Almaraz frena los contactos: Vox reclama 'impuestos cero' pero Guardiola ya tiene un pacto que satisface a las eléctricas

Fuentes del entorno de la presidenta en funciones resumieron así la situación: "No hay nada nuevo" en los contactos con Vox, mientras ella salía de "una importante reunión" con diputados de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, desplazados a la zona para estudiar el cierre programado de la planta.

En ese contexto, Guardiola se volcaba en defender la prórroga de la vida de la planta nuclear y en explicar que el conflicto no está en las políticas de igualdad, sino en la factura fiscal de la nuclear.

El Gobierno extremeño ya pactó en octubre de 2025 con las empresas propietarias de la central una "reducción gradual de la ecotasa autonómica" que empezará a aplicarse en 2027 y se completaría en 2030.

A cambio, las compañías se comprometían a pedir al Ministerio de Transición Ecológica la prórroga de la vida útil de la planta. La solicitud ya se presentó y ahora la evalúa el Consejo de Seguridad Nuclear, cuyo informe "se espera para junio", según las mismas fuentes.

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El acuerdo incluía además una estrategia política compartida: Junta y eléctricas presionarían juntas al Gobierno central para rebajar también los impuestos estatales sobre la nuclear, que "en cinco años, Sánchez ha incrementado en torno a un 70%", según el relato que hace el equipo de Guardiola.

"Nosotros hemos hecho un esfuerzo importante, pero los impuestos autonómicos son un 20% del total; el problema son los estatales", defienden en la cúpula del PP extremeño.

Vox sigue presionando

Vox, sin embargo, considera insuficiente ese compromiso escalonado y ha colocado el impuesto regional en el centro de sus exigencias para investir a Guardiola.

"Sí. Nosotros pedimos eliminar la ecotasa", resume un alto dirigente del partido, que recuerda que "ella se comprometió a rebajarla", pero sostiene que "hay que ver hasta dónde llega ese compromiso" para decidir el sentido del voto.

En el entorno de la presidenta detallan que la reducción de la ecotasa a la mitad hasta 2029 supone un ahorro de unos 45 millones para las empresas y ha sido determinante para que solicitaran la prórroga.

"Vox quiere que eliminemos el 100% de la ecotasa, pero con nuestra reducción comprometida ya han solicitado la prórroga, que era el objetivo", subrayan.

Y añaden que el partido de Abascal tiene "toda la documentación", incluido un informe en el que "sólo un 6,66% de los puntos" se identifican como discrepancias pendientes de negociar.

Desde Vox replican con un argumento comparado: "En Valencia también había un impuesto autonómico a las nucleares", recordó el secretario general, José María Figaredo, en una entrevista este domingo, en EL ESPAÑOL.

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Allí, explicó que una de las condiciones del pacto fue eliminarlo, del mismo modo que ahora lo reclaman en Extremadura. "Habrá que preguntarle a los señores del PP de Extremadura, ¿por qué en un sitio sí y en otro no?", lanzó el dirigente, explicitando el agravio interno que manejan en la organización.

Misión de la Eurocámara

El pulso se produce mientras una delegación de 10 eurodiputados de la Comisión de Peticiones (PETI) visita Navalmoral de la Mata y la propia central de Almaraz.

El presidente de la comisión, el polaco Bogdan Rzońca, apelaba a un equilibrio entre medio ambiente y economía para garantizar precios bajos de la energía, tras reunirse con la plataforma Sí a Almaraz, Sí al futuro, autoridades locales y regionales, incluida Guardiola.

La presidenta extremeña aprovechaba la misión para cargar contra la "decisión ideológica" del Gobierno de España de cerrar la central a partir de 2027, al margen de criterios "técnicos, científicos u objetivos".

A su juicio, Almaraz es "imprescindible" para Extremadura y para España. Y su clausura tendría consecuencias "nefastas" sobre el empleo, la economía regional y la soberanía energética, en un mix en el que la comunidad combina ya un 50% de generación nuclear y renovable.

Guardiola reivindica la nuclear como una fuente "limpia, segura, estable y barata" y quiso trasladar a los eurodiputados la "voz unánime" de la región de que "Almaraz no se cierra".

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Ese mensaje conecta con el pacto con las eléctricas y con la reducción de la ecotasa, pero choca con la demanda de Vox de "impuestos cero", que en la práctica elevaría todavía más el coste para la Hacienda autonómica.

En paralelo, la delegación de la Eurocámara tomará nota del impacto del cierre sobre el territorio y sobre la competencia de la industria, antes de elevar un informe con conclusiones que pueden alimentar el debate en Bruselas sobre la transición energética de España, el país que más gas licuado compra a Rusia entre los Veintisiete.

Pero en Mérida, la clave inmediata no está en el informe europeo, sino en si PP y Vox son capaces de cerrar un precio común para la factura de Almaraz... es decir, un pacto de investidura.