Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, se dirige al pleno del Parlamento Europeo, en Estrasburgo.
Dos misiones de la Eurocámara investigan el daño al Estado de derecho en España y los efectos globales del cierre de Almaraz
Ni Sánchez, ni Bolaños, ni Marlaska ni Aagesen aceptan reunirse con las dos delegaciones de eurodiputados.
El Parlamento Europeo sitúa a España en el mismo nivel de vigilancia que Hungría y Eslovaquia en independencia judicial y lucha contra la corrupción.
Más información: El Senado lleva a Sánchez al Constitucional por "rebeldía" al negarse a comparecer en el pleno por Adamuz.
El Parlamento Europeo ha puesto a España bajo los focos por el deterioro del Estado de derecho y las políticas de Transición Ecológica, con dos misiones simultáneas de eurodiputados que aterrizan a partir de este lunes, 16 de febrero.
Una delegación de la comisión de Libertades Civiles (LIBE) evaluará en Madrid las deficiencias y denuncias contra un posible retroceso democrático en nuestro país.
La otra, de la comisión de Peticiones (PETI), examinará sobre el terreno las consecuencias del previsto cierre de la central nuclear de Almaraz y la gestión de la fauna salvaje en Cabañeros, tras la prohibición de la caza en el parque, en 2020.
La primera misión sitúa a España en el mismo nivel de escrutinio reforzado que Hungría y Eslovaquia por "la preocupación sobre independencia judicial, separación de poderes y corrupción".
La segunda responde a peticiones formales de plataformas ciudadanas.
Por un lado, vecinos de la comarca de Almaraz, que denuncian el impacto global, en lo económico y lo ambiental, del calendario de cierre de la planta; y por otro, de cazadores y ganaderos, que denuncian el descontrol de la fauna salvaje en uno de los principales parques nacionales españoles.
Sánchez rechaza reunirse
En el plano institucional, la misión de LIBE ha sido impulsada por el Grupo de Seguimiento de la Democracia, el Estado de derecho y los Derechos Fundamentales (DRFMG), que ha decidido que España sea uno de los dos Estados miembros a controlar en 2026.
Hasta ahora, sólo se han realizado misiones de este tipo en Hungría y Eslovaquia, países sometidos a una vigilancia especial por parte de la UE por sus "regresiones democráticas", según fuentes de LIBE.
La visita se produce tras la cadena de suspensos en los informes anuales de la Comisión Europea que, desde 2020, recriminan a España de forma reiterada sus deficiencias en capítulos clave del Estado de derecho.
Entre ellos, el sistema de elección "politizado" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la "falta de independencia" de la Fiscalía General y, en general, una baja tasa de ejecución de recomendaciones anticorrupción.
Los últimos datos de Transparency International, con una caída de España al puesto 49 del índice global sobre corrupción, y 55 puntos sobre 100, refuerzan esa imagen de retroceso democrático.
La delegación de LIBE estará en Madrid los días 16 y 17 de febrero con una agenda centrada en reuniones "al máximo nivel", aunque una de ellas ha sido denegada: Moncloa ha rechazado la invitación a Pedro Sánchez, para reunirse con los eurodiputados.
Sí habrá encuentros con el CGPJ, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, así como con la nueva fiscal general, Teresa Peramato, nombrada tras la condena de su antecesor Álvaro García Ortiz.
![Paulo Rangel, eurodiputado portugués, vicepresidente del Grupo Popular y tesorero del PP Europeo.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2023\/10\/19\/espana\/politica\/803179840_236923337_320x180.jpg"])
Una nota interna difundida por el Partido Popular Europeo (PPE) subraya que la misión examinará también el retraso en la trasposición de la directiva anticorrupción –que dificultaría, cuando menos, la amnistía a los delitos de corrupción de Carles Puigdemont–, y el funcionamiento de los contrapesos institucionales frente al Poder Ejecutivo.
Según fuentes oficiales de la Eurocámara, el objetivo es "evaluar la independencia judicial y los esfuerzos contra la corrupción" en España, con declaraciones a los medios previstas el lunes a mediodía, desde el Congreso de los Diputados y una rueda de prensa final el martes.
No solo Sánchez, también los ministros de Justicia, Félix Bolaños, e Interior, Fernando Grande-Marlaska, han rehusado reunirse con los eurodiputados. Y eso que la invitación contaba, aseguran fuentes del PPE, "con el apoyo de todos los grupos del Parlamento Europeo, incluidos los socialistas".
Los populares, de hecho, comparan este "plantón" con la actitud de Eslovaquia, donde el primer ministro, el polémico Robert Fico, sí recibió a la misión. Y lo interpretan como "una falta de respeto institucional y una señal preocupante para la Unión Europea".
La misión se completará con encuentros con las principales asociaciones de jueces y fiscales, organizaciones de la sociedad civil.
También se verán con el Consejo de Informativos de RTVE, en un contexto de críticas crecientes por la politización de la radiotelevisión pública. Desde la delegación lamentan que el director de RTVE, José Pablo López, haya declinado la invitación de la misión europarlamentaria.
Aagesen no irá a Almaraz
En paralelo, la Comisión de Peticiones enviará una delegación a la comarca de Campo Arañuelo y al Parque Nacional de Cabañeros desde el mismo lunes al 18 de febrero.
El viaje responde a la petición de la plataforma Sí a Almaraz, Sí al Futuro y pretende evaluar las consecuencias del posible cierre de la central nuclear de Almaraz sobre el empleo, la economía local, la seguridad de suministro y los objetivos climáticos de la UE.
![Fotomontaje de un cronómetro con el fondo de la central nuclear de Almaraz (Cáceres).](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/10\/01\/actualidad\/1003743950276_259112200_320x180.jpg"])
La agenda difundida por los organizadores incluye una reunión inicial en el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata con los alcaldes de la zona.
También habrá representantes de la Presidencia de la Diputación de Cáceres y de la Asamblea de Extremadura. Pero la convocatoria a la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, también la rechazó el Gobierno.
Los europarlamentarios realizarán una visita técnica a la central junto al comité de empresa y expertos del sector. La misión analizará sobre el terreno si el calendario de cierre es compatible con los compromisos de descarbonización y con la estabilidad de la red eléctrica, tras el gran apagón del pasado abril.
Dentro de ese mismo desplazamiento, los eurodiputados han integrado otra visita, a Cabañeros, para escuchar a cazadores y ganaderos que denuncian un "descontrol de la fauna salvaje" tras la prohibición de la caza en el parque nacional.
Los propietarios de fincas y asociaciones del entorno alertan de la "sobrepoblación de ciervos y jabalíes, los daños a cultivos y hábitats y el riesgo de enfermedades y accidentes", y reclaman un modelo de gestión que combine "conservación y control efectivo" de la población silvestre.
El caso de Cabañeros ha llegado a Bruselas a través de quejas elevadas también a la Comisión Europea por organizaciones cinegéticas europeas.
Estas entidades sostienen que el ejemplo español ilustra los problemas que surgen cuando se prohíbe la caza sin desplegar mecanismos alternativos de gestión de la fauna en espacios protegidos, de forma simultánea.
Las misiones a Almaraz y Cabañeros han provocado un choque político añadido, después de que el PSOE acusara al PP de vetar una reunión de los eurodiputados con el delegado del Gobierno en Extremadura durante la visita.
