que esa oferta se la facilitó Koldo García.